NO PAGAMOS ESTA CRISIS, UNA SALIDA CON JUSTICIA SOCIAL, ECOLÓGICA Y LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS

Hace meses que, cientos de Organizaciones, Colectivos y Plataformas, venimos trabajando en la construcción de una respuesta de la Clase Trabajadora y de la mayoría social, ante el rumbo que están tomando los acontecimientos con motivo de la pandemia por el coronavirus y de la crisis económica y social consecuente.

Una vez más, los poderes económicos y mediáticos, con sus tentáculos en las distintas instituciones y gobiernos, están consolidando su hoja de ruta para volver a salir indemnes de esta situación y hacer recaer todo el peso de las consecuencias económicas y sociales sobre la clase trabajadora y las personas más desfavorecidas, poniendo en primera línea de las prioridades sacar oportunidad de la crisis, obviando cualquier criterio de justicia social y medioambiental, y condenando a millones de personas al sufrimiento durante mucho tiempo.

Las grandes empresas han seguido lucrándose pese a anunciar a bombo y platillo las pérdidas que podían suponer las restricciones. Para ello no han dudado en parasitar lo público sin rubor para nutrir sus beneficios a costa del sufrimiento de las trabajadoras. Tampoco les ha temblado el pulso a la hora de posicionarse los primeros en la fila para recibir los fondos públicos. Mientras, la patronal y los poderes económicos se reúnen en foros y seminarios con el objetivo de articular e imponer a los gobiernos, los criterios políticos para que, una vez más, el peso de las consecuencias de la pandemia recaiga sobre nosotras.

Hasta el momento, se han venido convocando movilizaciones específicas reivindicando imprescindibles cambios en las políticas en materia de sanidad, educación, vivienda, dependencia, residencias, pensiones, redistribución de rentas o modelo de estado, y también por conflictos específicos en sectores de la producción o en empresas concretas.

Creemos que ha llegado el momento de unificar todas esas luchas en torno a una movilización unitaria de impugnación global de la situación:

• En defensa de los Servicios Públicos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Dependencia, Residencias, Transporte, Energía, etc)”.
• Por un ingreso incondicional y suficiente para todas las personas.
• Por una salida a la crisis con justicia social y ecológica.
• Vivienda por derecho, rescatemos personas, no capital.
• Por unas pensiones dignas para todas las personas, con un mínimo de 1084 € y blindadas en la Constitución.

Porque es hora ya de que la Clase Trabajadora y la mayoría social deje claro que no estamos dispuestas a volver a pagar la crisis generada por el coronavirus, con nuestra salud, con nuestros derechos, con nuestras condiciones de vida, con nuestro territorio, el día 7 de noviembre tenemos que demostrar con firmeza nuestra voluntad de lucha y resistencia.

Porque exigimos la potenciación de la sanidad pública con la contratación indefinida de profesionales de la sanidad en todos los ámbitos y responsabilidades, tanto de personal sanitario como de personal auxiliar y administrativo, junto con la eliminación de los conciertos y de la externalización de la gestión.

Porque exigimos la contratación indefinida de personal docente en todos los ámbitos de la educación pública, para bajar las ratios de alumnado, así como de personal auxiliar y administrativo que garanticen la máxima seguridad del alumnado y profesorado, junto con la eliminación de los conciertos y la internalización de servicios.

Porque exigimos la contratación del personal necesario para gestionar los Servicios Sociales y prestar una atención más rápida y de calidad a las personas más desfavorecidas.

Porque exigimos la gestión pública de las Residencias de Mayores, dotándolas de un mayor número de profesionales de todo tipo para asegurar una atención digna y completa a nuestros mayores.

Porque exigimos una mayor dotación de personal en Atención a la Dependencia, siempre contratadas por las distintas administraciones públicas, que permita a las familias conciliar sus necesidades vitales con la atención a sus seres queridos en situación de dependencia.

Porque exigimos la prestación de un servicio público de transporte de calidad, dotando de personal suficiente a las empresas públicas e invirtiendo con criterios de vertebración territorial, llevando un servicio de calidad al ámbito rural, acabando con el hacinamiento de las cercanías en grandes núcleos con el aumento de la oferta de servicios, potenciando el ferrocarril como modo medioambientalmente sostenible, asegurando la intermodalidad con otros modos para llegar al conjunto de la población.

Porque exigimos la gestión pública de la energía y el agua, como bien básico de interés público, para garantizar el acceso a la energía y al agua a toda la población, con precios asequibles y la prohibición del corte de suministro.

