Hace muchos años dijimos que lo que nos pasó a miles de familias con la estafa hipotecaria era similar a una catástrofe de este tipo y no tuvimos ayuda alguna. Por el contrario, fuimos criminalizadas por parte de demasiada gente que no entendía nada. Fueron cientos de miles de familias sacadas de sus casas sin alternativa alguna, incomprensión, criminalización y cero ayudas.

Años llevamos pidiendo una Ley de Vivienda que no deje a nadie en la calle y, por desgracia, aún no lo hemos conseguido.

Esperamos que esta empatía y dolor colectivo que ahora sentimos (casi) toda la población (siempre habrá gente que no se entere de que pueden ser los siguientes y otra que incluso pretenda seguir especulando con un derecho humano como es la vivienda), se convierta en un clamor social solicitando a la banca, fondos buitre y SAREB que abran las viviendas vacías y cerradas a las familias afectadas por la tragedia causada por el volcán Cumbre Vieja de La Palma y se haga extensivo a todas aquellas familias que se quedan en la calle por la vergonzosa mercantilización de un derecho fundamental. ¿O no fue una catástrofe y lo que ocurrió hace años, no por un pacto geológico inesperado sino por una crisis financiera provocada por la avaricia sin límites de la banca, con estafa incluida, y nadie nos ayudó, sólo nuestras propias vecinas?

Ahora presentamos una Ley de Vivienda en el Congreso para que nadie se quede atrás de nuevo ante desgracias colectivas como la que el volcán Cumbre Vieja está causando hoy y para evitar abusos de los poderes económicos, los de hoy y los de mañana. Esperamos que prospere y se haga realidad con el apoyo de todas, porque para todas es esta ley que exigimos hace años.

¡Ley de Vivienda YA!

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La entrada sáb 25 septiembre 2021 <br> COMUNICADO <br> Cedan YA las viviendas vacías en La Palma a las familias afectadas se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

La Asamblea de Vivienda del barrio de Usera de Madrid acoge numerosos casos de madres con hijos a cargo (familias monomarentales) que ocupan viviendas vacías propiedad de entidades bancarias o fondos de inversión. Todas ellas ocupan por necesidad al carecer de medios para el acceso a una vivienda a través del mercado y en ausencia de posibilidad real de acceder a vivienda pública. Muchas llevan años buscando una solución tras perder su casa por ejecución hipotecaria o como consecuencia de una separación. 

Frecuentemente, estas mujeres cuentan con ingresos derivados de subsidios o contratos eventuales. La crianza en solitario de sus hijas/os dificulta el acceso a empleos a tiempo completo. Si lo consiguen, los salarios mileuristas no son suficientes para acceder al mercado del alquiler. Por otra parte, el número de empleos en tareas de cuidados o limpieza (sectores abrumadoramente feminizados) se ha reducido desde marzo de 2020 como consecuencia del Covid-19. El aumento de llamadas a Servicios Sociales durante el Estado de Alarma, tramitándose tres veces más ayudas que en 2019, ha puesto sobre aviso de la realidad de muchas mujeres como nuevo perfil que solicita auxilio social.

Cuando una familia llega al límite de sus posibilidades y no puede satisfacer las exigencias del mercado (nominas, avales, dinero efectivo para adelantar mensualidades como señal) entra en un mercado alternativo de la vivienda (alquiler de una habitación, contratos verbales, pagos en mano, o compraventa de llaves de pisos ocupados). Llegados a este punto, una red de servicios sociales saturada e impotente se interpone entre la necesidad imperiosa de recibir ayudas y la llegada de las mismas para quienes llevan años solicitando un alquiler social a las distintas administraciones. Las entidades financieras y fondos han acumulado decenas de miles de viviendas durante la última década fruto de desahucios de familias afectadas por la crisis económica derivada del estallido de la burbuja producida por la especulación inmobiliaria.

Negación institucional

La Comunidad de Madrid rechaza cualquier solicitud de personas que no dispongan de “título legal suficiente” del inmueble que ocupan, en aplicación del Decreto 52/2016 sobre “requisitos para solicitud de vivienda por especial necesidad”. Esta norma ha sido señalada como “profundamente injusta” por el Defensor del Pueblo, quien ha solicitado en varias ocasiones a la Comunidad de Madrid que la derogue. Incluso el Comité DESC de Naciones Unidas, en el caso Viviana López contra España, ha dictaminado expresamente que España debe eliminar ese tipo de normas. Hasta ahora la Comunidad viene rechazando todas las peticiones de las instituciones de Derechos Humanos.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda Social (EMVS), no rechaza directamente las solicitudes de vivienda pública y permite a las solicitantes inscribirse en su registro permanente. Sin embargo, penaliza toda ocupación al excluirlas de la categoría “personas en vulnerabilidad residencial” (Reglamento de adjudicación de viviendas gestionadas por la EMVS S.A.), convirtiendo en irreal la posibilidad de ser adjudicataria.

Ante las sucesivas inadmisiones de solicitudes de vivienda por la Comunidad de Madrid, desde la Asamblea de vivienda de Usera en colaboración con el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, hemos recurrido ante los tribunales uno de los casos más sangrantes, con un procedimiento “piloto” que esperamos que abra vía para derogar el reglamento que impide concurrir en igualdad de condiciones a viviendas públicas para personas vulnerables. 

Ocupación de vivienda vacía protagonizada por mujeres

El único delito del Código Penal que registra mayores condenas en mujeres que en hombres es la usurpación. La falta de datos y la estigmatización mediática ocultan una grave discriminación de género en unidades familiares especialmente vulnerables.

En la estadística penal de nuestro país, las condenas a hombres por todo tipo de delitos triplican o cuadruplican a las de las mujeres. En el año 2020, el número total de condenas por delitos en toda España fue de 412.571 según datos del Consejo General del Poder Judicial. De ellas, 332.029 (80%) corresponden a hombres y 80.532 (20 %) a mujeres. Pero no siempre ha sido así.

En todos los delitos la pauta distintiva por género se repite en mayor o menor proporción, salvo en uno, la usurpación de vivienda vacía. En 2020 el número total de condenas por usurpación fue de 4.687, correspondiendo a hombres 2.291 y a mujeres 2.396. Es decir, las mujeres cometen este delito en tasas ligeramente superior a los hombres (51% frente a 49%). En 2019 la distancia es superior (sobre 6.087 condenas por usurpación, el 52% correspondieron a mujeres y el 48% a hombres). En el año 2007 se produjeron 420 condenas por usurpación. 274 correspondían a hombres (65%) y 146 a mujeres (35 %). Con la crisis económica, las cifras se fueron igualando poco a poco a partir de 2008, a medida que aumentaba la cifra total de condenas por usurpación, para igualarse en 2016. Desde 2017 las mujeres superan la cifra de hombres en condenas por usurpación.

¿Por qué ocupan más mujeres que hombres? La falta de estudios sobre el fenómeno de la ocupación impide formular respuestas concluyentes. En materia de vivienda, las administraciones apenas dedican esfuerzos a recabar datos empíricos (y menos aún desagregados por genero) para proponer políticas públicas igualitarias. Por eso, la imagen que trasmiten los medios, atizados por intereses amarillistas, tienen poco que ver con la realidad.

Vivienda, mujer y Derechos Humanos

Leilani Farha (exRelatora Especial de Vivienda de la ONU), en su informe de 2015, afirma que en materia de vivienda la crisis económica tuvo un gran impacto en la falta de hogar de las mujeres en España. Según el informe “En muchos casos, las antiguas parejas o maridos que compartían las hipotecas se negaron a negociar con los bancos la reestructuración, el alivio o la cancelación de la deuda. Cuando se ejecutaron sus viviendas, se quedaron con una deuda importante, a menudo en viviendas inseguras, con un alto riesgo de falta de hogar.”

