¿Según la PAH, cómo está actualmente la situación de los desahucios? ¿Ha mejorado o empeorado en el último período? Venimos de una etapa de mejora de los datos macroeconómicos, pero no de mejora de la realidad de las clases populares.

Sí, vamos a peor. Realmente estamos tocando cifras del año 2008/2009 que fue el “boom” de los desahucios, y esto según datos actuales del Consejo General del Poder Judicial. Aunque a la PAH no llega ni un 10% de la población con problemas de vivienda, lo sabemos porque son datos oficiales. Y han aumentado sobre todo los de alquiler.

Todas las noticias señalan que efectivamente han aumentado los desahucios en el alquiler…

La realidad es que el descenso de los desahucios por hipotecas son consecuencia de que la PAH ha creado herramientas para que así suceda. Ya veremos, por ejemplo, que pasará cuando se acabe la moratoria que llega hasta mayo de 2020. Moratoria a la que están acogidas unas 100 mil familias vulnerables. Veremos que ocurre con esto, que puede ser un problema de gravedad extrema. Además de eso también hemos negociado con los bancos para alargar los procesos durante años, para mientras tratar de lograr leyes más favorables que aseguren el derecho a la vivienda y ofrecer una salida a la situación.

¿Cuántos desahucios diarios se vienen produciendo actualmente en Madrid?

Unos 60 diarios. De alquiler más o menos 60% y un 40% para las hipotecas. Pero los datos son aún mayores ya que aquí no se incluyen los denominados desahucios silenciosos, que son aquellos que se producen cuando se termina el contrato de alquiler y esos no están reflejados en la estadística.

¿Qué balance hace la PAH del Gobierno municipal de Carmena durante los cuatro años de su mandato? Carmena dijo que iba a terminar con los desahucios…

La gestión de Manuela Carmena en el tema de los desahucios no ha sido buena. Creíamos que con el “Ayuntamiento del Cambio” sí se iba a producir ese cambio. Pero los desahucios han ido a más. Nosotros hemos oído decir a Carmena: “Madrid ciudad libre de desahucios”. El caso es que nosotros como Plataforma y todas las Asambleas de Vivienda que hay en Madrid, que son muchas, lo que hemos visto son 4 o 5 desahucios diarios durante su mandato, algunos incluso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Después de reunirnos con la señora Marta Higueras, mes a mes, para ver como podíamos solucionar esto, no hubo solución. Esta es la verdad.

¿No se cumplieron, entonces, los objetivos previstos en el programa electoral de Ahora Madrid? Carmena ha aludido en muchas ocasiones diferentes problemas: que no tenía la mayoría del Ayuntamiento, que no disponía de vivienda pública por la venta de viviendas a fondos buitre de Ana Botella. ¿Pensáis que se podría haber hecho algo más?

Claro, ¿no lo ha hecho Ada Colau?, ¿no acaba de expropiar una vivienda a la banca para una familia de alta vulnerabilidad? Pensamos que se pueden hacer muchas cosas. Hay un problema de competencias, pero los Ayuntamientos tienen algunas que no han desarrollado, porque ha faltado voluntad política.

La cuestión es que quizás Carmena no se ha querido enfrentar a los grandes poderes financieros…

Por eso digo que no ha habido voluntad política de hacerlo. En tanto en cuanto la propia entidad pública del Ayuntamiento de Madrid de vivienda estaba desalojando a gente por falta de pago de personas que no pagaban, que no es que no quisieran pagarlo, es que no podían.

Tampoco se construyeron las viviendas que se prometieron durante la legislatura. Se han construido poco más de 60 viviendas de las 4 mil prometidas.

No se ha hecho prácticamente nada. Además, hace poco se repartieron poco más de 200 viviendas para unas 20.000 solicitudes. La lista de espera para conseguir una vivienda es terrible tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

¿Cómo han sido las relaciones del Ayuntamiento del Cambio con la PAH, teniendo en cuenta que sois una organización social importante en el tema de los desahucios? ¿Os dio la posibilidad de hacerle llegar vuestras propuestas? ¿Recogió alguna demanda vuestra en alguna ocasión?

