La vivienda no es un bien de mercado, es un derecho. Es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Carta Social Europea y en la Constitución Española, que en su artículo 47 protege el “derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

El derecho a la vivienda sostiene otra serie de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, la salud o la educación. Es uno de los ejes fundamentales para garantizar una vida digna a cualquier ser humano, sea quien sea, venga de donde venga o viva donde viva.

Sin embargo, desde hace bastante tiempo, venimos constatando como este derecho fundamental para la vida se ha convertido en uno de los nichos de mercado más lucrativos para la banca, las grandes corporaciones y para empresas y rentistas dedicados a la especulación.

El rentismo se ha convertido en una actividad económica que ha socavado gravemente las condiciones de vida de la ciudadanía. La especulación inmobiliaria, especialmente la que atañe al mercado del alquiler y los pisos turísticos, ha generado unas condiciones absolutamente insostenibles para acceder a una vivienda. El exiguo parque de vivienda pública existente no solo no es suficiente para hacer frente a esta dramática situación, sino que ha sido y es objeto de venta y negocio propiciando que, mientras un pequeño sector de la población se enriquece, el resto de la ciudadanía debe afrontar condiciones inasumibles. Este modelo no solo no produce ningún beneficio o avance para la sociedad sino que ha generado un tensionamiento del precio de la vivienda sin precedentes con unas consecuencias desastrosas. Los barrios residenciales están siendo sustituidos de forma progresiva por enormes complejos turísticos incompatibles con la vida, gentrificados, asequibles únicamente a personas de elevadas rentas o troceados entre empresas cuyo único objetivo es vivir de forma parasitaria del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Esta es una de las principales causas de que la población joven de nuestro país no pueda acceder a la vivienda y de que la emancipación se haya convertido en una quimera que solo puede alcanzar la clase más pudiente. Es la causa del empobrecimiento general de una sociedad que ha normalizado los desahucios como una práctica cotidiana porque existen familias que no pueden hacer frente a las imposiciones económicas de un mercado desregulado e injusto controlado por los que más tienen.

Esta realidad es posible porque todas las administraciones del estado, en mayor o menor medida, han hecho dejación de funciones, procurando jugosos negocios a banca y especuladores. Ahora es necesario revertir esta situación y que todos los poderes del estado asuman sus responsabilidades legales y sociales.

Como primera medida, es necesario y urgente ampliar el parque público de vivienda, teniendo en cuenta los nuevos retos del presente como el cambio climático, creando y rehabilitando viviendas energéticamente sostenibles, generando un marco de convivencia saludable con el medio ambiente y garantizando la accesibilidad económica para toda la ciudadanía.

Así mismo, las viviendas vacías en manos de grandes tenedores destinadas al turismo o al rentismo como práctica económica, deben ser recuperadas y reconvertidas para su verdadero propósito: ser hogares. No es aceptable que haya casas sin gente cuando hay gente sin casa.

No es satisfactoria la tibia posición que ha venido manteniendo sobre este tema el Gobierno de España. A pesar de que la puesta en marcha de la nueva de Ley de Vivienda ha sido un paso adelante en la dirección correcta, no ha solventado muchos de los problemas estructurales de la crisis que estamos sufriendo puesto que no recoge la obligación de proporcionar una vivienda digna, adecuada y asequible a quien la necesite; la prohibición real de desahucios sin alternativa habitacional, la penalización por el uso especulativo de las viviendas o la intervención y regulación de precios para evitar subidas insostenibles. Igualmente, tampoco ha recuperado la obligación de los promotores de actuaciones urbanísticas de destinar un porcentaje de los nuevos inmuebles a vivienda social. Además, la SAREB, del que es accionista mayoritario el Gobierno, está desahuciando y vendiendo parte de su parque de viviendas a fondos buitre.

En la Comunidad de Madrid, el modelo implementado durante décadas por el Partido Popular ha ocasionado que acceder a una vivienda digna sea prácticamente imposible. A raíz de la crisis de 2008, a la par que se criminalizaba toda forma de ocupación – sin tener en cuenta que en numerosas ocasiones es el último recurso de familias vulnerables para tener un techo – se vendía el parque de vivienda pública a precio de saldo a los denominados fondos buitre. De igual manera, durante estos años se ha favorecido que el negocio del turismo se imponga sobre las necesidades de los barrios, ocasionando que las ciudades ya no sean de sus vecinos y vecinas, expulsados del centro a barrios o municipios de la periferia donde tampoco es posible encontrar una vivienda con unas condiciones asequibles, que incluso muchas veces son discriminatorias por motivos de edad, raza, género, discapacidad, renta o procedencia.
Desarrollos como la Operación Chamartín o la Operación Campamento no hacen sino poner en evidencia que la última prioridad son las necesidades sociales. Esta situación es completamente insostenible.

