La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad Madrid (AVS, antiguo IVIMA) quiere dejar en la calle a Rhimo y a sus 2 hijos de 1 y 5 años.
La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) vuelve a su mísera normalidad y pretende desahuciar a Lizbeth sus hijos de 1 y 14 años y a sus padres. Si esta es su "nueva normalidad", no queremos ser "normales".
Organicémonos o volveremos a pagar su crisis.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la tramitación de un anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid, y pretende hacerlo eludiendo el debate en comisión parlamentaria.
La sareb quiere dejar en la calle a #NajetSeQueda y a sus 3 hijos menores, pero ¡¡¡ #LaSAREBEsNuestra !!!
El día en que pretenden reanudar los desahucios, la PAH y el Plan de Choque Social vamos a los juzgados a exigir cero desahucios.
El Partido Popular de Madrid se prepara para un nuevo boom inmobiliario tramitando con carácter de urgencia una modificación más de la ley del suelo en pleno estado de alarma, con todos los plazos suspendidos por el confinamiento.
La campaña #PintoUnCorazónVerde convoca un acto ciudadano en balcones y ventanas reclamando servicios públicos de calidad este sábado 30 de mayo a las 13:00 horas.
Isa Serra era entonces una estudiante vecina del barrio y, a pesar de los muchos testimonios de que aquella mañana no hizo más que desplazarse allí, hoy ha sido condenada a 19 meses de prisión.
El pasado viernes publicamos un resumen del Real Decreto Ley 11/2020 de las medidas para enfrentar a la COVID-19 en materia de alquileres. Hoy publicamos el “Kit alquileres COVID 19”, que incluye una guía más concreta y 3 documentos útiles
Lo estamos diciendo desde el primer día: hay que rescatar a las familias y no a los bancos.
Ante la certeza de miles de impagos este mes de abril, el Gobierno se ha visto obligado a poner ciertos parches y el reciente 31 de marzo publicó en el BOE un nuevo paquete de medidas.
A pesar de contener algunos avances, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al estado de emergencia provocado por el COVID-19, sigue dejando a mucha gente atrás con carencias importantes.
El pasado 1 de abril, en medio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se publicó un nuevo paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la situación, complementando la moratoria hipotecaria impulsada dos semanas antes.
La PAH protegeremos a las familias que no pueda pagar su hipoteca, alquiler o suministros básicos este 1 de abril si el Gobierno renuncia a salvaguardarlas en favor de la cuenta de beneficios de las grandes empresas.
La actual crisis sanitaria a la que estamos especialmente expuestos en la Comunidad de Madrid parece haber servido de excusa para que, una vez más, nuestras administraciones abandonen un poco más a las personas más vulnerables, tanto en términos económicos como sanitarios.
El 18 de marzo se publicó en el BOE un paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la situación generada por el COVID-19. Entre ellas, se encuentra una moratoria hipotecaria (se pospone el pago de la cuota) en los casos de vivienda habitual.
Miles de personas están siendo despedidas de sus trabajos o sufriendo ERTEs, dejando de recibir ingresos, pero teniendo que pagar alquiler, hipoteca y suministros básicos. O se suspenden estos pagos para estas personas sin ingresos o nos enfrentamos a una crisis de vivienda mayor que la de 2008.
Si el Gobierno Progresista realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras y no limitarse a un tibio aplazamiento de las hipotecas.
Ante la situación generada por la aparición del coronavirus COVID-19 y la adopción de medidas que aúnen la protección de la salud de las personas con el adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales, conforme las instrucciones del Consejo Generaldel Poder Judicial, la PAH hacemos llamamiento a la Presidencia del Estado
Encasa Cibeles sigue empeñada en desahuciar a nuestra compañera Fátima, adjudicataria de una vivienda de la Comunidad de Madrid vendida a esta gentuza, y a su hija, las cuales sobreviven con una pequeña pensión para las dos, pese a que el Tribunal Supremo ha dictaminado esta venta como ilegal.