No, nosotros hablábamos con Marta Higueras que era la teniente de alcalde que llevaba estos temas. Y esta señora no nos daba ninguna cancha. De hecho, dejamos de reunirnos porque era perder el tiempo. En la Comunidad de Madrid tampoco nos dieron opciones, claro.

¿Pensáis que sería necesario para abordar la solución a este problema, algún tipo de expropiación de los grandes tenedores de vivienda, muchas de ellas además vacías, como son las grandes entidades financieras?

En el conjunto del Estado hay unos 3 millones y medio de viviendas vacías de grandes tenedores, en Madrid son unas 300 mil viviendas más o menos. Nosotros en Madrid nos pusimos a realizar una propuesta de legislación por iniciativa popular. Pero quedó paralizada en la Mesa de la Asamblea de Madrid. Nosotros ahí planteábamos que toda vivienda vacía debía tener una sanción económica. Además, debería haber una cesión por parte de la banca hacia los Ayuntamientos y Comunidades. No se ha hecho nada de todo eso.

Pero, la SAREB, el Banco Malo, tiene muchas viviendas vacías, el abuso de la banca con hipotecas con cláusulas abusivas. Todo ello justificaría las expropiaciones…

Y Bankia, también, sí, sí, es que no puede haber vivienda vacía para la especulación. Es esencial defender el derecho social a la vivienda, derecho al uso, no ha habido voluntad política. La venta además en Madrid a fondos buitre de unas 5.000 viviendas ha sido algo muy grave socialmente hablando. Todas esas empresas de fondos de inversión están ubicadas en paraísos fiscales y operan con la complicidad de los políticos de turno. En realidad, es más de lo mismo, es el propio poder financiero con otros nombres. Se están quedando con todo, están entrando en los servicios sociales, en la sanidad, etc. De los 3 millones y medio de viviendas en manos de la banca y vacías, ahora están vendiendo miles y miles de esas viviendas a los fondos buitre que van a especular con ellas. Todas las entidades financieras han estado vendiendo viviendas con inquilinos y condiciones negociadas más favorables, daciones en pago o alquileres sociales, a fondos buitre lo que implicaba un cambio en las condiciones impuestas por los nuevos propietarios, los fondos buitre y empeorando gravemente las de los inquilinos.

¿Tenéis expectativas en que desde el posible Gobierno de Pedro Sánchez se vaya a hacer algo desde la Administración Central para resolver este tema? Sobre todo teniendo en cuenta que por el momento no ha solucionado nada durante los meses que ha estado gobernando tras la moción de censura a Rajoy…

Nosotros vamos a intentar reunirnos con los partidos políticos para que tomen medidas como la regulación del precio del alquiler.

Eso te iba a preguntar, ¿Qué medidas pensáis que deberían adoptarse para abordar seriamente el problema de los desahucios?

Mayor inversión en vivienda pública, solo tenemos un 1,8% del PIB, cuando en otros países europeos como Francia, Bélgica o Alemania que tienen una media del 18% de inversión pública en vivienda, y algunos incluso más. También daciones en pago para que las familias no estén endeudadas de por vida, regulación del precio del alquiler.

Pero las daciones en pago ¿tendrían que incluir el derecho a permanecer en la vivienda? Porque si no las familias se irían a la calle, aunque sin deuda, ¿no?

Claro, con un alquiler social para poder permanecer en la vivienda… las daciones en pago además con carácter retroactivo, que nadie se quede con deuda. Eso combinado con alquileres sociales acordes a los ingresos de cada familia incluyendo, además, el coste de los suministros energéticos.

Esto podría implicar algún tipo de expropiaciones y limitaciones al precio de los alquileres, ¿no?

Claro, exacto. Que tiren de las viviendas vacías, tampoco hace falta volverse loco construyendo vivienda nueva. Pero con salarios de 400 o 500 euros, cuando, por ejemplo, en Parla, un alquiler está en 600 euros. No digamos en Madrid con la gentrificación los pisos turísticos.

