Noticias Septiembre 2021

Más de 150 entidades y 9 grupos parlamentarios exigen la Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada. Hoy hemos registrado en el Congreso la proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, una ley elaborada por la ciudadanía en un ejercicio de defensa propia ante la sistemática vulneración de este Derecho por parte de los poderes públicos en nuestro país.

Ante el retraso del Gobierno, una amplia coalición de organizaciones sociales y sindicales presenta una Ley de Vivienda que garantiza el derecho humano a un techo digno y asequible. Nueve partidos registran la ley en el Congreso.

En concreto, el inciso “persona física” del artículo 2.2, y el apartado 2 del artículo 4, referido a las costas.

La propuesta, llamada ‘Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada’, se adelanta al nacimiento de la Ley de Vivienda de PSOE y UP, que acumula ya siete meses de retraso.

El último informe trimestral del Poder Judicial, “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, sigue mostrando la evolución al alza de los desahucios a pesar del escudo social y la moratoria que debería minimizarlos.

Esta vecina de 66 años de la calle de la Lleona, en el Gòtic, ha vivido este martes el tercer intento de desalojo en pocos meses, los tres en pandemia y los tres parados gracias al coraje de su gente y a la mediación municipal.

El servicer gestiona una cartera de 30.500 millones de euros y tiene dificultades para pagar su propia deuda. El banco de inversión especializado en reestructuraciones negociará con los acreedores para hacer frente a un vencimiento de bonos por 425 millones.

El Congreso de los Diputados debate sobre la ocupación ilegal a petición de Vox y varias proposiciones relacionadas con la salud mental.

PSOE y Unidas Podemos acercan posturas en el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, aunque el acuerdo no está cerrado. En Moncloa abren la puerta a que la presentación de las cuentas se retrase más allá del 5 de octubre.

La norma que desarrolla la ley de Función Social de la Vivienda pretende movilizar cerca de 20.000 viviendas vacías de grandes tenedores para sacarlas a un mercado en el que la Generalitat ejerza de intermediario.

La Audiencia de Guipúzcoa ha apreciado la existencia de «mala fe» en la decisión de Caja Rural de Navarra de no permitir acceder a los beneficios del código de buenas prácticas bancarias a una pareja de Irún que no podía pagar su hipoteca, a pesar de cumplir los requisitos para acogerse a él.

Corría el verano de 2013 cuando el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Ignacio González, decidió malvender al fondo de inversión internacional Goldman Sachs 2.935 viviendas públicas con sus inquilinos dentro. Y digo malvender, porque la operación se saldó por 201 millones de euros, precio muy inferior al coste de construcción de los inmuebles.

Se han firmado hasta julio 11.284 préstamos con un valor medio de casi 160.000 euros – Los portales inmobilarios dicen que el sector ya está “normalizado” – La venta de vivienda nueva sí ha recuperado el nivel prepandémico pero la segunda mano sigue por debajo.

El resultado del referéndum llevado a cabo este domingo es claro; su aplicación, no tanto. El nuevo gobierno de la capital dominado por los socialdemócratas se echaría atrás, según las previsiones.

La diputada de Vox por Valencia Cristina Esteban ha vuelto a sacar a la palestra el tema de la okupación de viviendas.
No obstante, este dato no se corresponde con las cifras de denuncias registradas por el Ministerio del Interior, que entre enero y diciembre de 2020, últimos datos disponibles, aumentaron en 54 denuncias, lo que supone un 0,37% más que el año anterior, y no un 45% como afirma Esteban.

En la comunidad se han ejecutado 1.777 desahucios por no pagar el arrendamiento en lo que va de año, pero la estadística no refleja el crudo drama de las familias.

Este domingo 26 de septiembre no se celebran en Alemania únicamente las elecciones federales y municipales, en la ciudad-Estado de Berlin se celebrará un referéndum para expropiar 240.000 viviendas del fondo Deutsche Wohnen. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Berliners cast their referendum votes on whether to nationalize thousands of housing units owned by real estate giants. After counting all votes, over 56% voted in favor of the measure.

