Los movimientos sociales estamos hartas de amenazas y coacciones mediante denuncias muchas veces falsas para que nos callemos y dejemos de señalar las injusticias que vemos día tras día y a sus responsables

Una y otra vez contemplamos atónitas cómo en este nuestro «estado de derecho» y sacrosanta «democracia plena» policías denuncian y/o jueces y fiscales admiten a trámite o abren procedimientos contra activistas por los Derechos Humanos con la única intención de desactivar movimientos sociales.

Con la Ley Mordaza de Mariano Rajoy y compañía montaron el escenario perfecto.
Si no se inventan agresiones, son pruebas las inventadas y, cuando no pueden hacer ni lo uno ni lo otro, simplemente continúan los procedimientos solicitando penas delirantes para amedrentarnos y que dejemos de denunciar su connivencia con las injusticias, sus abusos, sus prevaricaciones y su presunción de veracidad, tratando a la ciudadanía como presuntos culpables por ser nuestras ideas políticas diferentes a las suyas. En ocasiones, llegan las condenas si el objetivo es lo suficientemente «molesto» o el interesado suficientemente poderoso, como lo son bancos y fondos buitre tras los cuales están la mayor parte de las veces esas mismas entidades financieras.

El caso de nuestro compañero Diego, de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Guadalajara es paradigmático: un juzgado vio en redes sociales una fotografía de la comisión judicial que desahuciaba a una familia vulnerando su derecho a una vivienda digna recogido, no en un texto en un sobre de azúcar, sino en su sobeteada Constitución Española, esa que se arrogan cuando les apetece pero cuando no les apetece ponen unos artículos por encima de otros, y abrió un procedimiento judicial que ha tenido a Diego tres años pendiente de una sentencia que le podía haber llevado a prisión. Finalmente fue absuelto del delito de revelación de secretos que se le imputaba cuando ni siquiera las personas que aparecían en aquella foto interpusieron denuncia alguna.

Por otro lado, nuestra compañera Nani de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca del Corredor del Henares fue amenazada por uno de los policías locales con los que coincidió en un intento de desahucio de una familia con cuatro menores de edad con un «te vas a cagar» nada más llegar, en otro ejemplo evidente de una acción desmedida y premeditada contra una de los rostros más conocidos del movimiento por el derecho a una vivienda en Alcalá. Tras incluso perseguirla días después, incluso en presencia de su hijo, por parte de algún agente sin nada mejor que hacer, Nani recibió una denuncia en la que se le acusaba de atentado contra la autoridad, dejando claro que iban a por ella.
¿Conclusión? Solicitud de condena de 1 a 4 años de prisión y 4.000€ de fianza para evitar el embargo de sus bienes.

Estos dos son sólo dos de los casos más mediáticos de los últimos años pero volvemos a lo de siempre: aún esperamos a que «el gobierno más progresista de la historia» se desmarque de los ramalazos autoritarios de los partidos de derechas de este país que ley tras ley, propuesta tras propuesta, nos retrotraen a oscurísimas épocas pretéritas en las que lo único que podía hacer la ciudadanía era ver, oír y callar sus desmanes y continuos abusos.

¿Cuándo el PSOE va a alejarse definitivamente de la derecha más rancia y corrupta de Europa y de sus políticas?
¿Cuándo van a legislar por y para las personas en lugar de hacerlo para seguir beneficiando aún más a los grandes capitales y entidades financieras?
¿Cuándo van a derogar la Ley Mordaza, la más represiva de los países de nuestro entorno con los que siempre nos comparan para lo que les interesa?

Podrán perseguirnos, podrán multarnos, incluso hacernos dimitir de cargos o perder nuestros empleos pero jamás conseguiran que dejemos de denunciar las ilegalidades, abusos y vulneraciones de los derechos humanos que comenten día sí y día también.

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