¿Qué objetivos y perspectivas de lucha se plantea la PAH actualmente frente al nuevo Gobierno municipal del “trifachito”? ¿Cuál es vuestra táctica y estrategia en este nuevo escenario?

Estamos en ello. Nos tenemos que replantear las cosas. De hecho, el pasado fin de semana hubo un encuentro en Zaragoza, un encuentro estatal de organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda pública. Y precisamente hablamos sobre qué estrategia vamos a llevar adelante. De momento nos planteamos estar con mayor presencia en las calles, porque parece que no pasa nada. También reunirnos con todos los partidos políticos de nuevo en estos nuevos 100 días, para volver a decirles las necesidades de la población. Lo vamos a intentar. Estamos haciendo una campaña sobre la Ley de Crédito Inmobiliario, que no deja de ser otro maquillaje, porque ya me contarás que familia va a decir nada cuando le diga el notario si entiende las cláusulas, cuando son lentejas que si las rechazas no tienes la hipoteca. La LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) fue puro maquillaje, más allá de subir los años de los contratos a 5 años a los particulares. Nosotros decimos regulación del precio del alquiler. Las leyes internacionales reconocen el derecho a la vivienda y aquí no se reconoce. Hay limitaciones al precio del alquiler en Portugal, por ejemplo.

Lo que demuestra que los derechos para ser efectivos hay que arrancarlos. Al final hay que movilizar y luchar directamente por los derechos.

Nosotros cuando hay un desahucio, por ejemplo, recurrimos al Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU y, normalmente, este Comité, si lo ve claro, dicta medidas cautelares al Estado español para que esa familia no sea desalojada. Lo que ocurre es que cuando entra en el juzgado de turno dice el juez que eso no tiene validez. Ponen multas al Estado español por no cumplir esos dictámenes de acuerdos internacionales firmados, pero el desahucio se lleva a cabo pese a todo la mayoría de las veces. Multas millonarias que pagamos entre todos. Al Comité de la ONU le da lo mismo que el desalojo sea por ocupación, alquiler o hipoteca, porque considera la vivienda un derecho fundamental y es el Estado quien lo tiene que garantizar. El Comité de Derechos del Niño también lo dice, pero solo hace recomendaciones no dictámenes. Hicimos un estudio sobre el impacto de los desahucios en la infancia y fuimos a Bruselas a llevar los resultados de lo que se estaba haciendo aquí.

El último caso de desahucio ha sido el de una mujer, Khadija, que fue desalojada nada menos que por su propio exmarido, ¿dónde quedaron los derechos de la mujer?

Sí, ha sido una mujer que adquirió la vivienda junto a su marido hace ya 20 años, con un ingreso de 400 € de la REMI, y que ahora ha sido desahuciada pese a que la vivienda la compraron entre los dos, pero el titular que figuraba era únicamente él. Además, el marido tiene multipropiedades. Pero los desahucios de niños, mayores, enfermos, suicidios, muertes los hay casi todos los días. Conocemos, por ejemplo, el caso de un hombre, el marido, al que le dio un infarto con tres niños pequeños, la suegra avalista y le dio otro infarto por ello. Nosotros trabajamos con psicología comprometida para ayudarles. Necesitan mucho apoyo psicológico ante tanta presión insoportable.

Bueno, muchas gracias, por tu colaboración y por acceder a la entrevista. ¿Quieres añadir algo más?

No, gracias, la entrevista ha sido bastante completa, las estrategias ya os las iremos comunicando según vayan avanzando.

Muchas gracias de nuevo. Tenéis Izquierda Diario a vuestra disposición para poder difundir las movilizaciones que hagáis por esta lucha tan necesaria e imprescindible como es el derecho a la vivienda social para todos.