A pesar de ello, la actitud de la Comunidad de Madrid en sus sucesivas reformas legislativas ha sido la de seguir favoreciendo la especulación urbanística incluso a costa de sacrificar valiosos entornos medioambientales. En una Comunidad con más de ciento ochenta mil viviendas vacías, en lugar de reordenar y regular las existentes, apuesta por seguir construyendo sin control miles de nuevas viviendas que no solventan ninguno de los problemas reales de las
familias y que, además, tienen un impacto muy negativo en zonas de alto valor ecológico.

El Gobierno regional impulsa este modelo que es incompatible con la vida digna, el respeto a nuestro entorno natural y que segrega a la población madrileña. Gobierno que incluso se ha declarado en rebeldía a la hora de aplicar políticas que palíen el incremento del precio del alquiler como es la declaración de zonas tensionadas. Este modelo incide directamente en el aumento de un mayor riesgo de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, que en la región alcanza a 1’5 millones de personas, de las cuales 300 mil son menores de edad. No debemos pues extrañarnos que el fenómeno del sinhogarismo crezca de una forma alarmante en nuestra Comunidad.

Mención aparte merece su desidia y falta de empatía respecto al problema que ellos mismos generaron en San Fernando de Henares con la construcción de la línea 7B de Metro. Ignorando todos los informes técnicos han ocasionado que haya más de 600 viviendas agrietadas, 21 calles afectadas, 73 hogares derribados, comercios y espacios públicos demolidos y la devaluación generalizada de un municipio que, literalmente, se hunde… O como el caso de la Cañada Real, donde más de 4.000 personas, la mitad niños y niñas, llevan cuatro años sin suministro eléctrico, incumpliendo el Pacto Regional que firmaron todas las administraciones para dignificar el barrio.
Tampoco la mayor parte de los ayuntamientos son inocentes de la actual situación. Además de no preparar a las ciudades para el impacto del cambio climático, llegando incluso a talar masivamente árboles o de minimizar las zonas de bajas emisiones a pesar de que ello suponga un alto peaje en vidas humanas, siguen sin aplicar las medidas a su alcance para limitar la especulación como es aplicar un tipo más elevado de IBI a las viviendas vacías o impulsar
parques públicos de vivienda social incorporando, principalmente, a los mismos viviendas ya existentes desocupadas.

En definitiva, utilizan sus competencias en urbanismo únicamente para cuadrar sus balances presupuestarios en lugar de para procurar un entorno social y medioambientalmente sostenible.

Para cambiar el actual estado de cosas, exigimos:

1.- La ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención y urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler que fuercen una reducción de precios, la recuperación de los contratos de alquiler indefinidos o el impulso de un Plan Estatal de Vivienda Pública. Igualmente el gobierno central debe intervenir y adoptar medidas para el cumplimiento por parte de la Comunidad de la mencionada Ley.

2.- La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda y la declaración obligatoria de zonas tensionadas cuando se superen ciertos parámetros que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, limitando los precios, la especulación y estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas.

3.- El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de la vivienda de protección social en alquiler. Reclamamos que desde las competencias municipales, autonómicas y estatales se adopten las medidas necesarias para ampliar el parque público de vivienda de completa titularidad pública y alquiler social asequible así como la recuperación de viviendas vacías y del parque de todas las viviendas públicas enajenadas a fondos buitre o en manos de la SAREB, fondos de inversión o bancos, incluso expropiando las
mismas por interés social.

4.- La adopción de garantías legales por parte de las administraciones públicas de que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento.

5.- La suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos en los barrios y/o municipios con alta demanda de vivienda en alquiler así como el cierre de los actualmente existentes en situación irregular y la imposición de sanciones que correspondan y su puesta inmediata en el mercado de alquiler.

6.- La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda.

7.- La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones que hagan cumplir la nueva normativa en materia de protección de la vivienda.

8.- El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, facilitando la suscripción de contratos de suministro de energía y creando mesas de trabajo para atender las demandas vecinales.

9.- La solución de la situación creada en San Fernando mediante un pacto regional que proteja a las familias y salvaguarde su derecho a una vivienda digna.

10.- La preservación y refuerzo en cualquier proyecto urbanístico de los valores medioambientales de los entornos a los que afecten.

Estas exigencias no pueden ser un simple grito al aire de desesperación y rabia. Tienen que abrir un nuevo camino y concretarse en un trabajo cotidiano que asegure el cumplimiento de todos nuestros objetivos. Por eso, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se organice en los centros de estudio, centros de trabajo, asociaciones vecinales, asambleas y cualquier espacio social colectivo.

Nuestro futuro está en juego, y solo organizándonos, construyendo un contrapoder real y sólido podremos conquistar nuestros derechos. Nuestra reivindicación es clara: la vivienda es un derecho, no un privilegio, y lucharemos por ella hasta las últimas consecuencias.

