Hace ya 7 años que la Ley Mordaza se utiliza para recortar nuestros derechos, para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que actúan en la defensa de los derechos humanos.

Dentro de muy poco se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso. Pero hay algo peor: tal y como se plantea no prevé eliminar los elementos que más dañan los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza.

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Con una mordaza frente al Congreso de los Diputados, representantes de trece entidades y colectivos junto a la plataforma No Somos Delito han expresado así, en las escaleras de entrada del Parlamento, la necesidad de “aprovechar la última oportunidad” que suponen las negociaciones sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para “quitarnos de una vez todas las mordazas” que se mantienen aún en el proyecto de reforma presentado.

“Amordazada, así está la sociedad civil en nuestro país desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015, y lo seguirá estando si no se acuerdan a partir de hoy cambios significativos en las negociaciones entre los partidos que tendrán lugar esta semana. Por eso, pedimos a los grupos parlamentarios que cumplan con sus compromisos y podamos volver a disfrutar del derecho a la protesta y la libertad de expresión de forma plena”, afirmó Sol Román, portavoz de No Somos Delito. 

Desde estas entidades reclaman a los partidos, en particular a los que forman parte del Gobierno y sus apoyos parlamentarios, que escuchen a las miles de personas y más de 130 organizaciones y colectivos que el pasado 13 de febrero se lanzaron a la calle en 25 ciudades bajo el lema “Ni Ley Mordaza ni mordaza maquillada”. Las entidades quisieron recordar particularmente el compromiso del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, tras su investidura, anunció que su Ejecutivo iba a “avanzar en derechos derogando la ley Mordaza, porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión”.

“Ayer se cumplieron dos años de la declaración del Estado de Alarma durante el cual documentamos numerosas sanciones arbitrarias que fueron posibles gracias a esta norma. En los próximos días, los partidos tienen una nueva oportunidad de recuperar el retroceso de derechos que se produjo hace siete años y que nuestra ley sea realmente una garantía de derechos y libertades, acorde con los estándares que marcan organismos como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa”, reivindicó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.

“La protesta pacífica es un síntoma de salud democrática que la Ley Mordaza lleva ya demasiados años acorralando. Es en estos tiempos complejos cuando más necesitamos las voces de los y las activistas que salen a las calles a señalar a las empresas contaminantes o a exigir al Gobierno mayor ambición climática. Necesitamos una Ley de Seguridad Ciudadana que garantice verdaderamente el derecho a la protesta, dejando atrás la criminalización de los movimientos sociales que la Ley Mordaza nos legó”, ha señalado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

En el acto de protesta estuvieron presentes además representantes de las siguientes entidades y colectivos: Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Coordinadora de Vivienda en Madrid, Defender a Quien Defiende, Federación de Sindicatos de Periodistas, Irídia, Plataforma por la Libertad de Información, Rights International Spain y el Sindicato de Manteros.

Puntos clave para quitar la mordaza

Desde las organizaciones señalan que, a pesar de algunos avances, en el actual borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana propuesto por los partidos de gobierno, se mantienen ocho elementos preocupantes:

 – “Resistencia, desobediencia o negativa a identificarse» (36.6) y «faltas de respeto a la autoridad» (37.4). Estos dos artículos han supuesto más del 70% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana entre 2015 y 2019. Ninguno de ellos se modifica en la actual propuesta.

– No se eliminan las infracciones por publicar imágenes de las fuerzas de seguridad, lo cual vulnera gravemente la libertad de información.

– No se establece un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial que entre otras cosas sirva para evitar la arbitrariedad en sus actuaciones, así como prevenir posibles denuncias falsas.

– El acuerdo aparca la prohibición de las expulsiones sumarias y colectivas, conocidas como “devoluciones en caliente” y contrarias al derecho internacional, y se limita a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.

– No hay una prohibición expresa de las redadas y las identificaciones racistas por lo que queda abierta la posibilidad de que se sigan produciendo, lo cual contradice las recomendaciones de diferentes organismos internacionales

– No se elimina el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de trata se vean obligadas a ejercer en lugares aislados, expuestas por tanto a mayores peligros de abuso.