Porque exigimos el fin de las violencias machistas, de las brechas salariales, de los techos de cristal, de las discriminaciones por razón de sexo u orientación sexual, con políticas efectivas que impidan su vulneración.

Porque exigimos un ingreso incondicional para todas las personas, que garantice que toda persona puede cubrir suficientemente sus necesidades vitales.

Porque exigimos el fin de la precariedad laboral en todos los ámbitos, la estabilización del personal interino en fraude de ley de todas las administraciones públicas, la regularización de los falsos autónomos como trabajadoras por cuenta ajena y la vigilancia del estricto cumplimiento de las leyes laborales y de prevención de riesgos con el incremento de personal en las inspecciones de trabajo.

Porque exigimos el respeto a los derechos humanos, poniendo fin a las políticas que estigmatizan y discriminan a las personas migrantes, ninguna persona es ilegal, y acabar con la doble moral de colaborar con gobiernos corruptos que someten a su población a la miseria y las empuja a migrar, prohibir la venta de armas a países en conflicto, a países generadores de conflictos y a países que vulneran los derechos humanos con su población.

Porque exigimos el fin de la corrupción en todos los niveles, juzgando y condenando todos los casos conocidos y por conocer, incluido el rey emérito, con la obligación de devolver a las arcas del estado todo el dinero robado u obtenido con prácticas corruptas. También la supresión de las inmatriculaciones de la iglesia católica recuperando todos los bienes inmatriculados para ponerlos a disposición de la sociedad.

Porque exigimos que la salida de esta crisis económica aborde de una vez la crisis social y ecológica que padecemos y que no tiene otro origen que la acumulación de la riqueza, reclamamos justicia social y ecológica, porque no hay forma de vivir ni de trabajar en un planeta moribundo y porque la crisis medioambiental afecta más a las clases más precarias.

Porque exigimos que se restauren los ecosistemas degradados, se proteja la biodiversidad, se descarbonice de la economía, se cierren las centrales nucleares, se transforme el modelo productivo -apostando por las energías renovables, por la agroecología o por la industria de la recuperación- se eliminen los tóxicos y se favorezca el consumo local.

Porque exigimos el derecho a una vivienda digna, aumentando el parque de viviendas públicas para hacer frente a la emergencia habitacional y a la enorme necesidad de amplias capas de la población, a través de la expropiación del uso de viviendas vacías -temporal hasta que no haya un parque público del 15%- de la banca rescatada, de la Sareb y de las que se encuentran en manos de fondos buitre y Socimis, que se dedican a la especulación sin criterios de justicia social, para devolver a la sociedad el rescate impagado.

Porque exigimos prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, (como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021), cuando la propiedad es de gran tenedor, obligando a los bancos a hacer alquileres sociales, y cuando es de pequeño propietario, obligando a las Administraciones a alojar a las familias, cumpliendo así el Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas. Adoptar medidas de limitación y control de precios de los alquileres.

Porque exigimos unas pensiones dignas para todas las personas, con un importe mínimo de 1084 euros/mes, que permita también eliminar la brecha de género, blindadas como Derecho Fundamental en la Constitución. No al pacto de Toledo que recomienda los Planes de Pensiones Privados de Empresa gestionados por bancos y agentes sociales y que quiere alargar la edad de jubilación sin tener en cuenta el alto porcentaje de paro juvenil.

Porque exigimos la creación de una Banca Pública, vinculada a los DDHH, a la mejora del Medioambiente y al desarrollo social y económico de la población.

Porque exigimos una redistribución de la riqueza con medidas fiscales que hagan que quienes más tienen más aporten al bienestar común. Exigimos un nuevo modelo de sociedad, más justo, más igualitario, más respetuoso con la naturaleza, donde las personas y su hábitat sean lo primero.

Por todo ello, convocamos movilizaciones descentralizadas por todo el Estado para el próximo 7 de noviembre de 2020 y apoyamos la Huelga General convocada en Madrid para el 11 de noviembre.

EL 7 DE NOVIEMBRE, PARTICIPA DE LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS

La entrada Plan de Choque Social <br> MOVILIZACIONES UNITARIAS POR TODO EL ESTADO se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Consideramos que las medidas que se han tomado hasta el momento para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 se quedan cortas en la protección de la mayoría de la sociedad, excluyen a los sectores más empobrecidos y no han tocado los privilegios de las elites ni los beneficios de las grandes empresas. Dejar en manos de la patronal, los especuladores y otros poderes económicos nuestras vidas y derechos nunca fue una opción y está provocando graves consecuencias sociales.
Durante los últimos tres meses hemos planteado propuestas urgentes desde los sindicatos, organizaciones y plataformas antiracistas, feministas, ecologistas y sociales para hacer frente al colapso que suponían un rumbo diferente y otro modelo. A la vez, el apoyo mutuo y la autoorganización popular han llegado a dónde ningún Gobierno lo hacía para hacer frente a la emergencia.

El estado de alarma va a finalizar, pero el aumento de la precariedad y la vulnerabilidad que se han producido durante la pandemia se quedan. Las privatizaciones y recortes que han mermado la capacidad de los servicios públicos, y en especial de la sanidad y las residencias, de responder a una situación de emergencia no desaparecen. Las injusticias y desigualdades que se han hecho más evidentes durante el confinamiento siguen ahí. Las personas que sostienen los “servicios esenciales” siguen ahogadas por la precariedad. En este sentido la «nueva normalidad» se parece mucho a la vieja. Es el momento de exigir responsabilidades y luchar por cambios profundos. Es la única manera de proteger la dignidad de todas las personas y prepararse para nuevas emergencias sanitarias.

Las últimas semanas, a medida que avanzaba el desconfinamiento y dejábamos atrás el brote, se están produciendo muchas movilizaciones en defensa de la sanidad pública, contra el racismo y por la regularización de las personas migrantes, contra las violencias machistas, huelgas laborales, por una transformación ecosocial justa o por una renta básica, entre otras. No podía ser de otra forma. En un momento en que las calles vuelven a llenarse había que recuperar también la protesta en el espacio público dada la gravedad de la crisis. Si se puede salir para trabajar, consumir y reactivar la economía también tiene que ser posible la reivindicación con las precauciones necesarias. Las de abajo tenemos que dar una respuesta a la altura de los problemas que sufrimos.

Por estos motivos, el próximo sábado 20 de junio convocamos una jornada de movilización descentralizada y plural por un Plan de Choque Social.  En algunas ciudades hemos confluido con otras movilizaciones en defensa de la sanidad pública o que exigen #RegularizaciónYa. Desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización queremos defender una salida justa a la crisis que necesariamente debe incluir como mínimo estos cinco ejes:

1. Repartir los trabajos y la riqueza. Derogar las reformas laborales del PP y del PSOE. Establecimiento de una renta básica incondicional.
2. Gestión pública de todos los servicios públicos y los bienes comunes. Recuperación de todos los servicios públicos privatizados y de los bienes comunes en manos de las grandes empresas.
3. Garantizar la vivienda digna. Prohibición de los desahucios y suspensión del pago de los alquileres hipotecas y suministros. Ni deudas ni desahucios
4. Garantizar y defender los derechos y las libertades de todas. Regularización inmediata de todas las personas migrantes. Medidas urgentes contra las violencias machistas. 
5. Rescatar a las personas y no al IBEX35: Retorno del rescate bancario y reforma fiscal. Que la crisis la pague la Troika, la banca y el Ibex35.

Por supuesto, pedimos a todas las personas que participen de las convocatorias que sigan las recomendaciones sanitarias como llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad, tanto por responsabilidad hacia las demás personas como por respeto al personal sanitario y su esfuerzo.

¿Dónde?
Plaza de Carlos V
<M> Estación del Arte
RENFE Atocha

¿Cuándo?
Sábado, 20 de Junio a las 20:00 h.[/vc_column_text][vc_separator color=»green»][vc_video link=»https://www.youtube.com/watch?v=kUcKLRQUHic&feature=youtu.be»][vc_separator 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La entrada sáb 20 junio 2020 <br> Manifestación Plan de Choque Social se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de Vivienda, para paliar los efectos de la paralización de la actividad económica, son un nuevo rescate encubierto a la banca y grandes propietarios, basándose otra vez en una transferencia de dinero público al sector inmobiliario español. Hablamos de medidas muy limitadas en su efecto sobre las familias, que son empujadas a endeudarse aplazando los pagos, con el único objetivo de pagar las rentas a los fondos buitres, socimis y la banca.  La moratoria inicial de un mes en el pago de la hipoteca, ya resulta claramente insuficiente, con grandes complicaciones para acogerse a ella. La moratoria de alquileres genera soluciones a nuestro cargo e incompletas y lo mismo pasa con la moratoria en el pago de suministros básicos. También es totalmente injusto, y crea sectarismo social, la diferencia de trato hacia las personas hipotecadas y las inquilinas. Valoramos como positiva la prórroga extraordinaria de contrato de 6 meses, manteniendo así los términos y condiciones del contrato actual y evitando las subidas de alquiler, pero nos parece que es un tiempo escaso, ya que la salida de esta crisis sanitaria nos va dejar en una situación de recesión económica.

