No perfilando nuevas líneas ni de actuación ni presupuestarias, se traduciría -por ahora- en una tregua de unos meses, mientras se valora jurídicamente el dictamen del Comité DESC y se tramita la Iniciativa Legislativa Popular que -desde la sociedad civil- se ha presentado a la Asamblea de Madrid. Acierta al señalar la necesidad más que urgente de la ILP y su potencia correctiva como reclama la ONU a las instituciones. De aprobarse la ILP se beneficiarán de hecho los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.

La grata pero tardía sorpresa de este informe se justifica en diversos acontecimientos que desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid venimos denunciando desde hace más de 7 años a todos los niveles.

A este Gobierno «del cambio» le ha costado dos años desde que tomara las instituciones dar un paso más, aunque todavía por ver en toda su extensión, para suspender temporalmente la vulneración de Derechos Humanos que supone un desalojo forzoso sin alternativa de vivienda. A día de hoy sigue sin hacer cumplir eficazmente los derechos humanos y de la infancia, desatendiendo su obligación de realojo digno, al punto que hasta el Partido Popular (que en sus 24 años de gobierno destruyó activamente vivienda social) se ha permitido recriminarle su incumplida promesa electoral de «frente a los desalojos de primera vivienda, poner todos los medios y recursos municipales para garantizar una alternativa habitacional». Las medidas emprendidas hasta la fecha resultan insuficientes y el descontento de la Coordinadora Madrileña de Vivienda no ha pasado desapercibido durante este tiempo, señalando su pasividad frente a los 10 desahucios diarios en el municipio de Madrid. Sin embargo, celebramos la decisión y esperamos que se traduzca por fin en un cambio de rumbo en la política municipal de vivienda que, de consolidarse, pueda ser punta de lanza frente a la criminalización de la pobreza. Seguimos avanzando.

En realidad, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid lo tienen fácil para apostar por el respeto, la promoción y la no vulneración de un Derecho básico como es la vivienda, del que parten todos los demás. Basta con analizar el contexto: El expolio de la vivienda social y su venta masiva a fondos buitres, el incremento de los desahucios, la burbuja del alquiler, las interminables listas de espera, que entre otras muchas cosas, ponen de manifiesto la situación objetiva de emergencia habitacional en la que nos encontramos. Y precisamente ante la inacción de los poderes públicos durante 40 años de democracia a este problema, el movimiento por la vivienda pone sobre la mesa soluciones urgentes en forma de una Iniciativa Legislativa Popular firmada por cerca de 80.000 madrileños y que se encuentra pendiente de su admisión a trámite por parte de los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, con competencia plena en vivienda. A todo ello se le suma lo que certeramente señala el informe: la aplicación de la legislación internacional, los Pactos y Tratados Internacionales que a todos los efectos son derecho interno, es decir plenamente aplicables tal y como demuestra el reciente Dictamen del Comite de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidad de 4 de julio de 2017. 

• Al deber de salvaguardia de los Derechos Humanos parece comenzar a apostar el Ayuntamiento de Madrid. Veremos cómo lo remata, para lo cual nos volveremos a reunir con Marta Higueras en Septiembre.
• Por su parte la Comunidad de Madrid tiene en sus manos un examen de democracia como es la ILP, que debe tramitarse de urgencia, para que tengamos una ley del derecho a la vivienda que nace ya con retraso frente a otras comunidades autónomas. Sería la respuesta a la protección que demanda la ONU tras observar medidas regresivas en el antiguo IVIMA.
  

Necesitamos más vivienda pública. Esta legislatura Cifuentes se da por satisfecha por haber entregado la misma cantidad de pisos que el Ayuntamiento de Madrid pese a su bastante mayor presupuesto y la teórica presión de Ciudadanos, con una lista de espera cronificada incluso en casos de emergencia. La administración tiene el deber de hacer cumplir por ley el fin social de la vivienda, lo contrario es darle la gestión de la vivienda a la especulación de los cada vez más grandes rapaces fondos buitres, como Blackstone. Una gestión pública de mínimos no basta.

Sin perjuicio de la justa reparación que exigiremos por los pasos atrás cometidos, nunca es tarde si la dicha es buena. La voluntad debe abrir caminos.

Puedes consultar el texto completo de la Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid AQUÍ