Las presiones de empresas de desalojo surgidas ante esa alarma se extienden a otra vivienda en El Alta (General Dávila). Piden investigación policial contra esas empresas
Las plataformas PAH Santander y STOP Desahucios, que trabajan en la defensa del derecho a la vivienda, han advertido de que las estadísticas oficiales de ocupación están infladas al mezclar conceptos.

Unidas Podemos y otros grupos parlamentarios de izquierda, como ERC, Más País, Bildu o Compromís, se han comprometido a registrar en el Congreso una Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda. El texto ha sido elaborado por sindicatos y organizaciones sociales como CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y se registrará antes de que acabe el mes.

“Que suba el precio de la vivienda en medio de una catástrofe natural no es el mercado, aquel mantra de los liberales, sino la sociopatía, la fase superior del capitalismo”.

El debate sobre la vivienda asequible de la capital se traslada a la campaña electoral nacional. El referéndum sobre la expropiación de grandes propietarios coincide con las elecciones.

La crisis de precios energéticos es de tal calibre que se escapa de las manos encontrar causas y fundamentos para explicar lo sucedido.
Ahora, el Citi avisa que los precios del GNL se podrían ir hasta los 100 dólares por mmBtu, o lo que es lo mismo cerca de 300 €/MWh. Y todo si se da un invierno como el del año pasado, con continuas olas de frío, es decir que sea duro con bajas temperaturas.

La iniciativa llegará antes que la prometida Ley de Vivienda, que sigue sin acuerdo por la resistencia del PSOE a intervenir los precios.

Los nuevos procesos judiciales por no poder pagar la hipoteca crecen el 98,2% con respecto a antes de la pandemia. Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, 128 familias pierden su hogar cada día.

Aprovechando el inicio de las negociaciones presupuestarias, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias han anunciado que registrarán una Ley de garantía del Derecho a la Vivienda elaborada los colectivos.

El cumpleaños de la tinerfeña Bárbara Concepción Bello no será cómo esperaba. Esta vecina de Güímar se verá obligada a desalojar el piso donde vive con sus dos hijos menores el mismo día de su 50 aniversario.

Durante los últimos años Antonio Méndez había emprendido una batalla. Se había marcado como objetivo recuperar la casa de la que había sido desahuciado. Esa lucha le hizo muy conocido en Tacoronte y en Tenerife.

Más de 6.000 personas han sido desalojadas desde que comenzó la erupción el pasado domingo.
La erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, que comenzó el pasado domingo, ha provocado ya el desalojo de más de 6.000 personas y la destrucción de más de 350 edificaciones, por lo que la emergencia habitacional comienza a cobrar fuerza.

El informe de la ONG Dosis doble de desigualdad identifica diez bancos, fondos y gestores de activos con participaciones de 213.000 millones de euros en AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer.

Recién publicados los datos del Poder Judicial sobre los desahucios durante el segundo trimestre de 2021, se sigue constatando la ineficacia de la moratoria decretada a raíz de la COVID-19. Lejos de reducirse el problema, los desahucios siguen en aumento, como llevamos avisando que pasaría desde marzo de 2020. Si comparamos este trimestre, con el primero de 2020 – pre COVID-19 y sin ningún tipo de escudo social – el aumento en plena pandemia es alarmante.

Paloma Muñoz, activista de vivienda de 24 años, no se siente representada por el Parlamento a la espera de una ley que no llega.

Estos préstamos están avalados con 4.500 inmuebles, tasados por KPMG en 775 millones de euros.

Decenas de personas se han concentrado este miércoles frente a la oficina de Solvia para protestar porque la entidad les ha comunicado que no se les van a renovar los alquileres sociales de sus viviendas.

Vecinos desalojados no encuentran viviendas en las que reunificar a sus familias pese a tener recursos para pagar un alquiler.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado que el Ejecutivo regional comprará las primeras 73 viviendas vacías en La Palma y que habilitará otras prefabricadas para ayudar a los vecinos que han perdido sus casas por el volcán de Cumbre Vieja.

Además, Moncloa ha explicado también que el Consorcio de Compensación del Seguro tratará de agilizar las reclamaciones por los daños provocados.

La Comisión Europea “está trabajando en propuestas para abordar esta situación a nivel europeo”, ha explicado la vicepresidenta Teresa Ribera tras una reunión de ministros de Energía de la Unión Europea.

