mié 14 octubre 2026
La movilización logra una nueva suspensión del desahucio de Paca Blanco:
“Exigimos una solución definitiva”

La abogada de Paca Blanco, Alejandra Jacinto, ha sido informada hoy en el juzgado de la suspensión del procedimiento durante 60 días, tras un nuevo señalamiento de lanzamiento para el 30 de noviembre.

Ecologistas en Acción, Anticapitalistas y el movimiento de vivienda reivindican la presión y la organización popular que han conseguido esta suspensión y advierten de que la amenaza de desahucio continúa. Las organizaciones exigen al Ayuntamiento de Madrid y a la EMVS la retirada definitiva del desahucio, la regularización de la situación de Paca y un alquiler social adecuado a sus ingresos.

La presión social y la organización colectiva han logrado una nueva suspensión del procedimiento de desahucio de Paca Blanco, histórica activista social, ecologista y feminista. Su abogada, Alejandra Jacinto, ha acudido hoy al juzgado, donde le han comunicado que el procedimiento queda suspendido durante 60 días. Paca se enfrentaba a un nuevo lanzamiento señalado para el 30 de noviembre.

Ecologistas en Acción, Anticapitalistas y el movimiento de vivienda, con organizaciones como el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reconocen esta suspensión como un logro de la movilización popular. Sin embargo, advierten de que no pone fin al conflicto ni garantiza el derecho de Paca a permanecer en su hogar. Una nueva prórroga mantiene la amenaza y prolonga la incertidumbre que lleva años soportando.

No basta con aplazar el desahucio. Las instituciones deben ofrecer una solución definitiva que permita a Paca vivir con tranquilidad y dignidad. Encadenar suspensiones mientras se mantiene la amenaza de expulsión supone un maltrato institucional y un desgaste especialmente grave para una persona mayor con un estado de salud delicado.

La muerte de Maricarmen, de 87 años, la semana pasada, hace aún más urgente esta exigencia. Su caso recuerda el sufrimiento de quienes viven pendientes de un desahucio y de aplazamientos que no resuelven su situación. No podemos aceptar que la respuesta institucional consista en prolongar esa angustia. Por Paca, por Maricarmen, por Mariano y por todas las personas desahuciadas o amenazadas de desahucio, exigimos soluciones estables que garanticen el derecho a la vivienda.

Una solución al alcance del Ayuntamiento de Madrid

Paca lleva más de diez años residiendo en una vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Se trasladó allí junto a su hijo, a quien se había adjudicado el piso. Cuando él se marchó, Paca comenzó a solicitar la subrogación del contrato para regularizar su situación. Durante años ha intentado que el Ayuntamiento de Madrid atienda esta petición, sin obtener una solución, pese a haber abonado el alquiler, tal como recogían las anteriores denuncias públicas del caso.

La solución está al alcance del Ayuntamiento y de la EMVS: retirar definitivamente el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación del contrato y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos. Una empresa pública de vivienda debe garantizar el acceso a un hogar y la estabilidad de quienes lo habitan.

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado –sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales– han respaldado el manifiesto de apoyo a Paca. Ese apoyo consiguió frenar un anterior intento de desahucio y vuelve a demostrar que la organización colectiva es imprescindible para defender el derecho a la vivienda. Las organizaciones seguirán movilizándose hasta que Paca tenga garantizada su permanencia en su hogar.

Una vida dedicada a defender lo que es de todas

Paca Blanco, militante histórica de Ecologistas en Acción y Anticapitalistas, es un referente de las luchas sociales, ecologistas, feministas, antinucleares y por el derecho a la vivienda. Durante décadas ha defendido el territorio, el medio ambiente y la dignidad de las personas.

Su trayectoria está atravesada también por la precariedad y la represión. De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer. Años después fue expulsada de su vivienda en la localidad extremeña de El Gordo cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y encabezaba la oposición al complejo de lujo Marina de Valdecañas.

Ahora vuelve a enfrentarse a la amenaza de perder su hogar. Expulsarla supondría poner en riesgo su salud, su autonomía y la posibilidad de seguir viviendo en su entorno. El intento de desahucio tiene una enorme gravedad social y simbólica: se amenaza con dejar sin casa a una mujer que ha dedicado su vida a defender el bien común.

El caso de Paca no es un hecho aislado. Forma parte de una dinámica estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios y subordina el derecho a la vivienda a los intereses inmobiliarios. La responsabilidad de las instituciones estatales, autonómicas y municipales es garantizar condiciones de vida dignas y evitar que las personas pierdan su hogar.

Defender a Paca es defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora. La suspensión de 60 días demuestra la fuerza de la movilización, pero nuestra exigencia sigue intacta: retirada definitiva del desahucio, regularización de su situación y alquiler social adecuado a sus ingresos.

Por Paca.
Por Maricarmen.
Por Mariano.
Por todas.

BASTA DE APLAZAMIENTOS QUE PROLONGAN EL SUFRIMIENTO.

EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA.