Desahuciada por la hipoteca y ahora, por el alquiler

In abril 12, 2019

El pequeño piso de Alicia Madoño, que fue suyo y en el que ahora es inquilina, encierra la loca historia de la vivienda en España en esta década, aún a la espera de solución

El reducido piso de Alicia Madoño, 50 metros cuadrados en Usera, uno de los barrios más humildes de Madrid, contiene todos los vaivenes y penalidades de la historia de la vivienda en España en la última década. Alicia lleva 15 años sufriendo por su casa, aunque la compró en 2004 y ya no es suya. La echaron en 2010, en plena crisis, por no poder afrontar la hipoteca, y se la quedó el banco. Pero pudo volver a ella porque luego la entidad le dejó seguir de inquilina, con un alquiler social. Sin embargo, en 2016 se la vendió a un fondo de inversión, que quiere volver a echar a Alicia en mayo, cuando afirman que se acaba su contrato. Justo después de las elecciones. Alicia viajó desde Perú en 2003 pero tiene nacionalidad española y vota, aunque no tiene esperanzas de que los políticos solucionen su problema: encontrar piso.

“Miran para otro lado, no quieren ver lo que la gente está sufriendo, lo que está pagando, no quieren verlo”, se desespera entre lágrimas. “Somos mucha gente que vive sometida, sin saber dónde va a vivir. ¿Quién puede pagar 700, 800 euros de alquiler? No es real. Para mucha gente es imposible, con los sueldos que hay en España. ¿Qué hacemos, pagamos el alquiler y no comemos, no bebemos? Somos humanos. La vivienda no es un lujo, es un derecho, y pagamos nuestros impuestos”.

En 2018 hubo casi 60.000 desahucios tramitados por los juzgados en España y el 63% fueron por impago de alquiler, una cifra que crece cada año. Pero eso es lo que se ve, luego están los llamados desahucios invisibles: el contrato de alquiler se acaba y el nuevo precio se dispara. Alicia vive con su hijo, su hija y sus tres nietos, seis personas en dos habitaciones, salón, cocina y baño. En su casa falta el espacio para moverse. Paga 400 euros. Ella gana 700 cuidando ancianos. Pero si la echan no podrá quedarse en su barrio. Los precios de alquiler ya son el doble. Como en todo Madrid, se están desmadrando.

La casa de sus desvelos es un tercero interior sin ascensor por el que pagó 260.000 euros, que ya era una barbaridad en Usera en 2004, pero así eran las cosas entonces. Ella tenía dos trabajos, su hijo también, y pagaban 1.600 euros de hipoteca… hasta que llegó la crisis y faltó el trabajo. Al final, Alicia logró que el banco le condonara su deuda en 2017, pero el fondo de inversión que ha comprado ahora el piso solo ha pagado por él 46.000 euros, según ha descubierto ella por su derecho de compra. Se siente atrapada en una injusticia que no termina nunca: “Lo peor es que pagando te pasa esto, no es por no pagar, yo siempre he pagado, hasta cuando no podía con la hipoteca seguí pagando la mitad. Si te van echando cada tres años de un barrio a otro, ¿vamos a tener que estar cambiando a los niños de colegio, de vida, cada tres años?”, se pregunta. Alicia se ha unido al Sindicato de Inquilinos, una organización surgida hace dos años para defender estos casos, y piensa luchar hasta el final.

“Ya le puede pasar a cualquiera, la gente se cree que no le va a tocar. No es solo a gente de condición más humilde, es a cualquiera con un contrato que venza. La situación es de absoluta emergencia”, dice Mercedes Revuelta, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), surgida en 2009 con el estallido de la burbuja inmobiliaria y que ahora ya gestiona más casos de desahucio por alquiler. “Los fondos de inversión están comprando edificios enteros en las capitales para especular. Lo hacen a través de socimis (sociedad cotizada inmobiliaria), que no pagan impuesto de sociedades, y no tienen ningún control. Como el alquiler empieza a ser prohibitivo ya estamos otra vez con la histeria de comprar. Parece el día de la marmota, como antes de la crisis. No hemos aprendido nada”.

¿Soluciones? Para la PAH lo primero es paralizar todos los desahucios de primera vivienda. Su mejor medida de emergencia sería que la Sareb, la sociedad con participación estatal que gestiona los activos de los bancos nacionalizados, y Bankia, rescatada con dinero público y con muchos pisos vacíos, los cedan al Estado para vivienda social. “Y tenemos que tener un presupuesto estatal digno para vivienda. No puede ser que el País Vasco tenga mayor presupuesto que el del Gobierno central”. También piden regular la actividad de los fondos de inversión, como en Bélgica, Francia y el Reino Unido, para que tengan restricciones a la especulación.

En Provivienda, organización sin ánimo de lucro que trabaja con vivienda social desde 1989 y gestiona 67.887 inmuebles en 10 comunidades autónomas, también están alarmados: “Estamos ante una de las mayores crisis de vivienda asequible en España, no hay. Mucha gente no puede pagar los alquileres del mercado, solo pueden optar a vivienda social, y tampoco hay”, explica Natalia Palomar. Según sus datos, hay 400.000 personas inscritas en los registros autonómicos de solicitud de vivienda pública y España necesitaría 1,5 millones de viviendas sociales. Provivienda cree que el presupuesto en políticas de vivienda debería llegar paulatinamente hasta el 1,5% del PIB, en la línea de otros países europeos. Para zonas especialmente problemáticas proponen crear índices de precios para delimitar los precios del alquiler.

Javier Rodríguez Heredia, presidente de la Comisión de Alquiler Residencial de ASIPA, Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler, coincide en que “el problema está en que tenemos 10 veces menos parque de vivienda social y asequible que la media de la Unión Europea”. Opina que se deberían enfocar los debates y las soluciones hacia cómo construirlas. “Legislar sin consultar al sector, sin un diagnóstico ajustado a la realidad y con relatos sencillos y, a veces populistas, no va a crear una sola vivienda social; lo que hace es expulsar el ahorro privado y el institucional que es el que necesitamos para financiar viviendas a precio asequible a largo plazo”. En ese sentido, no cree que la situación sea culpa de los fondos de inversión: “Los ahorradores institucionales solo tienen un 2,5% de la vivienda en alquiler, difícilmente pueden ser responsables de los precios y los desahucios”.

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