Fuente: Izquierda Diario

La entrada Entrevista a Marga Rivas, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Alberto Azcárate (19-05-2019)

Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) es abogada y portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), un colectivo que se bate desde 2009 para paralizar desahucios e imponer un cambio en las políticas de vivienda que garantice el derecho de las personas a un techo. En diálogo con El Salto la activista hace un detallado repaso de la política de vivienda del gobierno del PP al frente de la Comunidad de Madrid e insta a que se adopten las medidas de la ILP recientemente presentada por la PAH, con el fin de hacer frente a la emergencia en vivienda en la Comunidad e impedir que sean bancos y grandes tenedores inmobiliarios los que impongan sus intereses sobre los derechos de las personas.

¿Podrías hacernos un balance de la última legislatura en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) en el tema de vivienda?
Si tuviera que dar un titular sobre la gestión de la última legislatura del PP, yo lo enunciaría “la anti política de vivienda”. La política que debería haber sido orientada a garantizar el derecho a la vivienda ha sido para todo lo contrario. Empezamos en 2013, antes de esta legislatura, con la venta a fondos de inversión de 2.935 viviendas que eran del antiguo Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, actual Agencia de la Vivienda Social. Los estragos de esa operación especulativa han dejado por el camino otros tantos desahucios. Y lejos de revertir esa operación, lo que ha hecho el PP ha sido recurrir las sentencias favorables que hemos ido obteniendo, sobre la ilegalidad de esa venta.El comienzo de la legislatura fue así y luego ha ido de mal en peor, en materia de vivienda siguen sin legislar ni poner en marcha una ley autonómica y eso que, en virtud de la descentralización de las competencias, la de vivienda está exclusivamente asignada a las comunidades. El balance es negativo, ya no sólo por los últimos cuatro, sino por los 40 años de gestión. Y no sólo ellos, el PSOE también ha gobernado en la CAM y tampoco lo ha hecho. Continuamos sin una ley de vivienda.

¿En otras comunidades se han desarrollado?
En la mayoría, en Canarias, Galicia, Navarra, Euskadi, Catalunya, Valencia, Murcia, Andalucía. Allí el poder político no ha hecho dejación de funciones de forma descarada como en la CAM y las han desarrollado, siendo algunas mejores que otras. Además, en la Comunidad de Madrid han implementado una serie de disposiciones que regulan el régimen de adjudicación de viviendas sociales, penalizando sistemáticamente a la gente en situación de pobreza. Prueba de ello es la desmesura con que en la CAM se sanciona la ocupación, situación desgraciadamente muy común en los tiempos difíciles en que vivimos. Hay una brutal emergencia habitacional y más de 253.000 viviendas vacías sólo en la CAM —y 3.500.000 a nivel estatal—, en una situación en que la gente ha sido expulsada de sus viviendas hipotecadas, en el contexto de una crisis de burbuja en materia de alquiler y donde no es posible acceder a una vivienda de libre mercado. Con el agregado de que cuando solicitas una vivienda pública tampoco te la dan con facilidad porque hay una lista de más de 20.000 solicitantes en listas de espera y porque no hay parque público suficiente. Desde la PAH entendemos que esas personas tengan que ocupar una vivienda de una entidad financiera, que son tenedoras del 98% de las viviendas vacías existentes. La propia constitución, si bien reconoce el derecho a la propiedad privada también dice que tiene una serie de límites marcados por el bien común y el interés general.

Hay una brutal emergencia habitacional y más de 253.000 viviendas vacías en una situación en que la gente ha sido expulsada de sus viviendas hipotecadas, en el contexto de una crisis de burbuja en materia de alquiler y donde no es posible acceder a una vivienda de libre mercado