El Gobierno va en camino de repetir la historia de la crisis financiera, abandonando a las familias, que no son responsables de su situación. La solución socialmente más justa, para que esta crisis no la volvamos a pagar las de siempre, pasa por exigir la exoneración de las cuotas de alquiler a los grandes propietarios y facilitar líneas de crédito a los pequeños.

La PAH, desde el comienzo de la crisis sanitaria, hemos defendido la exoneración total del pago tanto de hipotecas como de alquileres mientras dure la crisis y algunos meses más, para las familias en situación de vulnerabilidad. Esta petición no es gratuita, dado que, por una parte, los cobradores de las hipotecas son los bancos, a quienes rescatamos con más de 65.725 millones euros que no han devuelto. Los grandes tenedores de vivienda son de nuevo los bancos, las socimis y los fondos buitre. Éstos últimos además se han hecho propietarios de sus enormes parques comprando lotes completos de viviendas a los bancos, muchas de las cuales proceden del millón largo de desahucios ejecutados desde 2008.

Si es importante la medida de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional derivado de contratos de arrendamientos por 6 meses, pero es por un tiempo muy limitado y quedan fuera los desahucios por precario. Por eso la PAH llevamos años exigiendo la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional de forma indefinida, sea cual sea la causa, ya que nosotras no nos olvidamos de aquellas familias que se han visto obligadas a vivir en precario, para dar respuesta al acuerdo internacional que España firmó y por el incumplimiento del cual ya ha recibido 2 informes condenatorios por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU. Sólo pedimos que España cumpla sus compromisos y que proteja a las familias vulnerables hoy y siempre. Es necesario cambiar el terreno de juego. Optar por los derechos humanos y constitucionales, por encima de los intereses de la banca, del resto del lobby del capital especulativo de Fondos y Socimis. Hacer una política valiente que permita la expropiación temporal del uso de viviendas vacias de la banca y Sareb, y, con una fiscalidad progresiva, imponer a Fondos y Socimis unas reglas de corresponsabilidad social, para poder dar respuesta a la emergencia habitacional. 

Ayer conocimos la destrucción de 900.000 empleos desde el inicio del estado de alarma, con un aumento histórico del paro en marzo de 302.265 personas, sumado a la incertidumbre de cómo se resolverán los miles de ERTES presentados, que podrían terminar elevando las cifras del paro a términos que no queremos ni imaginar.  Esta pandemia está destruyendo vidas (en todos los sentidos) y empleos. Cuando esto acabe, muchas pequeñas empresas, autónomos y trabajadores habrán perdido mucho, pero los bancos rescatados, los fondos buitre, las socimis y las energéticas no habrán aportado nada, cobrarán sus cuotas de hipotecas, sus rentas de alquiler y sus recibos de consumo, volviendo a salir de rositas; con el hacha preparada para seguir desahuciando.  Si hay que apretarse el cinturón, nos lo apretamos todas. Si hay parón de producción que afecte a todas las actividades, también a las rentas del capital y que paguen su parte correspondiente de la crisis.

En el nuevo Decreto, se alude a la existencia de un porcentaje del 85% de pequeños propietarios dentro de la estructura de tenedores de vivienda en alquiler, lo que representaría por tanto un volumen considerable de personas que dependen de esta renta para vivir. No obstante, no coincide con la realidad que llevamos años denunciando; invitamos al Gobierno a publicar los datos oficiales que avalen tal afirmación. Como publicaba ayer el Observatori Metropolità Habitatge de Barcelona, en la ciudad de Barcelona el 17% del parque de viviendas está en manos de propietarios con más de 10 pisos.  Además, cuestionamos la definición de gran tenedor que ofrece el Gobierno, aludiendo a aquellas personas físicas con más de 10 viviendas, nos parece abusivo e irreal que se meta en el mismo saco a pequeños tenedores que sí necesitan cobrar el alquiler, con los que viven muy bien de las rentas con el precio medio de cualquier ciudad del alquiler, multiplicado por 10.