Jóvenes, estudiantes y trabajadores de las juventudes y agrupaciones anticapitalistas, socialistas y revolucionarias impulsadas por la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI) en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, México, Francia, Estado Español, Alemania, Italia, Venezuela, Bolivia, Perú, Costa Rica y Uruguay nos sumamos a la Huelga Mundial por el Clima este 24 de septiembre y en siete idiomas distintos, gritamos lo mismo: ¡Si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos al capitalismo!

Sei dabei, wenn wir am 24. September wieder auf die Straßen gehen und die diesjährige Bundestagswahl zur Klimawahl machen. #AlleFürsKlima und für eine Zukunft ohne Klimakrise!

El pasado verano, un trabajo realizado por el catedrático emérito de la UAB , Josep Oliver, revelaba que España se encuentra a la cola de los países de la OCDE en materia de vivienda social en alquiler.

Un recurso presentado por el abogado ha conseguido parar el desalojo de este matrimonio que se enfrentaba por quinta vez al alzamiento de su vivienda habitual tras avalar a su hijo frente a un prestamista. Sin alternativa habitacional, la PAH se ha concentrado desde primera hora de la mañana para impedirlo.

Barris sense mordassa: defensar el dret a l’habitatge no és cap del… Construyendo Malilla needs your support for Barris sense mordassa: lluitar no és delicte!

Apoyo el manifiesto por el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible.

El 24 de septiembre tendrán lugar movilizaciones en 16 ciudades en apoyo al Juicio por el Clima, litigio contra el gobierno presentado por organizaciones ecologistas y sociales.

Jornada ’Exclusión residencial y Derecho a la Vivienda de Familias Vulnerables. Función social de la vivienda en el contexto post-covid-19.

La Juventud por el Clima se reorganiza el 24 de septiembre para recordar que su movimiento tampoco se ha esfumado con la crisis del coronavirus: la concentración de gases por efecto invernadero ha crecido en 2021.

La Comunidad de Madrid solo recuperará 1.700 de los 3.000 inmuebles que vendió a Encasa Cibeles, centenares de inquilinos se marcharon por diversos problemas con su nuevo casero y esos inmuebles fueron adquiridos por terceros.

En los seis primeros meses de 2021 la Sareb ha elevado un 26% las ventas, lo que incrementará su agujero contable.

La compra de una red de centros por parte de un fondo estadounidense por 200 millones evidencia el auge de los estudios profesionales. La privada se abre un gran hueco allí donde no llega la pública.

El magistrado señala que la falta de transparencia aunque sea por desidia supone que no hay buena fe.

Los pisos pasarán a formar parte de la propiedad pública para contribuir a la bajada de los alquileres en la capital.

Ambos bancos disponen de alianzas inmobiliarias a través de Challenger y Divarian, respectivamente.

El banco catalán ya ha comunicado al fondo que ejerce su derecho de venta del 20% en su alianza, Challenger, y BBVA tiene planteado hacerlo a partir de octubre en Divarian.

Paca Blanco, veterana militante ecologista, llama la atención sobre los desafíos actuales en la lucha antinuclear y la necesaria búsqueda de consensos ante la avalancha del negocio de las energías renovables.

Hemos pasado el verano de la historia, en el que todo iba cada vez a más y mejor, en el que la abundancia material fue la norma.

A inicios de este mes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia trascendental para miles de familias.

El pasado martes 7 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su informe trimestral sobre ejecuciones hipotecarias. Las cifras muestran un panorama desalentador para miles de personas. Si comparamos el segundo trimestre de 2021 con el del año anterior, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales han sufrido un aumento del 253,2%.

Una veintena de personas se han concentrado frente a la vivienda en protesta por el desahucio.

La coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid leyó a la presidenta madrileña el mensaje de una menor sobre su situación en el asentamiento, que lleva sin luz desde octubre de 2020.

A través de una nota de prensa, la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid informa que ha convocado a concentrarse frente al Congreso de los Diputados, donde se celebrará una rueda de prensa en la que se va a informar acerca de la creación de lo que llaman Espacio de Movilización ´Otoño Caliente´.