Además, muchos jueces entienden que cuando se ocupa vivienda vacía de una entidad financiera y hay una situación de necesidad, está justificado cometer ese —digamos— ilícito penal y aplican lo que en derecho penal se denomina el Estado de Necesidad. Hasta hay sentencias de las audiencias provinciales que justifican —en virtud del estado de necesidad— la comisión de un posible ilícito penal, como es la usurpación y ocupación de una vivienda vacía. A pesar de todo esto, la CAM sanciona a las personas que estén okupando, con la imposibilidad de ser siquiera solicitantes de vivienda pública. Incluso, si se estuviera viviendo en casa de un familiar que ha prestado una casa sin mediar contrato —una situación muy común— para la CAM no tendría derecho siquiera a ser solicitante. Si todas las personas que están okupando pudieran ser solicitantes de vivienda pública, habría muchísima más gente en listas de espera. Otro ejemplo de la antipolítica de vivienda del PP es el mantenimiento de viviendas vacías de la Agencia de la Vivienda Social (el antiguo IVIMA), el organismo encargado y competente para adjudicar vivienda. Tienen al menos 500 viviendas vacías, en total colisión con el objetivo del organismo; como hay profusión de desahucios a diario, esa cifra puede parecer poco significativa, pero no es un dato baladí. El balance es catastrófico.

La burbuja, primero hipotecaria, luego en el alquiler ha promovido el surgimiento de una serie de colectivos de vivienda. ¿Podrías decirnos cuáles son?
La PAH y los grupos de Stop Desahucios fuimos los primeros. Desde 2009 venimos combatiendo los desahucios y garantizando el derecho a la vivienda allí donde las administraciones no llegan. Hoy existen otros agentes como puede ser Lavapiés dónde vas?, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, la Asamblea de Bloques en Lucha —que pertenecen a ese sindicato— y son agrupamientos en edificios comprados por fondos de inversión y que de forma sistemática intentan expulsar a los vecinos, como hemos visto en Argumosa 11, así como en Vallecas con el bloque de Juan de Vera, o en Arganda del Rey, etc. Aparte, hay otros colectivos históricos que vienen defendiendo el derecho a la vivienda, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y entidades del llamado tercer sector —una ONG que se llama Cuarto Mundo y otras— que dan luchas muy valientes por ese derecho, incluso de personas que viven en poblados chabolistas, como La Cañada Real o el Poblado de las Sabinas en Móstoles.

¿Desde los colectivos por el derecho a la vivienda tenéis alguna valoración de los gobiernos llamados “del cambio”, surgidos como resultado de la movilización oriunda del 15M?
Hemos ido haciendo un balance diario y cotidiano, sobre todo aquí en Madrid, que es lo que mejor conocemos y además por la ausencia de canales con la Comunidad de Madrid. Si el balance en la CAM se podría calificar de catastrófico, en Madrid lo calificaría como deficiente; llamarlo así me parece más ajustado a lo que hemos vivido. Entre otras cosas, porque desde la afirmación de Manuela Carmena, tan errónea y alejada de la realidad, de que en Madrid ya no hay desahucios, se han ido sucediendo una serie de actos que yo, en particular, a título personal, sí creo que han expresado voluntad política para tratar de mejorar la gestión en materia de vivienda, pero no han sido capaces de gestionar el problema tan grave y transversal que atravesó la ciudad.

Sabemos que hubo una mesa de negociación …
Sí, desde el principio se montó una mesa de negociación con Marta Higueras, la persona encargada de Equidad y Asuntos Sociales —y por tanto de Vivienda— y la comunicación con ella ha sido bastante complicada desde el principio. Yo creo que ha interpretado que pedíamos cosas inalcanzables, excesivas, utópicas, cuando sólo queríamos que nos escuchara, en atención a la experiencia que tenemos en estas cuestiones. Y sin negar la voluntad política que creo que han tenido concejales que han formado parte del gobierno municipal, ha faltado un punto de valentía política para ser más contundentes con la problemática de la vivienda. Al menos, en vez de decir que en Madrid ya no hay desahucios, decir que la situación es sumamente grave, de emergencia habitacional estructural y que hay que plantar cara a los fondos buitre. Aunque quizá no se hubieran podido materializar en medidas concretas porque el ayuntamiento carece de competencias, al menos hubiera provocado un efecto disuasorio ante quienes ven Madrid como una fuente de especulación.