Denunciamos que este Gobierno no haya sido capaz de hacer pagar un euro a los grandes propietarios de vivienda. Nos parece inconcebible que el lobby de la banca, fondos y socimis hayan impuesto su ley y que se siga subvencionando con dinero público las ayudas que vuelven a ir a parar a los bolsillos de los especuladores. No se puede entender la falta de responsabilidad de la Banca rescatada, con una deuda aún pendiente de 65.725 millones de euros; que ha instado 1.002.000 desahucios, que se quedó con nuestras viviendas utilizando prácticas mafiosas de cláusulas abusivas, que se ha enriquecido titulizando centenares de miles de créditos. Esta Banca que ha conseguido que la Administración haya estado a su servicio, rematando la jugada con la creación de la SAREB y la reventa de centenares de miles de vivienda a los Fondos Buitre. Fondos a quienes se les ha permitido adquirir viviendas sin control, a unos precios tirados, que están instalados en paraísos fiscales y que, cada vez que se les señala, cortan dedos. Faltaba la creación de las Socimis, donde todos ellos y más confluyen en unas sociedades que buscan en el alquiler el lucro sin medida y que no pagan el impuesto de sociedades, manipulan los precios a través de los portales inmobiliarios, y se les permite saltarse eso que llaman libertad de mercado introduciendo prácticas de tiempos monopolistas para imponer precios impagables a miles y miles de ciudadanos.

Esta crisis no puede ser el motivo para mayor sufrimiento a los de siempre y que un mayor número de personas pierdan su hogar. Para eso esperamos del gobierno una voluntad política más consecuente que de seguridad a las personas y familias vulnerables de que eso no va a suceder. Porque si algo nos demuestra esta crisis sanitaria, es que hay que poner la vida en el centro, y sin vivienda esta no es posible.  Hay que dejar atrás la especulación y la mercantilización de nuestros hogares. No queremos viviendas vacías; queremos que tengan una función social y que la propiedad esté al servicio también del interés colectivo para conseguir el necesario Parque Público de viviendas.

Si el Estado y el Gobierno no da una respuesta social suficiente a la crisis económica rescatando a las personas como hizo con los bancos, nos tendrá enfrente y cuando acabe el confinamiento retomaremos nuestra campaña de movilizaciones. No vamos a consentir que siga habiendo más vidas en juego pagando los efectos de esta nueva dramática crisis. Esta sociedad no puede darnos la opción de comer o vivir bajo un techo. O de comer y pagar los suministros.

El horizonte está marcado por los derechos humanos y constitucionales. Lo seguiremos defendiendo ya sea desde el confinamiento o cuando volvamos a retomar las calles. Seguiremos presionando para construir un hoy esperanzador y un mañana digno, con nuestra campaña #ViviendaPorDerecho y junto a todas las organizaciones sociales unidas para hacer efectivo un Plan de Choque Social real.

En este enlace encontrarás un analisis de las medidas en alquileres para enfrentar la COVID-19 que te ayudaran a conocer en que situación te encuentras

La entrada vie 3 abril 2020 <br> El nuevo Real Decreto del Gobierno sigue siendo insuficiente se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Las medidas para hipotecas, sobre las cuales ya advertimos que eran limitadas e insuficientes, las trataremos próximamente, ampliando el resumen y los documentos útiles que publicamos hace dos semanas (consultar aquí resumen y documentos útiles para pedirla).

Respecto a las medidas para alquileres, la PAH reclama que se exonere a las afectadas y que no haya ni un euro más de dinero público que pueda subvencionar alquileres especulativos de grandes propietarios. En cambio, hay que compensar al pequeño propietario que tiene una vivienda alquilada a un precio asequible para poder vivir y no puede llegar a un arreglo con su inquilino.

Todo el mundo sabe que el problema de la burbuja de precios para inquilinas e inquilinos viene de antes de la COVID-19. Lo demuestran los 253.473 desahucios de alquiler de 2013 a 2019 en España, 65.410 en Catalunya y 16.149 en Barcelona. A la vez que frenamos la curva de contagio, hace falta proteger a las inquilinas de los impagos. Y después de ganar al coronavirus habrá que doblegar la curva de desahucios: los acumulados y los que se fijarán si no se protege ahora a las inquilinas. Necesitamos un plan de choque social.

