No perfilando nuevas líneas ni de actuación ni presupuestarias, se traduciría -por ahora- en una tregua de unos meses, mientras se valora jurídicamente el dictamen del Comité DESC y se tramita la Iniciativa Legislativa Popular que -desde la sociedad civil- se ha presentado a la Asamblea de Madrid. Acierta al señalar la necesidad más que urgente de la ILP y su potencia correctiva como reclama la ONU a las instituciones. De aprobarse la ILP se beneficiarán de hecho los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.

La grata pero tardía sorpresa de este informe se justifica en diversos acontecimientos que desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid venimos denunciando desde hace más de 7 años a todos los niveles.

A este Gobierno «del cambio» le ha costado dos años desde que tomara las instituciones dar un paso más, aunque todavía por ver en toda su extensión, para suspender temporalmente la vulneración de Derechos Humanos que supone un desalojo forzoso sin alternativa de vivienda. A día de hoy sigue sin hacer cumplir eficazmente los derechos humanos y de la infancia, desatendiendo su obligación de realojo digno, al punto que hasta el Partido Popular (que en sus 24 años de gobierno destruyó activamente vivienda social) se ha permitido recriminarle su incumplida promesa electoral de «frente a los desalojos de primera vivienda, poner todos los medios y recursos municipales para garantizar una alternativa habitacional». Las medidas emprendidas hasta la fecha resultan insuficientes y el descontento de la Coordinadora Madrileña de Vivienda no ha pasado desapercibido durante este tiempo, señalando su pasividad frente a los 10 desahucios diarios en el municipio de Madrid. Sin embargo, celebramos la decisión y esperamos que se traduzca por fin en un cambio de rumbo en la política municipal de vivienda que, de consolidarse, pueda ser punta de lanza frente a la criminalización de la pobreza. Seguimos avanzando.

En realidad, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid lo tienen fácil para apostar por el respeto, la promoción y la no vulneración de un Derecho básico como es la vivienda, del que parten todos los demás. Basta con analizar el contexto: El expolio de la vivienda social y su venta masiva a fondos buitres, el incremento de los desahucios, la burbuja del alquiler, las interminables listas de espera, que entre otras muchas cosas, ponen de manifiesto la situación objetiva de emergencia habitacional en la que nos encontramos. Y precisamente ante la inacción de los poderes públicos durante 40 años de democracia a este problema, el movimiento por la vivienda pone sobre la mesa soluciones urgentes en forma de una Iniciativa Legislativa Popular firmada por cerca de 80.000 madrileños y que se encuentra pendiente de su admisión a trámite por parte de los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, con competencia plena en vivienda. A todo ello se le suma lo que certeramente señala el informe: la aplicación de la legislación internacional, los Pactos y Tratados Internacionales que a todos los efectos son derecho interno, es decir plenamente aplicables tal y como demuestra el reciente Dictamen del Comite de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidad de 4 de julio de 2017. 

• Al deber de salvaguardia de los Derechos Humanos parece comenzar a apostar el Ayuntamiento de Madrid. Veremos cómo lo remata, para lo cual nos volveremos a reunir con Marta Higueras en Septiembre.
• Por su parte la Comunidad de Madrid tiene en sus manos un examen de democracia como es la ILP, que debe tramitarse de urgencia, para que tengamos una ley del derecho a la vivienda que nace ya con retraso frente a otras comunidades autónomas. Sería la respuesta a la protección que demanda la ONU tras observar medidas regresivas en el antiguo IVIMA.
  

Necesitamos más vivienda pública. Esta legislatura Cifuentes se da por satisfecha por haber entregado la misma cantidad de pisos que el Ayuntamiento de Madrid pese a su bastante mayor presupuesto y la teórica presión de Ciudadanos, con una lista de espera cronificada incluso en casos de emergencia. La administración tiene el deber de hacer cumplir por ley el fin social de la vivienda, lo contrario es darle la gestión de la vivienda a la especulación de los cada vez más grandes rapaces fondos buitres, como Blackstone. Una gestión pública de mínimos no basta.

Sin perjuicio de la justa reparación que exigiremos por los pasos atrás cometidos, nunca es tarde si la dicha es buena. La voluntad debe abrir caminos.

Puedes consultar el texto completo de la Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid AQUÍ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=»green»][/vc_column][/vc_row]

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Hoy, 21 de abril, PAH Vallekas madrugaba: teníamos tres desahucios a las 7 de la mañana. Dara y Miguel en Entrevías; y en la calle Puerto Alto dos familias en el mismo edificio: la de Loubna y la de Justo. Hemos logrado parar el primero… ¡y sufrido la ejecución de los segundos!

Los casos de Loubna y Justo: indefensión ante el banco y ante el juzgado

Loubna, Justo y otra familia acudieron a la asamblea en enero. Vivían en tres pisos de la calle Puerto Alto 12, junto al Bulevar. El edificio es propiedad de la constructora Alcalá 70, en quiebra desde que estalló la burbuja. La constructora es vuejo conocido de PAH Vallekas: también consta como propietario del bloque de Obra Social Llerena. Bankia, acreedora de la hipoteca cedida a la constructora, comenzó el proceso de desahucio en 2010. No estamos pues ante un proceso de usurpación, sino ante una ejecución hipotecaria.Y ante una indefensión de las familias que no podían demostrar su condición de realquiladas.