¿Dentro del resto del arco institucional, hay algún partido que se presente a las elecciones en la CM que tenga un programa o actitudes asumibles en materia de vivienda?
Hemos puesto en marcha una campaña desde la PAH y el Sindicato de Inquilinas, de exigencia a todos los que se presenten a las elecciones autonómicas, para que lo primero que hagan en el primer pleno de la nueva legislatura sea proponer una ley de vivienda autonómica, con el contenido íntegro de nuestra ILP de vivienda, que fuera rechazada en 2017 por el PP y Ciudadanos.

¿Tiene alguna responsabilidad la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en el encarecimiento de los alquileres?
Sin duda. Aquí ha habido una operación concertada entre el poder político y el fáctico, representado por los intereses económicos y especulativos que tienen su rostro en las entidades financieras y en los fondos buitre. Una vez pasada la primera crisis inmobiliaria mundial —surgida en los EEUU con las hipotecas subprime— los poderes económicos dijeron “se nos ha acabado momentáneamente el chollo de especular en base al ladrillo, pero vamos a implementar otras vías para continuar especulando” y ellos mismos provocaron la burbuja de alquiler a la que asistimos ahora.En julio de 2013 el gobierno del PP modificó la LAU que promueve un cambio radical de las garantías que históricamente habían tenido los inquilinos y se introducen medidas como que la duración mínima de los contratos pasa de cinco a tres años, generando así una inestabilidad mayor para los inquilinos. También modificó una cuestión fundamental, que es que si tú eras inquilino de una vivienda que tu casero vendía, el nuevo propietario no tiene la obligación de mantener a los antiguos inquilinos, una perversión en toda regla porque debería ser como en el derecho laboral, si una empresa cambia de dueños, los nuevos titulares están obligados a mantener sus empleados. Y también se legisló sobre las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), para que los fondos de inversión especializados en el área de alquiler pudieran intervenir en el mercado del alquiler.

Se está volviendo al conocido paradigma de “como alquilar es imposible, volvamos al crédito inmobiliario, porque los tipos de interés han bajado

Estas son causas clarísimas de la burbuja en los precios de los alquileres a que estamos asistiendo, ahora que empiezan a vencer esos contratos del año 2013. A estos factores cabe agregar el fenómeno de la gentrificación, producto del modelo de “ciudad marca” orientada hacia el turismo, que han adoptado algunas grandes ciudades europeas, Madrid entre ellas. Así, estos factores conjugados provocan el aumento en los precios del alquiler y se está volviendo al conocido paradigma de “como alquilar es imposible, volvamos al crédito inmobiliario, porque los tipos de interés han bajado”.Se ha implementado el rescate a los bancos inyectándoles miles de millones de euros que eran patrimonio de la ciudadanía, permitiéndoles poner en orden sus balances, deshacerse de las hipotecas morosas, los activos tóxicos y ahora, que han barrido un poco la casa y ordenado sus cuentas, nos encontramos de nuevo en el paradigma del que veníamos: vuelta el crédito hipotecario. Además, en estos dos últimos años de legislatura a nivel nacional, el PP ha puesto en marcha la Ley de Crédito Inmobiliario, que consiste en crear un marco jurídico regulador para la concertación de nuevas hipotecas para los próximos años. Es decir, han limpiado y subsanado lo que han podido —después de los varapalos que han tenido de los tribunales de justicia de la UE— y han dejado el terreno preparado para que se regrese de forma aparentemente cómoda, al crédito hipotecario.

¿Dado el marco que describes, podría augurarse que, si se produce un aumento de las tasas de interés va a haber otra andanada de desahucios hipotecarios?
Sí, los precios de los alquileres han subido más de un 40% en estos últimos años y están ahora en sus máximos históricos, nunca se habían visto valores tan desorbitados. Yo creo que en los próximos años, la tendencia va a ser la vuelta al crédito hipotecario, donde ya están volviendo a subir los precios que habían descendido en los últimos años. Luego vendrá una nueva subida de los tipos de interés y en paralelo —de forma tímida y gradual— irán descendiendo los alquileres para promover que la gente se siga hipotecando y de aquí a unos años tendremos otra nueva crisis hipotecaria. Aunque habrá que ver en qué medida se verifica lo de la baja de los precios del alquiler porque tenemos el fenómeno de la gentrificación, que presiona los alquileres al alza.