Descarga AQUÍ el Manifiesto completo en PDF.

CONVOCAN

Asociación Apoyo
Plataforma de Afectados/as por la L7B de Metro en San Fernando de Henares
No al Pelotazo en la Ermita del Santo
AV Pasillo Verde-Imperial
Otra Boadilla
Asamblea de Vivienda de Usera
PAH Leganés
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
Greenpeace
Rebelión o Extinción Madrid
Amigas de la Tierra
Marea Naranja Madrid
Casa de la Cultura y la Participación de Chamberí
Sindicato de Estudiantes
Sindicato de Inquilinas
Sindicalistas de Izquierda
Frente Único del Pueblo
Club de Debates Urbanos
Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad
Fridays For Future
Mesa del Árbol de Carabanchel
FACUA
Ideas en Guerra
Recortes Cero
AV Zarzaquemada de Leganés
Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid:
Amnistía Internacional
ATTAC Madrid
CAES
CCOO de Madrid
Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid
Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS)
Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda-Rivas
Cuarto Mundo
Foro Servicios Sociales
FRAVM
Fundación San Martín de Porres
Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real
UGT Madrid.

APOYAN

ARBA
GRAMA
Asociación Ecologista del Jarama El Soto
Jarama Vivo
Liberum Natura
Podemos
Izquierda Unida
Más Madrid
Movimiento Sumar
PCE Madrid (PCM)
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE)
PCTE
CJC

La entrada dom 13 oct 2024 <br> MANIFIESTO <br> Vivienda Por Derecho se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

¿Dónde?
Ateneo Popular de Alcorcón
c/ Virgen de Icíar, 15
<M> y Cercanías Alcorcón Central
Bus 512 (desde Príncipe Pío) y 450 (desde Getafe y Leganés)

¿Cuándo?
Martes, 18 de Julio a las 18:00 h.

La entrada mar 18 julio 2023 <br> Taller de la nueva Ley de Vivienda se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

¡ACUDE! ¡APOYA! ¡DIFUNDE!

¿Dónde?
Congreso de los Diputados
Carrera de San Jerónimo
<M> Sevilla (L2) y Sol (L1, L2, L3)
Cercanías Sol

¿Cuándo?
Martes, 24 de Enero a las 10:30 h.

La entrada mar 24 enero 2023 <br> Concentración <br> La Vivienda ES derecho se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

El Partido de gobierno que se autodenomina «socialista» y «obrero» tiene bloqueado el proyecto de Ley de Vivienda que podría proteger a la ciudadanía ante los abusos del mercado inmobiliario, de los bancos y los fondos buitre.
Es por eso que exigimos de una vez por todas a Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una Ley de Vivienda que incluya:

Garantía de una alternativa habitacional digna y adecuada en caso de desahucio.
Ni un desahucio más sin alternativa de vivienda.

Regulación de los precios de los alquileres.
Bajar los precios a niveles asumibles por las familias, acordes a los costos de vida.

Alquileres sociales obligatorios para grandes propietarios y ampliación del parque público de vivienda para frenar los desalojos es necesario brindar alternativas.
La vivienda no puede ser sólo un negocio para pocos.

Medidas de protección para las personas con #hipotecas.

Protección a las personas sin hogar.

¿Dónde?
Frente a la Sede del PSOE
c/ Ferraz, 70
<M> Ventura Rodriguez (L3)
MADRID

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La entrada jue 10 noviembre 2022 <br> El movimiento de vivienda instalamos nuestras casas de cartón frente a la sede del PSOE en Madrid se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Posteriormente, celebraremos una rueda de prensa junto a los leones en la que nos acompañarán los partidos que dieron apoyo a nuestra propuesta legislativa y explicaremos cómo participaremos de las negociaciones de la ley.

¿Dónde?
Frente al Congreso de los Diputados (junto a los leones)
<M> Sevilla y Sol
Cencanías Recoletos

¿Cuándo?
Jueves, 31 de Marzo a las 11:00 h.

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La entrada jue 31 marzo 2022 <br> Rueda de prensa <br> Por una Ley que garantice la Vivienda se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Los grandes propietarios hicieron una campaña mediática afirmando que el control de rentas desincentivaría la oferta. Casi dos años después, los datos oficiales no dicen lo mismo: en 2021 se hicieron un 24% más de contratos que en 2020. A pesar de la pandemia, los datos de 2021 están por encima de los de 2019: entonces se firmaron 162.000 contratos, frente a los 167.000 de 2021.

En cuanto a los precios, el resultado es claro. En Catalunya los alquileres han bajado un 1.4% después de años de subidas desorbitadas muy por encima de los sueldos. En Barcelona el descenso llega hasta un 4.8%. Incluso hay distritos en los que la bajada de precios aún ha sido mayor:

• Ciutat Vella (-7.4%)
• Eixample (-6.3%)
• Gràcia (-5.7%)
• Sants-Montjuïc (-5.6%).