– Aunque se indica que se deben “utilizar siempre los medios menos lesivos”, no hay una prohibición expresa al uso de  balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

– Se reconoce el derecho a manifestación espontánea sin comunicación previa, pero se mantiene una sanción a los organizadores en caso de “alteración del orden público”.

Para las entidades mencionadas, si no se cambia sustancialmente el proyecto de reforma en estos puntos clave, se mantendrán las amenazas al derecho de protesta de los movimientos sociales, los medios de comunicación seguirán viendo mermada su libertad de información y se perpetuará la discriminación y la indefensión de colectivos como migrantes, personas refugiadas, mujeres que ejercen la prostitución, víctimas de trata o personas sin hogar.

Fuente: No Somos Delito

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Con la Ley Mordaza de Mariano Rajoy y compañía montaron el escenario perfecto.
Si no se inventan agresiones, son pruebas las inventadas y, cuando no pueden hacer ni lo uno ni lo otro, simplemente continúan los procedimientos solicitando penas delirantes para amedrentarnos y que dejemos de denunciar su connivencia con las injusticias, sus abusos, sus prevaricaciones y su presunción de veracidad, tratando a la ciudadanía como presuntos culpables por ser nuestras ideas políticas diferentes a las suyas. En ocasiones, llegan las condenas si el objetivo es lo suficientemente «molesto» o el interesado suficientemente poderoso, como lo son bancos y fondos buitre tras los cuales están la mayor parte de las veces esas mismas entidades financieras.

El caso de nuestro compañero Diego, de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Guadalajara es paradigmático: un juzgado vio en redes sociales una fotografía de la comisión judicial que desahuciaba a una familia vulnerando su derecho a una vivienda digna recogido, no en un texto en un sobre de azúcar, sino en su sobeteada Constitución Española, esa que se arrogan cuando les apetece pero cuando no les apetece ponen unos artículos por encima de otros, y abrió un procedimiento judicial que ha tenido a Diego tres años pendiente de una sentencia que le podía haber llevado a prisión. Finalmente fue absuelto del delito de revelación de secretos que se le imputaba cuando ni siquiera las personas que aparecían en aquella foto interpusieron denuncia alguna.

Por otro lado, nuestra compañera Nani de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca del Corredor del Henares fue amenazada por uno de los policías locales con los que coincidió en un intento de desahucio de una familia con cuatro menores de edad con un «te vas a cagar» nada más llegar, en otro ejemplo evidente de una acción desmedida y premeditada contra una de los rostros más conocidos del movimiento por el derecho a una vivienda en Alcalá. Tras incluso perseguirla días después, incluso en presencia de su hijo, por parte de algún agente sin nada mejor que hacer, Nani recibió una denuncia en la que se le acusaba de atentado contra la autoridad, dejando claro que iban a por ella.
¿Conclusión? Solicitud de condena de 1 a 4 años de prisión y 4.000€ de fianza para evitar el embargo de sus bienes.

Estos dos son sólo dos de los casos más mediáticos de los últimos años pero volvemos a lo de siempre: aún esperamos a que «el gobierno más progresista de la historia» se desmarque de los ramalazos autoritarios de los partidos de derechas de este país que ley tras ley, propuesta tras propuesta, nos retrotraen a oscurísimas épocas pretéritas en las que lo único que podía hacer la ciudadanía era ver, oír y callar sus desmanes y continuos abusos.

¿Cuándo el PSOE va a alejarse definitivamente de la derecha más rancia y corrupta de Europa y de sus políticas?
¿Cuándo van a legislar por y para las personas en lugar de hacerlo para seguir beneficiando aún más a los grandes capitales y entidades financieras?
¿Cuándo van a derogar la Ley Mordaza, la más represiva de los países de nuestro entorno con los que siempre nos comparan para lo que les interesa?

Podrán perseguirnos, podrán multarnos, incluso hacernos dimitir de cargos o perder nuestros empleos pero jamás conseguiran que dejemos de denunciar las ilegalidades, abusos y vulneraciones de los derechos humanos que comenten día sí y día también.

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¡No nos van a callar!

¿Dónde?
Solar Maravillas
c/ Antonio Grilo, 12

¿Cuándo?
Miércoles 12 de Junio a las 19:30 h.

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