Ya presentasteis una ILP en 2017, ¿por qué volvéis a hacerlo ahora?
En 2017 vivíamos también una situación de emergencia habitacional en la CAM. Había desahucio de todo tipo, hipotecarios, de alquiler y por ocupación de viviendas. Hicimos una ley que, a pesar de contar con el apoyo de 77.000 firmas, el PP y Ciudadanos, con argumentos filibusteros, tildaron de inconstitucional. Y lo peor es que lo hicieron no para hacer otra ley en lugar de esta, sino para dejar todo como estaba. Entonces como la situación es, si cabe, aún más grave que en 2017, porque los desahucios por alquiler están a la orden del día, hemos decidido no seguir permitiendo que Madrid continúe sin ley en materia de vivienda. Dada la cita electoral, es un momento propicio para interpelar a los partidos políticos y exigirles que se comprometan a que Madrid tenga la suya.¿Qué líneas fundamentales proponéis en esta segunda ILP?

La ILP de 2017 tenía cinco bloques muy claros.
Un primer capítulo, de Vivienda Social, que pasaba por regular de una manera más garantista la vivienda social en la CAM. Se solicitaba también un parque de vivienda social con garantías de que no pudiese ser vendido a fondos buitre —como ya había sucedido— y que la gente que no hubiera sido adjudicataria de una vivienda pública pudiera acudir ante un juez de primera instancia para obtener una resolución exigiendo que se le asigne una vivienda. Era consagrarlo como un derecho fundamental, que pasara de tener un carácter genérico a otro real, exigible; en términos jurídicos se diría hacer subjetivo un derecho. Hay algunas leyes autonómicas que lo reconocen, como por ejemplo en el País Vasco.
La ILP de 2017 tenía otro bloque que trataba de la función social de la vivienda privada. Recogíamos lo que denominamos “usos antisociales de la propiedad privada”, como es mantener viviendas vacías, así como no depositar las fianzas de los alquileres en la CAM —para que haya cierto control y regulación del mercado del alquiler— y otra serie de usos antisociales. En este capítulo solicitábamos un régimen sancionador contra esas malas prácticas, que podrían ir desde multas de hasta 600.000 euros —una cifra que no es al azar, existe en la Ley de Espectáculos— hasta incluso la cesión obligatoria del uso de esas viviendas, para que pasen a formar parte del parque de vivienda pública de la CM, así como el aumento proporcional del IBI y otra serie de medidas encaminadas con el mismo fin.Había otro bloque de protección al inquilino, para que hubiera una agencia en la cual la ciudadanía pueda encaminar denuncias de abusos bancarios e inmobiliarios. Y luego otro bloque de medidas para evitar la pobreza energética para que en un hogar estuvieran garantizados la luz, el agua, la calefacción, elementos esenciales para tener una vida digna.

En la nueva ILP hemos introducido, entre otras cuestiones, la creación de un Observatorio de Vivienda, que detecte y actualice la problemática en materia de vivienda y medidas específicas para inhibir el mobbing inmobiliario

En la que estamos presentando ahora hemos introducido actualizaciones y añadido una serie de cuestiones: un control sobre las inmobiliarias y los intermediarios que funcionan al día de hoy con total opacidad y sin ningún tipo de control, para que a partir de ahora sean supervisadas. Además, la posibilidad de establecer el tanteo y retracto por parte de la administración, para que cuando se vaya a vender un bloque a un fondo buitre, la administración pueda ejercitar esta compra de forma preferente. También la creación de un Observatorio de Vivienda, que detecte y actualice la problemática en materia de vivienda. Y, medidas específicas para inhibir el mobbing inmobiliario, porque estamos viendo como cada vez más empresas como Desokupa están actuando de forma ilícita, incluso rozando delitos penales. Y, de forma central, la creación de un índice de precios máximos; y esto lo posibilita el Real Decreto que acaba de aprobar el gobierno, que habilita a las comunidades autónomas a establecer índices de precios máximos. Con base en ese artículo del decreto, queremos que la CAM sea pionera en esta materia y establezca precios máximos.

