¿Cuánto cuesta esta formación en Madrid, María Inmaculada Sanz Otero? ¿Y en Villalba, Miguel Aisa Fernández?
¿Y el equipamiento de las respectivas policias locales?
¿Cuánto cuestan los macrodispositivos para desalojar a familias vulnerables?
Seguro que bastante más que darles una solución digna y adecuada tal y como dicta el artículo 47 de la Constitución Española, esa que tanto se arrogan para lo que quieren excepto cuando hay que cumplirla en contra de sus intereses personales y clasismo recalcitrante, ese tan alejado del «gobernaremos para toda la ciudadanía» que siempre indican cínicamente al ser elegidos.

Queremos medidas sociales, no policiales.

Y sabemos que es posible.
Sabemos perfectamente que se puede hacer más por la gente vulnerable, pero claro, asignando presupuesto a partidas diferentes, las sociales, lo cual impediría pagar detectives, dispositivos policiales de cara a la galería vendiendo una seguridad ciudadana por encima de lo real (sabemos también más que de sobra que los verdaderos delincuentes no entran en nuestras casas ni nos amenazan con navajas sino que adjudican contratos a dedo a familiares, desvían fondos públicos a espionajes de sus propios partidos o venden vivienda y bienes públicos a terceros a precios de saldo).

Basta ya de tomarnos el pelo y de, además, poner en peligro a toda la ciudadanía.

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