No es un corte de luz, es un desalojo

El pasado mes de octubre, Naturgy, aludiendo a que no era capaz de proporcionar la potencia eléctrica suficiente, decidió que lo más lógico era cortar la luz a todos los vecinos del sector 6 de la Cañada Real y, tres semanas más tarde, también a todos los del sector 5.

Desde entonces, 4.500 personas se encuentran a oscuras y sin calefacción. Desde entonces, varios bebés han tenido que ser atendidos con síntomas de hipotermia y se han producido decenas de intoxicaciones respiratorias causadas por generadores de gasolina y por todo lo que las vecinas de estos dos sectores están teniendo que quemar para poder entrar en calor.

Esta semana, cuando se cumplen 3 meses de los primeros cortes, se están alcanzando los 5 grados bajo cero. Las próximas  semanasse prevé que bajen las temperaturas aún más y los más de  1800 niños y niñas seguirán sin estar resguardados del fríoni tendrán una comida caliente a pesar de haberlo comunicado al Comité de los Derechos  del Niño de Naciones Unidas hace más de un mes e informado a Organismos del Gobierno.

Es evidente para cualquiera que tenga ojos que se trata de una emergencia humanitaria que ni Naturgy ni la Comunidad de Madrid están queriendo resolver. Así lo han denunciado nueve relatores especiales de las Naciones Unidas o el mismo Defensor del Pueblo.

Es evidente también que la negativa sistemática a resolver esta emergencia por parte de las Administraciones obedece a un plan trazado para desalojar estos sectores de la Cañada Real por la vía de los hechos. En aplicación de la Ley 2/2011 de desafectación de la Cañada Real, es responsabilidad de la Comunidad de Madrid que el suministro eléctrico llegue a esos 4.500 vecinos, pero lo único que han recibido de nuestra presidenta es desprecio.

Mantener esta situación de vulneración de  Derechos Humanos, así como ignorar  las quejas y denuncias de los habitantes de laCañada, significa, en los hechos, dejar a 4.500 vecinos en situación de calle: a oscuras y sin más protección a la intemperie que la que brinda un puente. Y dejar en situación de calle es, ni más ni menos, que coaccionar a 4.500 personas a un desalojo forzoso del que ha sido su hogar durante décadas. 

La pregunta es: ¿por qué la Comunidad de Madrid desatiende la ayuda humanitaria  y omite el deber de socorro a esta población? ¿Qué intereses hay detrás de mantener el sufrimiento de tantas personas, vulnerando sus derechos mas básicos como una vida digna?

Desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid queremos expresar nuestro estremecimiento por la situación de nuestros vecinos de la Cañada Real, comprometer nuestra solidaridad con su lucha y denunciar la desatención sencillamente sociópata de Naturgy y la Comunidad de Madrid.