En las conclusiones y recomendaciones de los informes de los relatores especiales de la ONU sobre violencia contra la mujer emitidos entre 2003 y 2019, se ha manifestado de manera reiterada: 

a) la necesidad de igualdad de derechos de las mujeres y, en particular, el derecho a la propiedad, a una vivienda adecuada y al acceso y control de la tierra; 

b) que la discriminación contra la mujer en la ley constituye una violación de derechos humanos; 

c) que las mujeres y las niñas sufren discriminación múltiple en todas las esferas relacionadas con el acceso y disfrute a una vivienda adecuada a causa de diversos factores interrelacionados; 

d) Que la política de vivienda está directamente relacionada con la cuestión de la violencia contra la mujer.

Consecuencias

La falta de seguridad de la tenencia –en el derecho y en la práctica– hace muy difícil la protección de estas mujeres (con sus hijas/os), favoreciendo una serie encadenada de violaciones de Derechos Humanos.

Desde el punto de vista legal, la falta de acciones positivas para eliminar o reducir las desigualdades de género en materia de vivienda vulneran del principio de igualdad y de tutela contra la discriminación amparado en el artículo 14 de la CE y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Las mujeres, como último remedio, ocupan para no verse en la calle con sus familias y no cuentan con apoyos institucionales. En un entorno de creciente criminalización de la ocupación, las mujeres ocupan en silencio y ocultan su realidad mediante una autocensura que las sitúa en una especie de clandestinidad civil, lo que las aísla aún más.

La Asamblea de vivienda de Usera denuncia que desde la declaración del estado de alarma (marzo de 2020), miles de familias se encuentran sin posibilidad de pagar su alquiler enfrentándose a situaciones de incomprensión, miedo al desalojo y amenazas por parte de su arrendador. La casuística es amplísima: con la llegada de la crisis económica derivada del Covid 19 han aumentado los desalojos “invisibles”, que se producen por debajo del radar judicial y estadístico. “Una madre oculta a su bebé bajo su abrigo para alquilar una habitación”. “Otra se encontró a su casera dentro de su vivienda, que la desalojó por estar embarazada”. “Nos llegan casos de familias con cuatro niños en pisos de 40m2”.

La especulación rampante en grandes ciudades de nuestro país y la ola de criminalización de la ocupación, sin distinguir entre las diferentes circunstancias que la producen, coloca en situación en alto riesgo a muchas mujeres. Madres a la cabeza de unidades familiares precarias viven atrapadas en una espiral de discriminación, estigmatización y negación de auxilio por parte de las administraciones.

Feminismo y Derecho a la Vivienda

La agenda feminista debe incluir la lucha frente a la especulación, los desahucios y los cortes arbitrarios de suministros básicos porque la vivienda es condición necesaria para el ejercicio de muchos otros derechos fundamentales.

Hacen falta estudios rigurosos sobre los datos encontrados en los delitos de usurpación, que apuntan a una discriminación creciente en los márgenes del mercado inmobiliario. Son urgentes las medidas desde las instituciones públicas de defensa de la mujer y de las personas más vulnerables. Entre ellas, eliminar el estigma sobre la ocupación y la discriminación de género para las mujeres que luchan por garantizar morada a sus hijos/ as menores de edad en medio de burbujas especulativas inmobiliarias cada vez más agresivas. Para la Asamblea de Vivienda de Usera no habrá igualdad mientras no se garantice un vivienda digna y segura para todas.

Asamblea de Vivienda de Usera, Laura Barrio (Investigadora y activista por el Derecho a la Vivienda), María José Sobrino y Javier Rubio (Abogados del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

Madrid, 28 de julio de 2021.

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La entrada mié 28 julio 2021 <br> Mujeres y ocupación de viviendas vacías se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Lo único que sabemos es que quieren endosarnos a todos su deuda y aún no sabemos qué va a pasar con NUESTRAS casas.

Frente a sus desahucios y contratos sin garantías, queremos negociaciones limpias y alquileres para todas.

¿Dónde?
c/ Costa Brava, 12
Cercanías Mirasierra

¿Cuándo?
Miércoles, 26 de Mayo a las 17:00 h.

