Los días 26 y 27 de marzo, los movimientos por la vivienda de toda Europa saldrán a la calle por tercera vez durante el Día de Acción por la Vivienda 2022 en acciones coordinadas para exigir la protección y aplicación efectivas del derecho a una vivienda adecuada y a la ciudad. Al igual que en otros países del mundo, la población de las ciudades europeas se enfrenta a graves problemas de acceso a la vivienda. La creciente mercantilización y financiarización transnacional de la vivienda ha tenido un impacto directo en la vida de los habitantes, con altas tasas de desahucios, aumento de los precios de los alquileres, gentrificación, turistificación y una falta general de participación en la toma de decisiones relacionadas con las políticas de vivienda y la gestión democrática general de las ciudades y los territorios.

En los últimos años, los grupos y organizaciones locales se han movilizado y articulado cada vez más no sólo para denunciar la situación actual sino para plantear resistencias y alternativas concretas a los modelos vigentes. Desde el referéndum en Berlín sobre la expropiación de los grandes propietarios hasta la movilización colectiva para aprobar la legislación que busca una mayor protección contra los desahucios en Catalunya, así como la organización comunitaria en torno a la gestión colectiva de la vivienda y el suelo en ciudades de Bélgica y Francia, las alternativas existen y están siendo planteadas por las organizaciones comunitarias.

Objetivo
En un día en el que muchos países europeos verán el fin de sus moratorias de invierno para los desahucios, este evento pretende reunir a diferentes movimientos por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad de toda Europa para intercambiar sobre estrategias concretas para afrontar los retos comunes. El debate se iniciará a partir de las movilizaciones llevadas a cabo durante el Día de Acción por la Vivienda 2022, centrándose en las diferentes protestas y acciones llevadas a cabo, para luego avanzar hacia un debate conjunto sobre las estrategias comunes para proteger el derecho a la vivienda y la ciudad en Europa frente a las actuales políticas de recuperación económica y acción climática en el continente.

El evento tratará de promover la puesta en común de cuáles son los problemas centrales a los que se enfrentan las comunidades en diferentes ciudades europeas y señalar las iniciativas y propuestas concretas que se están llevando a cabo y articulando, con el objetivo de apoyar el intercambio y la coordinación entre los diferentes movimientos. Además, el debate tratará de complementar los esfuerzos que se están llevando a cabo en otras regiones a través de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y la Coalición Internacional del Hábitat para tener una posición regional sobre cuáles son las demandas y estrategias clave que están llevando a cabo los movimientos en las diferentes regiones antes de la revisión oficial de los 5 años de la aprobación de la Nueva Agenda Urbana de la ONU en abril.

Con participación de:
● Pascale Thys, Habitat et Participation, Bélgica
● David Bodinier, NextPlanning, Francia
● Iva Marčetić, Right to the City Zagreb, Croacia
● Guillem Domingo, Observatori DESC, España
● Alexander Freidiani, HIC e International Institute for Environment and Development, Reino Unido
● Yolande Hendler, Coalición Internacional del Hábitat (HIC)
● Más por confirmar

Inscripciones abiertas en el siguiente enlace.

¿Cuándo?
Jueves, 31 de Marzo de 11:00 h. a 13:00 h.

Fuente: Observatori DESC

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Una de las herramientas que más están empleando actualmente para intentar limitar y controlar a la sociedad civil son los SLAPPs o demandas estratégicas contra la participación pública. Es decir, los grupos de poder promueven procesos judiciales con el único objetivo de atacar a determinadas entidades que denuncian sus prácticas o interfieren en sus intereses económicos, en favor de los derechos de toda la ciudadanía. Estas corporaciones invierten gran cantidad de recursos en la interposición de querellas, demandas, u otras acciones judiciales sin fundamento para desprestigiar a las entidades o movimientos sociales que les incomodan. Saben que la mayor parte de este tipo de acciones judiciales ni siquiera llega a juicio, pero no les preocupa porque la intención última es otra: no se inician para ganar en los tribunales, sino para obligar a personas y entidades con menos poder a dedicar gran parte de su tiempo y recursos a defenderse, tanto judicial como públicamente.  Por otro lado, y tal y como denuncian las organizaciones y sindicatos de periodistas, las SLAPPs también se utilizan contra el periodismo crítico con el objetivo de evitar informaciones sobre abusos y prácticas criminales.

Recientemente, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que, como ha quedado acreditado, tiene muy poco de transparente, ha interpuesto una querella por un supuesto trato de favor del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona hacia algunas entidades de defensa de derechos humanos de Catalunya, como son el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, ​​o la Alianza contra la Pobreza Energética. No es la primera vez que lo intentan. Recientemente, la fiscalía ha archivado una demanda idéntica. Ahora, la querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona. Estamos convencidas de que la querella se archivará en cuanto el juzgado compruebe que la literatura que plantea no se corresponde con la realidad, pero, mientras tanto, se quiere hacer creer a la ciudadanía que organizaciones con una larga trayectoria que, con mucho esfuerzo, luchan por el derecho a la vivienda o al agua, son en realidad «chiringuitos» que se financian por «amiguismos», un discurso que lamentablemente hay sectores políticos y mediáticos que alimentan.

Se trata de un intento -orquestado- de amenazar los mecanismos de financiación pública de las organizaciones que defienden los derechos sociales básicos frente a su mercantilización. Hoy están atacando a estas entidades y plataformas, pero mañana puede ser cualquier otra organización que afecte a sus intereses.

La preocupación por el daño social que están generando este tipo de demandas abusivas ha llevado a la Comisión Europea a actuar frente a los SLAPPs o litigios abusivos contra periodistas y defensores de los derechos humanos. De hecho, ya se han iniciado los trámites para aprobar una directiva que haga frente a esta estrategia que amenaza a la participación pública y supone un claro ataque contra la democracia.

Las políticas públicas de defensa de los derechos humanos están en peligro. Las entidades pedimos a las y los representantes de las diferentes fuerzas políticas que apoyen a todas las organizaciones de defensa de derechos humanos y de justicia global y que no utilicen estas estrategias de los grupos de poder como un arma arrojadiza.

También pedimos un pronunciamiento del conjunto de los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona en defensa de las organizaciones que trabajan para hacer efectivos los derechos colectivos y que están siendo atacadas por esta demanda abusiva, interpuesta por una entidad opaca y aparentemente ligada a grupos corporativos internacionales.

Invitamos también a la ciudadanía a conocer directamente nuestras entidades y el trabajo que hacemos, así como, en general, el mundo asociativo. En Catalunya, el tejido asociativo es muy fuerte y estamos seguras de que seguirá siéndolo, a pesar de los ataques en contra, y gobierne quien gobierne. Queremos recordar a toda la ciudadanía que los grupos de poder controlan también muchos medios de comunicación y, por eso, siempre es necesario informarse de forma crítica. Al mismo tiempo, aprovechamos para hacer un llamamiento a la ciudadanía para implicarse más aún en las luchas y las iniciativas sociales y solidarias.

Fuente: PAH Barcelona

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