La tercera familia desistió de defender su vivienda. Seguimos adelante con las de Loubna y Justo, y logramos parar el primer intento de desahucio. Se les concedió justicia gratuita en un proceso de ejecución hipotecaria siendo ellos ocupantes del piso. El Juzgado 31 les solicitó el 18 de marzo títulos de propiedad que, obviamente, les era imposible demostrar. Esa solicitud no se trasladó a la abogada de Loubna. Tampoco el juzgado trasladó a la familia que había una ejecución.

Hemos alegado indefensión y falta de legitimación por parte de Bankia, que no tiene deuda con las familias sino con una empresa que ya no existe. No entendemos qué gestiones se han llevado a cabo en el juzgado no ya para parar el desahucio, sino siquiera para clarificar la situación legal del edificio.

Vuelve la normalización de la violencia de los desahucios

El Ayuntamiento de Ahora Madrid ha popularizado el adagio de «Ciudad del Abrazo» para denominar a la capital. Paralelamente, desde el comienzo de 2017 en la PAH estamos viviendo procesos de desahucio agotadores y muy dolorosos para las familias. Tanto Bankia como los grandes tenedores de vivienda se niegan persistentemente a negociar.

Mientras tanto, las familias son llevadas de una oficina de servicios sociales a otra sin que se les ofrezca ninguna alternativa. Acaban confundidas, despistadas y exhaustas. Y cuando por fin llega el día del desaolojo nos enfrentamos a un despliegue de antidisturbios, cerrajeros, corte de calles… y también la policía municipal. Esa misma que según el concejal Javier Barbero había dejado de participar en desahucios.

Bankia sigue tirando de la cuerda que les ofreció el Ayuntamiento. Esa primera reunión de Carmena para obtener viviendas sigue pesando sobre sus políticas de vivienda. Pero con 300 pisitos no puede resolverse la violencia que practica Bankia.

Sabemos que en otros distritos se está haciendo notar un trabajo activo por parte de las Juntas Municipales para detener los desalojos (a la vista de que las viviendas prometidas siguen sin llegar. En Vallencas continuamos haciendo llamadas telefónicas, pivotando de reunión en reunión, dedicando más tiempo a analizar la imagen pública del Ayuntamiento o el efecto de los comunicados de la PAH que a las tragedias que viven nuestras vecinas. Como Loubna, como Justo, como Dara, Charo, Vera… Sólo en abril, sólo en Puente de Vallekas, nos hemos encarado con más de 20 desahucios. La mayoría los paramos, y los seguiremos parando. Otros, como los de Loubna y Justo, se ejecutan con violencia y sin alternativa por parte de nuestras instituciones públicas.

¿Qué paz tendremos en Madrid sin garantizar derechos fundamentales?

A PAH Vallekas nos resulta casi un mal chiste que la expulsión de Loubna y Justo de sus casas coincida con el día que el Ayuntamiento de Ahora Madrid cierra sus Jornadas para la Paz y la Convivencia.

En esas Jornadas se ha vuelto a hablar de lo que nuestra Alcaldesa del Cambio llama «violencia urbana». Se vuelve a hablar de okupación ilegal y, lo que es más grave, la máxima autoridad municipal equipara la ocupación de viviendas vacías con la actividad de grupos neonazis o el terrorismo. ¿Declaraciones irresponsables o interesadas? No lo sabemos, pero vecinas del barrio se acercan incluso para preguntarnos qué hacer si alguien «les ocupa la casa»: lejos de promover la paz, fomentan el miedo, la paranoia y la guerra entre pobres.

¿Cómo vamos a vivir en paz? ¿Cómo es posible exigir a personas lo mismo que a grandes corporaciones económicas? ¿Son posibles la convivencia o el civismo cuando se vive sin luz, sin agua, con el peso permanente de la fecha del desahucio sobre las cabezas?

Nos preguntamos el origen de esta obsesión de Manuela Carmena con las ocupaciones, y recordamos que todavía no hemos podido transmitirle estas inquietudes directamente, pues nunca ha accedido a reunirse personalmente con el movimiento de vivienda.

La ILP de vivienda. Cincuenta mil firmas para acabar con los desahucios

Vivimos este proceso paralelamente a la recogida de firmas para presentar la ILP de Vivienda en la Asamblea de Madrid. Hasta la fecha de hoy hemos obtenido el compromiso y el apoyo de casi 40.000 firmantes. Cada sábado en el Bulevar, los mercados y el Campo del Rayo y en el resto de toda la Comunidad de Madrid nos hacen sentirnos apoyadas en una lucha que creemos legítima y que ganaremos para todas.

Pero hemos de recordar que sin un cambio legal será imposible detener tragedias como la que hemos vivido esta mañana. Madrid y sus pueblos, sus vecinas y sus barrios necesitan un ámbito jurídico que les protega, que ampare sus daciones en pago, que les garantice un hogar por derecho y con suministros básicos garantizados.

Hasta que llegue ese momento, la PAH seguirá diciendo: SÍ SE PUEDE.

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