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La entrada mié 26 mayo 2021 <br> Plan SAREB <br> Porque sus casas SON NUESTRAS se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Huelga recordar que la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), con un 61% de capital público, tiene miles de viviendas vacías en España,

¿Te lo vas a perder?

¿Dónde?
Paseo de la Castellana, 162
<M> Cuzco

¿Cuándo?
Miércoles, 24 de Marzo a las 12:00 h.

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La entrada mié 24 marzo 2021 <br> Concentración <br> Plan SAREB se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

• Porque el derecho a la vivienda es papel mojado en un país con millones de casas vacías en el que sigue muriendo gente en la calle.

• Porque, pese al rescate bancario vía SAREB, sigue sin abrirse un parque público de vivienda en alquiler social con las casas que hemos pagado y se dejan al abandono o se malvenden a Fondos Buitre.

• Porque la poca vivienda pública que tiene la Comunidad de Madrid ha sido vendida a SOCIMIS que no pagan impuestos, dejándose en la calle a las familias que las moraban.

• Porque el Ayuntamiento de Collado Villalba mantiene cerradas y deteriorándose viviendas que podrían cumplir su función social y niega sistemáticamente los informes de vulnerabilidad necesarios para paralizar desahucios.

• Porque la única respuesta que se da a las familias que deciden autotutelar su derecho a la vivienda es la criminalización mediática y política y la persecución policial y judicial.

Nos sobran los motivos a la ciudadanía de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid para levantarnos frente a la desidia institucional y la mafia inmobiliaria.

El día 16 de enero a las 12:00 horas, tomamos las calles, con todas las medidas de precaución, para defender el derecho a la vivienda.
Menos especulación y rentismo y más control de precios y penalización de vivienda vacía.

La entrada sáb 16 enero 2021 <br> Concentración #NiCasasSinGenteNiGenteSinCasa16E se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

[…] Adoptar las medidas necesarias para que todas las personas puedan acceder, en igualdad de condiciones, al parque de vivienda social, removiendo cualquier condición irrazonable que excluya a cualquier persona en riesgo de indigencia. En particular, el Estado debe eliminar la exclusión automática de las listas de solicitantes de vivienda de todas aquellas personas que se encuentren ocupando una vivienda por estado de necesidad, sin título legal […]

Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC).
20 de octubre de 2019.

Nuestra legislación EXCLUYE de solicitar vivienda social a quien haya sido desahuciada por impago o haya ocupado. Esto impide que miles de personas puedan dejar de ser okupas.

Ya pero, ¿y tú qué dirías si te tocara a ti? ¿Si fuera en tu bloque, o en tu calle, o en tu rellano, donde han entrado los okupas?

En la PAH solemos escuchar esta pregunta con frecuencia. A pie de calle incluso, mientras paramos un desahucio. O por teléfono, negociando con los interlocutores de los fondos. O nos lo pregunta Ana Rosa todas las mañanas, como a ti. De modo que decidimos hacer nosotras la pregunta.

Paca, 72 años. 
Lleva 6 años intentando negociar un alquiler social social con la EMVS  (Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid).

Mª Luz 56 años, Miguel 58 años
Siguen viviendo en esta casa de un fondo de titulización de Bankia, de donde ya fuera desahuciada anteriormente otra familia.
Por ahora, no hay negociación.

Susi, sigue viviendo en este edificio propiedad de la Sareb.
Las negociaciones para un alquiler social en otra casa están abiertas.

«Ya, pero esto no son okupas-okupas».
Pues no sé, amigas. Podemos ponernos a discutir one more time sobre okupas buenos y okupas malos pero nos da muchísima pereza ya a estas alturas.

¿Qué sabemos de verdad sobre ocupación ilegal?

