vie 22 junio 2018
SAREB, la entidad que el Gobierno creó y que sí desahucia (con ayuda de la policía municipal)

El movimiento por la vivienda digna de Madrid exige responsabilidades tras un desahucio sin alternativa por parte de SAREB, entidad con 45% de capital público, y ejecutado por policía municipal del Ayuntamiento regido por Ahora Madrid.
Esta mañana SAREB (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) desahució a Sonsoles y su familia en el barrio de Carabanchel. Sonsoles tiene 65 años, y como tantos otros afectados por la crisis, vive compartiendo casa con su familia extensa de dos hijos mayores y su nieta de 3 años, Aisha. No ha podido jubilarse porque le faltan seis meses cotizados. En la situación en la que Sonsoles espera la jubilación no contributiva y su hija trabaja con un sueldo de 1000€, no llegan a pagar un alquiler a precio de mercado artificialmente hinchado.
El lanzamiento de desahucio es especialmente cruel dado que el propietario se demostró con buena voluntad hasta poco antes del lanzamiento. La familia estaba negociando con una gestora –SOGEVISO, Solvia Gestora de la Vivienda Social– contratada por SAREB para firmar un alquiler social que correspondiera a sus ingresos mensuales, y en el último intercambio con la propiedad a finales de mayo constaba que todo iba bien y solo esperaban algún documento más por parte de la afectada. Mientras Sonsoles preparaba la documentación que la propiedad requería, tiraban las promesas por la ventana. 
SAREB fue creada por el Gobierno en 2012 para gestionar los activos tóxicos de los bancos rescatados con dinero público. ¿Activos tóxicos? Pisos vacíos que podrían servir  para rescatar a la ciudadanía , cientos de miles de familias que cayeron en la pobreza durante los años de la crisis. Si se hubiera legislado según la primera ILP de la PAH, esos pisos podrían hoy en día llevar años en uso social, formando por fin un parque de vivienda pública que llegue a los porcentajes mínimos de otros países europeos. Pero no: se le dio a SAREB un plazo planificado para dar salida a esos pisos en el mercado inmobiliario, y ahora estamos viendo una aceleración del plan, con la SAREB vendiendo sus carteras de vivienda a fondos buitres para hinchar nueva burbuja, o creando una SOCIMI, sociedad especializada en el mercado del alquiler de inmuebles, y exenta de impuestos, con el nombre de Témpore.
SAREB ya ha regularizado en régimen de alquiler social a muchas familias que se en contraban viviendo en precario en sus inmuebles, y ahora debe asumir su papel como entidad con un 45% de capital público: reconocer que alquilar en el mercado de la vivienda es imposible para muchas familias, actualizar los criterios de exclusión social que maneja, y destinar más pisos vacíos de SAREB para uso social. O se modifican estas condiciones, o se verá en los próximos meses una nueva avalancha de desahucios parecida a la de los peores años de la crisis hipotecaria.
 
Denunciamos además que esta mañana –aparte de SAREB, que rompió con las negociaciones desahuciando a la otra parte– volvió a demostrarse oportunista el Ayuntamiento de Madrid que no solo había dejado a la familia desamparada tras varias solicitudes de vivienda pública, sino que también envió a ejecutar el lanzamiento a la policía municipal.
 
En relación a las administraciones públicas queremos destacar también el desamparo de personas que viven en precario frente a la Comunidad de Madrid. Es esta instancia la que tiene las competencias efectivas de vivienda, pero además de vender el patrimonio público a fondos buitres, excluye a las familias más vulnerables del programa de vivienda pública criminalizándolas por ocupación. En lo relacionado con SAREB, la Comunidad de Madrid todavía no dispone de un acuerdo de cesión de viviendas, pese a que ha sido anunciado repetidas veces tanto por representantes de SAREB como por representantes de los Gobiernos regionales.
Queremos unos políticos responsables. Queremos que SAREB tenga un papel moderador en el mercado de vivienda, y que con sus pisos se cree de una vez un parque de vivienda pública. El nuevo Gobierno de España debería incorporar como un objetivo estratégico fundamental la creación de este parque.
Cada día necesitamos con más urgencia nuestra Ley de Vivienda PAH, cuya toma en consideración será debatida en el pleno del Congreso este otoño.