Dices que en otras comunidades autónomas se han desarrollado leyes de vivienda, ¿podrías aclararnos algo al respecto?
Las comunidades han desarrollado sus propias leyes de vivienda. En algunos casos como en Catalunya, ha sido por iniciativa de la PAH que presentó allí su ILP de Vivienda, en otros, como en el País Vasco, sus propios parlamentos autonómicos las han impulsado. Hay que destacar que, en todos los casos, el PP las ha recurrido tildándolas de inconstitucionales, igual que hicieron con la nuestra, a diferencia de que nuestra ILP fue vetada antes de nacer. El Tribunal Constitucional, en todos los casos —aunque matizando algunos artículos y rechazando otros— ha avalado las medidas que contemplan estas leyes y las ha declarado constitucionales. Lo más interesante es que sea plenamente constitucional y ajustado a derecho la obligatoriedad de la cesión de uso —como recoge nuestra ILP— y que los grandes tenedores de vivienda tengan la obligación de ofrecer un alquiler social a las familias que se encuentren en procesos de desahucios. Es una medida estrella.

¿Cuántos desahucios ha habido en la CAM en esta legislatura y aproximadamente cuántas viviendas vacías hay?
Hay al menos 253.000 viviendas vacías en la CAM, a nivel estatal son 3.500.000. Y respecto al número de desahucios hay una ausencia de datos oficiales, indicio de lo poco que interesa que este problema sea público y esté en la agenda política. Tenemos alguna información a partir de cruzar datos del Consejo General del Poder Judicial y de otras estadísticas sin valor oficial. Precisamente, esa sería una de las funciones de ese Observatorio de la Vivienda que proponemos en nuestra ILP, recoger todos esos datos. Con los recursos que tenemos, hemos computado que en la CAM se producen más de 30 desahucios diarios. Para responder a tu pregunta, se trataría de multiplicar esa cifra por cuatro años; son cifras salvajes, brutales.

¿Cuál es el perfil de los tenedores de viviendas vacías?
El perfil hegemónico es de grandes tenedores. En nuestra ILP entendemos que un gran tenedor de vivienda es aquella persona física o jurídica que acapara, en el caso de persona física más de cinco y en el caso de persona jurídica, más de tres viviendas vacías. Como no hay una definición legal de qué es un gran tenedor de vivienda, a nuestro criterio la mayor parte de las viviendas vacías se encuentran en manos de entidades financieras y fondos de inversión. Es que son ellos quienes principalmente se han quedado con las viviendas hipotecadas que han sido objeto de desahucios hipotecarios y de daciones en pago. Ha habido más de 750.000 ejecuciones hipotecarias a partir de 2011. Y los fondos buitre —que no dejan de ser filiales de entidades financieras o sociedades ad hoc— han adquirido los activos tóxicos de la banca y son quienes los acaparan.

¿Cuál es el papel de la SAREB en todo esto?
La SAREB es uno de los mayores fraudes que se han creado. Para nosotros debería convertirse en una especie de banca pública, igual que Bankia. Lo que han hecho es a través de ella gestionar esos activos tóxicos y, en vez de hacerlo con una filosofía dirigida al bien común, los han vendido en condiciones irrisorias a fondos de inversión. Siendo que la SAREB fue una de las grandes entidades financiadas con nuestros recursos; habría que darle una reconfiguración completa, sin duda alguna.

Fuente: El Salto

La entrada Alejandra Jacinto: “Esta legislatura en la Comunidad de Madrid ha sido la de la antipolítica de vivienda” se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.