Existe un censo de viviendas ocupadas ilegalmente: 8.987 según actas del Congreso de los Diputados. 87.000 según el lobby privado Institut Cerdá. Más de cien mil según el señor de Desokupa. Y unos diez millones según Ramiro, jefe de planta en la sección Deportes de esos grandes almacenes. Sólo tienes que buscar en Google “cuántas viviendas okupadas hay en España” para obtener la cifra que más se ajuste a tu punto de vista. Pero ¿qué pasa si haces otra búsqueda diferente en Google? ¿Qué sucede si preguntas “cuántas viviendas vacías hay en España? Tan sólo encontramos un dato: 3,5 millones. Y solo una fecha: 2011.

Desde 2011, no ha vuelto a haber un censo de vivienda vacía en España.

Es más, nunca se ha realizado un censo específico de vivienda vacía en el Estado, más allá de la encuesta de población del INE (la fuente de esos tres millones y medio de los que hablamos en la PAH). Y de esos tres millones y medio, es imposible saber cuántas pertenecen a bancos, entidades financieras o fondos de inversión. Nunca se ha hecho un registro exhaustivo de cuántas viviendas poseen.
En 2015, la PAH y otras entidades sociales que trabajan en vivienda solicitamos por varias vías a las Administraciones Públicas la creación de parques de alquiler social mediante la recompra de esas viviendas. Cinco años después, esa recompra no se ha producido más allá de algunas acciones puntuales, como la del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena.
Cesiones primero, y ofertas de compra después, a propietarios particulares de viviendas sin alquilar, que no llegó a 200 adquisiciones.
Menos de 200 pisos. En una ciudad con una lista de espera de 17.000 personas solicitando vivienda social. Lista de espera en la que no están, ni pueden estar, LAS DE LOS VÍDEOS DE ARRIBA, ya que al haber sido ocupantes no pueden solicitar vivienda por los cauces legales. Tampoco las personas desahuciadas por impago.En Catalunya se produjo la mayor cesión de vivienda en manos financieras de toda España. Siempre a través de ONGs y sin titularidad pública, las entidades bancarias han cedido 3.960 viviendas: de estas, 3.910 forman parte de diversos planes de emergencia social. Esto es, son alojamientos temporales. Solamente 50 viviendas han sido destinadas, en cinco años, a alquileres sociales permanentes. Las entidades financieras mantienen todavía en Catalunya 42.760 pisos vacíos.

¿Cómo se arregla este berenjenal?

En la PAH lo tenemos claro: esto solamente se arregla con la Ley de Vivienda. Lo llevamos diciendo desde 2015. Lo hemos llevado a parlamentos autonómicos y al Congreso. Hemos llevado a sus puertas varias ILP, tantas como han sido vetadas por Ciudadanos de un mínimo debate parlamentario, en Madrid y en el Congreso de los Diputados.
Y aquí estamos de nuevo, gobierne quien gobierne.

¿Y esto a mí en qué me afecta?

La falta de una ley que garantice el derecho básico a una vivienda afecta tanto a las vecinas organizadas en la PAH como a ti, que pagas un alquiler de mercado. O a ti, que alquilas el piso de la abuela. O a ti, que hace años que pagaste tu hipoteca y estás viendo cerrar los negocios de tu calle con la pandemia. O a tu comunidad de vecinos, con tres pisos vacíos con una deuda que el fondo propietario pasa de pagaros.
La falta de viviendas asequibles supone la muerte lenta de cualquier barrio. En la PAH lo comprobamos a diario: somos testigos del mecanismo que primero vacía las calles de sus vecinos antiguos, impide el acceso a nuevas familias a alquileres razonables. Con la desaparición de los inquilinos desaparecen también los comercios. Cuando el proceso de empobrecimiento llega hasta el fondo, el barrio se compra y se prepara para ser vendido a inversores.
Podemos discutir una vez más si ocupamos por necesidad, por convicciones, por hobby, por molestar, por destruir España o porque queremos salir en Ana Rosa. Pero solo se ocupa por un motivo: se ocupa porque existen millones de viviendas vacías. Más, muchas más casas sin gente que los miles de gentes sin casa. Esas mismas que, cuando se cierran las puertas, se organizan para abrirlas.

La entrada Cerráis puertas. Nosotras las abrimos. se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.