Periódico de Movimientos Sociales y Colectivos en la Comunidad de Madrid.
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El auge del precio de la vivienda en propiedad y una burbuja del alquiler que no se termina de desinflar coloca a un importante sector de la población en un “limbo”: no pueden pagar el alquiler ni reúnen las condiciones para acceder a una hipoteca.

Muchos de los procedimientos se suspendieron durante la pandemia y la desescalada al aportar un informe de vulnerabilidad emitido por Servicios Sociales | El escudo social ante los desalojos expira el 31 de octubre.

Ciudadanos es el único grupo que vota en contra y Vox se abstiene.

Los aliados del Ejecutivo coinciden en que la suspensión de los desahucios o la prohibición de los cortes de suministros energéticos son un “parche” y le piden más ambición ante la escalada del precio de la luz.

En distritos como Chamberí o Retiro o municipios como Pozuelo, el alquiler de una habitación supera el 30% del salario medio de la región.

Los afectados son 1.721 inquilinos que todavía permanecen en las viviendas que el IVIMA vendió en 2013 a un fondo de inversión.

Es un honor, tal y como lo sería para cualquier valenciano, formar parte del Govern de mi tierra. Es una experiencia que creo que será muy bonita, la estoy viviendo con muchísima ilusión y también con serenidad. Al fin y al cabo, mi vida ha sido una vida de servicio público desde diferentes ámbitos y esto es una manera de dar continuidad a esa trayectoria. Así que lo vivo con una mezcla de serenidad y de ilusión.

OTOÑO CALIENTE propone UNA GRAN MOVILIZACIÓN CIUDADANA, para el próximo día 2 de octubre de 2021, con los siguientes objetivos:
1.- DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.
2.- TRABAJO DIGNO PARA UNA VIDA DIGNA.
3.- ACABAR CON LA DESIGUALDAD que sufrimos las mujeres.
4.- SANIDAD PÚBLICA, DE CALIDAD Y UNIVERSAL.
5.- EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, laica y universal.
6.- FOMENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE CUIDADOS.
7.- RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES, 100% PÚBLICAS Y DE CALIDAD.
8.- DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA.
9.- DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO.
10.- DERECHO A LOS SUMINISTROS ESENCIALES.
11.- ATENCIÓN DEBIDA y respeto, por parte de la banca y de la administración, a la gente mayor y vulnerable.
12. TRANSICIÓN HACIA UN MODELO ECONÓMICO ECOFEMINISTA.

Si la precariedad vital es ya una realidad palpable y crecientemente extendida, el horizonte económico a corto plazo hace presagiar su ahondamiento.

«Bajo la etiqueta de ‘intermediarios de conflictos inmobiliarios’ afloran empresas que, con el matonismo propio de la ultraderecha, se están enriqueciendo a costa de defender los intereses de los grandes tenedores de vivienda», afirma.

Raquel quiere quedarse en su casa, pero los nuevos propietarios, vinculados a un fondo de inversión, se niegan a renovarle el contrato o a vendérsela.

La okupación de viviendas vacías en España es un fenómeno complejo: producto de las anomalías de un mercado inmobiliario que abandona a mucha gente en la cuneta, suele juzgarse desde un prisma ideológico y de justicia social que a su vez deja en la sombra a unas víctimas para arrojar luz sobre otras.

La energía es un bien estratégico que debe estar en manos públicas y bajo control popular. ¿Qué alternativa? producción de renovables a diversas escalas, reducción masiva del consumo directo de energía fósil y control colectivo bajo propiedad pública; planificación democrática y distribución justa de recursos.

El caso de Maribel reúne muchos de los elementos que han marcado la historia reciente de la lucha por el acceso a la vivienda en Barcelona. Compró un piso cuando todo empujaba a ello que, con el tiempo, no pudo pagar. Se lo embargaron, pero logró una dación en pago y un alquiler social gracias a la 24/2015, norma catalana impulsada por los movimientos sociales que obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables, como es su caso.

Recuperamos esta parte del programa Jaque Mate donde entrevistan a Juanjo Ramón, de nuestro equipo de portavocía.

Programa completo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=v0XLPrDm5qw&t=3548s

El número de nuevas ejecuciones hipotecarias registradas aumentan un 253,2% respecto al segundo trimestre de 2020.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 253,2% en el segundo trimestre del año, según el INE.

