El Ayuntamiento de Majadahonda, primer responsable del desahucio inminente de 27 familias

Este lunes 24 de abril, si no se impone el sentido común, 27 hogares serán desahuciados de los números 6 y 8 de la calle Neptuno, en la localidad de Majadahonda. Un desalojo cuyo primer responsable es el Ayuntamiento gobernado por Narciso de Foxá (PP), que ha presentado la solicitud en los juzgados sin atender a la situación de las familias ni a las peticiones de paralización del desahucio mientrass se pueda encontrar una solución.

Los hogares están ocupados por personas y familias sin recursos para afrontar un alquiler o el pago de una hipoteca en el mercado privado. Como miles de madrileños y madrileñas, han visto cómo sus solicitudes de una vivienda social han acabado en el olvido, y se han visto en la obligación de ocupar viviendas vacías -y actualmente sin agua corriente- para poder tener una mínima estabilidad y seguridad, necesidades a la que todos aspiramos. Allí llevan viviendo -algunas familias, hasta 7 años- con el respaldo del vecindario. El inmueble es propiedad de Suministros Tecnológicos Varios, SA., una empresa que los levantó de manera irregular y que arrastra una deuda de más de 600.000 euros con el Ayuntamiento de Majadahonda.

Pedimos:

Paralización inmediata del desahucio
Viviendas para las familias a través de la adjudicación de las vkiviendas públicas de PAMMASA (empresa municipal de la vivienda de Majadahonda) y Agencia de la Vivienda Social según la moción del reglamento de emergencia social aprobada en noviembre de 2016

Entendemos que la carestía de la vivienda, la falta de vivienda pública y social y la situación de empobrecimiento de un sector creciente de la sociedad madrileña hacen necesario abordar soluciones más generales a estos problemas. Por eso estamos promoviendo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda y contra los cortes de suministro, uno de cuyos objetivos es que las viviendas vacías propiedad de grandes tenedores como SUTEVASA estén obligadas a cumplir una función social si sus propietarios no las ponen en circulación. A través de la campaña La Vivienda no Es delito,estamos insistiendo en no criminalizar a los hogares y personas que, afectados por la crisis y por la creciente desigualdad, se han visto obligadas a ocupar viviendas. Especialmente, como es este caso, cuando las administraciones incumplen su obligación de promover el acceso a la vivienda pública y social de aquellas personas que más lo necesitan.

Firmado:

Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS)
Asamblea Popular de Majadahonda (15M)
Vecinas y vecinos de la calle Neptuno 6 y 8