El acuerdo del gobierno sobre Ley de Vivienda no garantiza en absoluto el derecho a la vivienda

En relación con el reciente acuerdo hecho público por el Gobierno de España sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda, desde la Iniciativa Ley Vivienda, plataforma integrada por más de 120 organizaciones, y una vez conocido y evaluado el contenido de la Ley, sólo podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en el estado español.

Lejos de elaborar una ley que respetando las competencias autonómicas establezca una protección común del Derecho a la Vivienda para el conjunto del estado, las altamente insuficientes medidas que se recogen quedan mayoritariamente en manos de la voluntad politica de las Comunidades Autónomas, renunciando a establecer ninguna garantía frente a la insumisión ya anunciada por algunas de ellas y aumentando el riesgo de discriminación en función del lugar de residencia.

La Ley elaborada por el Gobierno no impide que siga habiendo desahucios sin alternativa de vivienda digna y adecuada de personas y familias vulnerables si se superan los plazos ni cumple con las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos al ignorar las obligaciones derivadas de los sucesivos dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Justicia. Tampoco se incluye ninguna garantía para los suministros básicos, los cuales consideramos imprescindibles a la hora de hablar de vivienda digna y adecuada.

La influencia de la banca y de los fondos buitre se hace notar especialmente en el apartado de Parque público de Vivienda Protegida, al renunciar a movilizar las decenas de miles de casas vacías en manos de las entidades financieras rescatadas con dinero público, y ni tan siquiera aquellas bajo control de la empresa de capital público SAREB, de la que se ha sabido recientemente que se prevée que deje al Estado una deuda de 8.000 millones de euros. En definitiva, no se prevé ni se ataja la emergencia habitacional actual siendo todo el mundo consciente de la enorme carencia de disponibilidad de viviendas en las Administraciones Públicas.   

Pero, además, ante las comunicaciones y amenazas de desahucios de fondos buitre de no renovar contratos de alquiler y de la banca de seguir expoliando vivienda de los impagos hipotecarios, tampoco contempla la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa real al desahucio como ya regula la normativa en Catalunya; es inconcebible: un gobierno progresista debe exigir corresponsabilidad para que los esfuerzos sean compartidos (no sólo de la ciudadanía o del estado) y no se convierta el sistema en un aliado a la especulación.

Nos parece inaceptable que el Gobierno pretenda aprobar una Ley por el Derecho a la Vivienda que no garantice la protección de un techo para las personas sin hogar. La propuesta de Ley del Gobierno no establece y ni siquiera impulsa ninguna medida adicional ni distinta a las que ya se vienen aplicando con los resultados conocidos de cronificación del sinhogarismo para las más de 32.000 personas que ahora se encuentran en esta situación.

Incluso la medida estrella del Gobierno para esta Ley nace estrellada. La regulación de alquileres que se propone es totalmente improductiva: deja fuera a la mayoría de inquilinos al dejar a voluntad de los gobernantes autonómicos su aplicación en lugar de fijar condiciones objetivas y, en los casos en que la Comunidad Autónoma pidiese al Estado aplicar la regulación, los municipios lo tendrían muy difícil para obtener el permiso dada la dificultad para demostrar que se cumplen los requisitos que se establecen y debido a la inexistencia de datos a nivel municipal.

La Ley del Gobierno no contrarresta las brutales subidas del alquiler de los últimos años y se centra en la posibilidad de acogerse a prórrogas anuales manteniendo el mismo precio y condiciones, condenando a los inquilinos a una situación incierta y asfixiante.

Para colmo, el Gobierno pretende regalar una espectacular reducción de impuestos a los especuladores de la vivienda ampliando la deducción a los arrendadores del 60% al 90% si aplican una ridícula reducción del alquiler del 5%, contra el criterio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya ha dicho que este tipo de medida beneficia a las rentas altas y perjudica a las bajas. Es más, Hacienda no está preparada para comprobar que quien declara haber bajado el precio para tener más beneficios fiscales lo ha hecho de verdad.

Por otra parte, si queremos aprender alguna cosa de las crisis sufridas y mirar esperanzados al futuro, hace falta incorporar mecanismos que eviten el sobreendeudamiento de las familias, incorporando la responsabilidad limitada al bien y una regulación justa y gratuita de la segunda oportunidad.

La participación ciudadana en la elaboración de las políticas de vivienda y urbanismo, que ha estado ausente a lo largo del proceso de elaboración de la Ley ignorando absolutamente las reivindicaciones y propuestas de los colectivos de afectados, continúa ausente también en la Ley, cuando sería una herramienta eficaz para frenar la especulación y la cultura de la corrupción urbanística y el ladrillazo que tanto gusta a algunos dirigentes.

Es difícil de entender que se haya renunciado a tramitar nuestra Ley de garantía del Derecho a la vivienda digna y adecuada registrada en el Congreso sólo 5 días antes por 9 partidos políticos, para firmar deprisa y corriendo un acuerdo que ni garantiza el Derecho a la Vivienda ni puede vislumbrarse siquiera como solución del drama de vivienda que sufre nuestro país.

Desde la Iniciativa Ley Vivienda exigimos al Gobierno que recapaciten y retrasen el paso del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el Derecho a la Vivienda y pedimos a todos los partidos que avalaron con su firma el registro de nuestra ley que sigan respaldándola, tanto impulsando y apoyando su pase al Pleno del Congreso, como confrontando con el Gobierno y enmendando el texto insuficiente del gobierno.

No vamos a detenernos hasta que se garantice de una vez por todas el derecho a una vivienda digna y adecuada.