Estadística recuerda que España se encontraba en el segundo trimestre de 2020 en pleno confinamiento e iniciando la desescalada, por lo que muchas ejecuciones no se pudieron iniciar en los Registros de la Propiedad.

El INE recoge la subida de ejecuciones hipotecarias en España entre abril y junio.

Sus moradores y el conjunto de los vecinos de Écija pretenden hacerle rectificar con sus movilizaciones.

Las entidades de capital riesgo intensifican su actividad en España, que vuelve a los niveles previos a la pandemia mientras crecen sus participaciones en los ramos que más están castigando el bolsillo de los ciudadanos.

Aquest és el primer Quadern de formació popular de la comissió de formadores: Les estructures populars al moviment per l’habitatge català.

Figuraba en la Estrategia contra la Pobreza Energética de 2019, en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y en el plan energético remitido a Bruselas en 2020; el Ejecutivo va a ponerlo en marcha ahora.

No te pierdas la nueva entrega de TOP BULOS: “Okupan el piso de Carmen”.

Además multiplica por cuatro el coste de hace un año, cuando se registró un precio diario de 31,67 euros por MWh.

Tenemos un problema de primera dimensión que afecta a capas amplísimas de la población, mucha gente que tiene que mirar la hora para poner la lavadora o el aire acondicionado. Es un problema político, un problema social que está afectando a muchísimas personas.

La imagen que pretende mostrar el Gobierno de España (PSOE y Unidas-Podemos) de una salud social espléndida, subida del salario mínimo, reducción del paro, alto nivel de vacunación, exitosa “retirada” de Afganistán, bajada del IVA de mascarillas y luz y un largo etcétera, no se corresponde con la realidad. Quizás, en lo único que ha habido cierta eficacia ha sido en la vacunación contra la COVID-19, y es que ahí hay mucho dinero en juego.

Una empresa de “desokupaciones” lidera una campaña de acoso contra una joven de origen marroquí y alimenta la mentira de que ha echado del piso a una mujer de 89 años.

Daniel Esteve, dueño de la empresa Desokupa, pone en marcha una campaña contra una joven inquilina de origen marroquí a sabiendas de que ella no ha echado a ninguna anciana de su hogar.

Un extrabajador de la empresa que dirige Daniel Esteve asegura que no entiende cómo aún sigue operando. Acusa a los cuerpos policiales de connivencia y dejación.

Pinto, Vallecas y Vicálvaro tienen en común dos cosas: son lugares donde la clase trabajadora se asentó para construir barrios humildes lo suficientemente cerca de las ciudades donde trabajaban, pero lo bastante lejos como para alquilar una vivienda digna y adecuada que además fuese asequible para sus bolsillos. La otra es que los/as inquilinos/as de 500 viviendas de estos 3 lugares de la Comunidad de Madrid, le han plantado cara a su casero por adoptar las peores prácticas en el peor momento.

El desalojo de un local juvenil en la capital de Navarra se salda con al menos seis detenidos y varios contusionados. Los agentes han identificado además a unas 40 personas.

La formación morada considera que esta medida podría ayudar a rebajar el precio de la luz en un medio plazo. Se trata de una iniciativa complementaria a otros planteamientos como la fijación de precios máximos a los precios del megavatio nuclear e hidroeléctrico.

A la espera de un borrador de Ley de Vivienda con las medidas de intervención sobre el precio, siete factores relacionados inciden en el acceso a un arrendamiento y evidencian la falta de transparencia del mercado.

En algunas autonomías, el alquiler resulta inasumible al suponer el 112% del salario mensual en Cataluña, el 111,2% en Baleares y el 102,6% en la Comunidad de Madrid.

Las imágenes ocurridas en Almería y que muestran el intento de desalojar a unos ‘okupas’ por parte de un policía local mientras mantiene el arma reglamentaria en su mano están dando la vuelta al país.

Nadie parece atreverse a señalar cuáles son las razones últimas de que el poder democrático elegido por los ciudadanos no pueda actuar contra algo que daña a esos ciudadanos. Así no sólo se perjudican las aspiraciones electorales de un Gobierno, así lo que se alimenta es la crisis de legitimidad de nuestro sistema político.