La media del alquiler de la ciudad es ahora de 918 euros mensuales.

Por todo ello, es de la máxima urgencia que la futura Ley Estatal de Vivienda recoja los aprendizajes de Catalunya y tantos otros países europeos y fije un control de rentas efectivo e inmediato.

Fuente: Twitter Lucía Martín

Y a esto se añade que ayer el #TC tumbó la ley catalana de contención de rentas!
No decían que la #LeyDeVivienda Estatal invadía competencias autonómicas? https://t.co/UyvcYtceGl

— Coordinadora de Vivienda de Madrid (@AlertaDesahucio) March 11, 2022

HOY nos levantamos con esta grave noticia: El #TC tumba la ley que limita el precio del alquiler en Barcelona y otras 60 ciudades en #Cataluña.
Miles de familias quedarán ahora desprotegidas! https://t.co/xIW9BIE4zp

— Coordinadora de Vivienda de Madrid (@AlertaDesahucio) March 11, 2022

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La entrada El Tribunal Constitucional, a instancias del PP, suspende la ley catalana de control de precios de los alquileres. se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

¿Dónde?
A través de ESTE ENLACE de Zoom.

¿Cuándo?
Miércoles, 2 de Febrero a las 19:00 h.

La entrada mié 2 febrero 2022 <br> Conferencia <br> Por unas Viviendas Dignas para Tod@s <br> Campaña Hacia un Otoño Caliente se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Y las cosas están cambiando.

Las compañeras de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, Asambleas y Sindicatos de Vivienda y colectivos Stop Desahucios de Madrid hemos hecho balance de este año que termina y os lo resumimos mucho mucho en ESTE HILO de twitter.

En 2022, más y mejor.

Sí, se puede.
¡CLARO QUE SE PUEDE!

La entrada PAHs y colectivos de Vivienda de Madrid hacemos balance de 2021 se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Nueve partidos han aceptado que la votación de nuestro texto se haga el martes 14 de diciembre para poder ser incluido en el debate del anteproyecto de ley de vivienda pactado entre PSOE y UP.

El PSOE debe elegir entre votar SÍ y dar paso al derecho a la vivienda en la legislación española o votar NO/Abstención y ponerse del lado del PP, Cs, Vox y sus amos los especuladores.

Por ello, os convocamos a todas ante las sedes del PSOE de cada ciudad y delante del Congreso de los Diputados.

¿Cuándo?
Martes, 14 de Diciembre a las 12:00 h y a las 19:30 h.

¿Dónde?
Delante del Congreso de los Diputados.
Carrera de San Jerónimo s/n.
<M> Sevilla

¡SÍ SE PUEDE! pero el PSOE parece no querer.

Sigue desde AQUÍ el debate en el canal del Congreso.

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La entrada mar 14 diciembre 2021 <br> El Congreso vuelve a discutir la Iniciativa Ley de Vivienda se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

El texto será presentado por los partidos Bildu y Cup, quienes ya la registraron el pasado 30 de septiembre junto con los grupos ERC, JuntsXCat, Podemos, Compromís, Más País, BNG y Nueva Canarias, y corroboraron su compromiso con las organizaciones sociales. Para que la tramitación del texto sea posible serán necesarios también los votos de PSOE, quien todavía no se ha posicionado al respecto de esta ley. 

En caso de que la Ley de Garantía al Derecho a la Vivienda pasará a trámite, ésta pasaría a proceso de discusión junto a la Ley Vivienda validada por el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre. 

Las organizaciones sociales que conformamos la Iniciativa Ley Vivienda, hemos presentado este mismo mes alegaciones al anteproyecto de Ley Vivienda pactado por los socios de Gobierno, ya que tiene grandes carencias y no garantiza este derecho fundamental. Por ello, instamos al PSOE a que vote a favor de la tramitación de la Ley por el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada que sí garantice el ejercicio de este Derecho Fundamental. 

Los últimos datos de desahucios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ponen de manifiesto que España necesita medidas estructurales y de calado urgentemente. Las 8.659 familias que han sido desahuciadas entre los meses de julio y septiembre de 2021 con escudo social sólo es la punta del iceberg de la emergencia habitacional cronificada que vivimos en este país y que debemos poder, de una vez por todas, dejar atrás.

El próximo 14 de diciembre el PSOE tiene que elegir si ponerse del lado de las personas y del derecho a la vivienda o bien seguir el legado del Partido Popular y legislar para los desahuciadores, los responsables de la burbuja inmobiliaria: bancos y fondos de inversión.

Descarga AQUÍ la nota de porensa en formato PDF.

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