Vivienda: derecho o bien con el que especular
Porqué necesitamos YA una ley de vivienda estatal

Todo el mundo sabe que la vivienda, ahora mismo, no es un derecho.
Lo que es la vivienda es un problemón. Y lo es para muchísima gente.

Hablamos de familias que se ven empujadas a la calle, naturalmente, pero también de jóvenes que tiene la vida truncada antes mismo de empezarla. Y también son familias que no llegan nunca a serlo por falta de estabilidad y así una larga multiplicación de tragedias que no son individuales sino la expresión de un problema social y económico gravísimo.

Si obviamos por un segundo lo tremendo que son estas situaciones, se aprecia que la vivienda sustrae mucho dinero de la economía productiva. Que tantísima gente dedique tanto dinero a pagarse un techo quiere decir que no lo dedican a otras cosas como ocio, cultura, restauración.
La especulación, que en el fondo consiste en transformar viviendas en cajeros automáticos y sentarse a cobrar mes a mes, no sólo está robándoles la vida a millones de personas sino que está arruinando a gente que se gana la vida trabajando de verdad y no viviendo de las rentas.

Se mire desde el ángulo que se mire, la especulación de la vivienda es un cáncer social con el que hay que acabar de una vez por todas. Así lo han entendido en Berlín la semana pasada, donde se han planteado algo tan valiente como expropiar a los grandes propietarios.

Aquí, hoy, presentamos en el Congreso una ley.
La hemos llamado Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada.
Es fruto del trabajo de muchas organizaciones de vivienda junto con los sindicatos de clase y hemos conseguido que la apoyen y registren para tramitarse UP, Más País, EH BIldu, ERC, las CUP, Compromís, BNG, Nueva Canarias y Junts. El objetivo es que la vivienda sea un derecho. Y no uno cualquiera, sino un derecho subjetivo. Es decir, no un brindis al sol como es ahora el «derecho al trabajo» sino como el derecho a la educación.
Tenemos que poder exigirle a la administración que haga efectivo el derecho a la vivienda de todo el mundo y para cada uno. Y la administración tiene que responder caso a caso.

Porque la vivienda es un derecho. No se puede dejar a nadie más en la calle, sin agua, a oscuras o sin calefacción: no se podrá desahuciar sin una alternativa y los garantes de esa alternativa serán los grandes propietarios y, en última instancia, la administración.
Porque la vivienda es un derecho. Nadie se puede quedar atrás: las administraciones tendrán que garantizar un techo a las personas sin hogar o en riesgo de estarlo.
Porque la vivienda es un derecho. El que la puedas pagar no puede convertirla en una carrera de obstáculos: los alquileres tendrán que ser de 7 y 12 años en vez de los 5 y 7 de ahora y se prorrogarán automáticamente. Con esto también se ralentizará la velocidad a la que se puede especular con los alquileres (cuando más rápido venzan los contratos antes pueden subirse los precios) y con esto vamos al reverso necesario del derecho a la vivienda.

Y es que para que la vivienda sea un derecho tiene que dejar de ser un bien de mercado con el que especular.
Y para eso, los principales agentes especuladores (las SOCIMIS) tienen que comprender que aquí su actividad no es bienvenida.
¿Cómo?
Eliminando sus enormes beneficios fiscales, regulando los alquileres y sancionando la vivienda vacía.
¿Y cómo conseguir que no vuelvan más?
Asegurándonos que nunca más puedan convertir la vivienda en un negocio logrando un gran parque público, exclusivamente de alquiler, que sostenga los precios en una horquilla razonable y que haga la regulación innecesaria.
La vivienda tiene que empezar a ser un derecho de verdad y no un medio para que unos pocos sangren a la mayoría acorralándolos con la necesidad de un techo.

Y, ahora, todo depende del PSOE.

El millón largo de desahucios que llevamos desde 2008, los millones de vidas interrumpidas, la economía asfixiada, todo eso puede empezar a cambiar hoy mismo si el PSOE quiere.

#LeyDerechoVivienda
#PSOEtictac

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