No obstante, aun con las grandes limitaciones de las medidas que han sido aprobadas, es importante facilitar información a quienes este mes tendrán dificultades para pagar el alquiler.

¿Cuáles son las medidas para inquilinas que se han aprobado?

1) Suspensión por 6 meses de los desahucios de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa: habrá que acreditarlo en los juzgados; se podrá solicitar una vez se levante el estado de alarma, ya que mientras duren los procedimientos de desahucio y los plazos administrativos asociados están suspendidos.

2) Prórroga de los alquileres que finalicen entre el 2 de abril y hasta dos meses después del fin del estado de alarma: por un máximo de 6 meses manteniendo las mismas condiciones, y el arrendador deberá aceptar la solicitud, a no ser que haya otro acuerdo entre las partes.

3) Moratoria de la deuda de alquiler en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda: aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma por acuerdo; y si no lo hay, se podrá solicitar hasta el 2 de mayo el aplazamiento temporal y extraordinario (moratoria). La Propiedad podrá elegir entre reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y posteriores (máximo 4 meses), o una moratoria por el mismo tiempo de éste, que se pagará fraccionado sin intereses durante al menos 3 años, siempre dentro de la vigencia del contrato.

4) Modificación de las condiciones contractuales en el caso de pequeños propietarios: aplazamiento o la condonación total o parcial de los alquileres con carácter voluntario-acuerdo; y si no se alcanza, se podrá pedir hasta el 2 de mayo el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, al cual la Propiedad debe responder en 7 días laborables las condiciones que acepta o posibles alternativas.

5) Avales estatales para pagar los alquileres y ayudas públicas para devolver los microcréditos:  los primeros se solicitan a las entidades bancarias con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogables y sin gastos e intereses para el solicitante, por un importe máximo de 6 mensualidades y para ambas situaciones (3 y 4). Las ayudas son para devolver las ayudas transitorias de financiación (microcréditos) de aquellos hogares que no se hayan recuperado, hasta 900 €/mes y hasta el 100% de la renta de alquiler. Se pedirán a las comunidades autónomas y aún no están activas.

¿Entramos mi familia y yo en estas medidas? 

Para poder acogerse a cualquiera de estas medidas, la unidad familiar debe estar y poder acreditar una situación de vulnerabilidad económica definida por la ley (ver documento de resumen), cumpliendo dos supuestos: (a) situaciones de impacto económico laboral por COVID-19 (desempleo, ERTE, reducción de jornada por cuidados en caso de ser empresario, otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos), siempre que los ingresos de  la unidad familiar no superen el mes anterior a la moratoria e ingresos que no superen el mes anterior a la moratoria 1.613,52€ (3 IPREM mensual, con ampliaciones por supuestos concretos); y (b) cuota de alquiler + suministros ≥ 35% ingresos netos de la unidad familiar.

¿El que me alquila es un gran tenedor-propietario o un pequeño propietario?

Es un gran tenedor la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos (viviendas, locales, solares, edificios en construcción), excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m². El resto son considerados pequeños tenedores por esta ley (aunque una empresa con menos de 10 inmuebles o un particular con 9 viviendas, debería ser considerado como tal).

¿Qué plazos tenemos para solicitarlas? 

Muchos alquileres se pagan antes del 2-5 de abril, por lo que aunque el plazo para la solicitud de condonaciones o moratorias es hasta el 2 de mayo, sí tiene urgencia presentar cuanto antes los escritos y documentación acreditativa. No hay que preocuparse por los plazos de solicitud para la suspensión de los desahucios de alquiler, ya que aplican a partir de que se levante el estado de alarma, estando actualmente parados.

¿Cuándo podré acceder a los documentos útiles para solicitarlas?

Para facilitar el empoderamiento y defensa de las personas y puedan beneficiarse de las medidas, se ha resumido todo ello en un documento con la información básica (ver adjunto).

En este momento, estamos trabajando ya en documentos útiles para solicitar tales medidas, que próximamente colgaremos en nuestras webs, priorizando primero los más urgentes.

La ley que hay que consultar para más información es el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Las medidas de alquileres están en los artículos del 1 al 15, y las de hipotecas y otros créditos en los artículos del 16 al 27. 

La entrada jue 2 abril 2020 <br> Analisis de las medidas en alquileres para enfrentar la COVID-19 se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

A continuación resumimos las líneas básicas y presentamos un Documento Útil para solicitarlo a tu entidad bancaria. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a afectadosporlahipoteca@gmail.com

Base normativa

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
• Enlace: BOE
• Moratoria de deuda hipotecaria para adquisición de vivienda habitual: arts. 7-16.

Ámbito de aplicación

• Contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria para adquisición de vivienda habitual.
• Deudor en los supuestos de vulnerabilidad económica del artículo 9 del RDL.
• Extensivo a fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual.

Situación de vulnerabilidad económica

Cuatro supuestos. El texto no es claro sobre si se deben cumplir los 4 o sólo 1. Indica literalmente: “cuyo deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el artículo 9 de este real decreto-ley”. Como hay interpretaciones diferentes, aplicaremos la más favorable para el consumidor:

• 1. Nueva situación de desempleo o empresarios/profesionales con pérdida sustancial de ventas/ingresos (mínimo 40%).
• 2. Ingresos unidad familiar no superen el mes anterior a la moratoria:
  • Carácter general: 3 IPREM mensual = 1.613,52€.
  • +0,1 x hijo a cargo = 53,78€.
  • +0,15 x hijo a cargo para familias monoparentales = 80,68€.
  • +0,1 x mayor de 65 años = 53,78€.
  • Unidad familiar con persona con discapacidad > 33%: 4 IPREM = 2.151,36€.
  • Deudor hipotecario con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual, todas > 33%; discapacidad física o sensorial > 65%, enfermedad grave que incapacite al deudor o su cuidador para trabajar: 5 IPREM = 2.689,20€.
• 3. Cuota hipotecaria + suministros > 35% ingresos netos de la unidad familiar.
• 4. Alteración significativa de las circunstancias económicas de la unidad familiar a causa de la emergencia sanitaria: el esfuerzo de la carga hipotecaria se haya multiplicado mínimo 1,3.

Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores

Si son vulnerables, podrán exigir que el banco agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda a ellos. No excluye la aplicación del Código de Buenas Prácticas al deudor principal.

Acreditación de las condiciones de vulnerabilidad

• Desempleo: certificado de prestaciones con la cuantía mensual percibida.
• Cese de actividad: certificado expedido por Hacienda o la CCAA.
• Número de personas que viven en la vivienda:
  • Libro de familia o certificado de pareja de hecho.
  • Certificado de empadronamiento actual y que abarque los 6 meses anteriores.
  • Declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente (si es el caso).
• Titularidad de los bienes:
  • Nota simple de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras de la compraventa y la hipoteca de la vivienda.
• Declaración responsable indicando que se cumplen los requisitos del RDL.

Solicitud y concesión

• Desde el 19 de marzo.
• Hasta 15 días (3 semanas) después del fin de la vigencia del RDL. Eso es, si no hay una modificación para ampliar su vigencia, el 3 de mayo de 2020.
• Una vez realizada la solicitud, el banco deberá implementarla en un máximo de 15 días (3 semanas).

Efectos

• Suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de vigencia. No se puede exigir el pago, pero la cantidad que se debe se mantiene igual. ¡No es una condonación! Tampoco se podrá exigir el pago de cualquier otro concepto que integre la cuota hipotecaria: amortización del capital, pago de intereses. No se devengarán intereses.
• Inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado durante la moratoria.

Consecuencias de aplicación indebida

• Si un deudor hipotecario se beneficia de las medidas sin cumplir con los requisitos será responsable de daños y perjuicios, así como otros gastos de aplicación de las medidas.
• El importe de esta indemnización no podrá ser inferior al beneficio que haya obtenido.
• También será responsable el deudor que busque situarse o mantenerse en las condiciones de vulnerabilidad a propósito para ser beneficiario de las medidas.

Si cumples con los requisitos, deberás acudir o contactar con tu banco para solicitar que activen el mecanismo y aportar la documentación requerida. Ten en cuenta que algunos de los documentos deberás pedirlos antes a Hacienda o tu Ayuntamiento, así que no te duermas.

Descarga aquí el documento útil para presentarlo en tu entidad bancaria.

Lógicamente, esta moratoria se queda muy corta y seguiremos luchando para que esta crisis no la paguen las de siempre. Necesitamos un plan de choque social que no deje a nadie en la cuneta. Ejerce tus derechos.

¡Sí Se Puede!

La entrada jue 19 marzo 2020 <br> Resumen Moratoria hipotecaria COVID-19 y Documento Útil para solicitarla a tu banco se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.