El pasado martes se hacía público en el Consejo de Ministros se había alcanzado un acuerdo en materia de vivienda entre los socios del Gobierno de PSOE y UP.

Desde la PAH, a la espera de poder analizar en profundidad la totalidad del acuerdo firmado, explicitamos que la futura Ley de Vivienda debería contemplar las medidas estructurales y de emergencia contenidas en la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada que registramos el pasado jueves.

No obstante, sobre las medidas conocidas en materia de desahucios, hemos de lamentar que no se han incluido ninguna de las recomendaciones que sistemáticamente viene reiterando el Comité DESC de la ONU en sus repetidas condenas a España por vulneración del Derecho a la Vivienda, ya que ni se incluye el juicio de proporcionalidad previo a un desahucio, ni se prohíben los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Tampoco se incluye la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables antes de proceder a un desahucio.

En relación al control de alquileres, no se garantiza su aplicabilidad al conjunto del Estado, como permite el artículo 149.1 de la CE.

Pese a todo, el Gobierno dispone de una Ley ya registrada en el Congreso: La Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, que debería servir de plataforma sobre la que trabajar en el trámite parlamentario, y que cuenta con el refrendo de más de 150 organizaciones de carácter social, sindical de pensionistas, de jóvenes, de consumidores, entre muchas más, y que es espejo de lo que la ciudadanía ansía para afrontar el endémico problema de vivienda y la permanente situación de emergencia habitacional que sufrimos en este país.

A medida que se vayan conociendo más detalles podremos empezar a valorar el acuerdo, que dista mucho de ser una Ley estructural que garantice el derecho a la vivienda.

España necesita, si quiere ser Estado avanzado, un punto de inflexión que se convierta en un mensaje claro a la población de que este derecho está realmente garantizado para toda la ciudadanía y no será nunca más pisoteado.  Con la ley que presenta el gobierno en España se continuarán violando los DDHH al continuar los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y no ofrecerá solución real alguna para los más de 79.000 desahucios que están por venir cuando decaigan las medidas excepcionales este 31 de Octubre. Tampoco soluciona las deudas de por vida que miles de familia tiene por no poder pagar su hipoteca, ni tan solo soluciona la bajada de precios en los alquileres, ni responsabiliza a los bancos y fondos buitres rescatados con dinero público a que pongan las viviendas a disposición de la ciudadanía.

Tenemos un mensaje claro y alto para el presidente Pedro Sanchez y sus socios de Gobierno: Existe un clamor ciudadano a legislar de una vez por todas medidas que frenen la emergencia habitacional y pongan los cimientos para garantizar el derecho a la vivienda de toda ciudadana de nuestro país.

Pónganse a trabajar en ello.

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Hablamos de familias que se ven empujadas a la calle, naturalmente, pero también de jóvenes que tiene la vida truncada antes mismo de empezarla. Y también son familias que no llegan nunca a serlo por falta de estabilidad y así una larga multiplicación de tragedias que no son individuales sino la expresión de un problema social y económico gravísimo.

Si obviamos por un segundo lo tremendo que son estas situaciones, se aprecia que la vivienda sustrae mucho dinero de la economía productiva. Que tantísima gente dedique tanto dinero a pagarse un techo quiere decir que no lo dedican a otras cosas como ocio, cultura, restauración.
La especulación, que en el fondo consiste en transformar viviendas en cajeros automáticos y sentarse a cobrar mes a mes, no sólo está robándoles la vida a millones de personas sino que está arruinando a gente que se gana la vida trabajando de verdad y no viviendo de las rentas.

Se mire desde el ángulo que se mire, la especulación de la vivienda es un cáncer social con el que hay que acabar de una vez por todas. Así lo han entendido en Berlín la semana pasada, donde se han planteado algo tan valiente como expropiar a los grandes propietarios.

Aquí, hoy, presentamos en el Congreso una ley.
La hemos llamado Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada.
Es fruto del trabajo de muchas organizaciones de vivienda junto con los sindicatos de clase y hemos conseguido que la apoyen y registren para tramitarse UP, Más País, EH BIldu, ERC, las CUP, Compromís, BNG, Nueva Canarias y Junts. El objetivo es que la vivienda sea un derecho. Y no uno cualquiera, sino un derecho subjetivo. Es decir, no un brindis al sol como es ahora el «derecho al trabajo» sino como el derecho a la educación.
Tenemos que poder exigirle a la administración que haga efectivo el derecho a la vivienda de todo el mundo y para cada uno. Y la administración tiene que responder caso a caso.

Porque la vivienda es un derecho. No se puede dejar a nadie más en la calle, sin agua, a oscuras o sin calefacción: no se podrá desahuciar sin una alternativa y los garantes de esa alternativa serán los grandes propietarios y, en última instancia, la administración.
Porque la vivienda es un derecho. Nadie se puede quedar atrás: las administraciones tendrán que garantizar un techo a las personas sin hogar o en riesgo de estarlo.
Porque la vivienda es un derecho. El que la puedas pagar no puede convertirla en una carrera de obstáculos: los alquileres tendrán que ser de 7 y 12 años en vez de los 5 y 7 de ahora y se prorrogarán automáticamente. Con esto también se ralentizará la velocidad a la que se puede especular con los alquileres (cuando más rápido venzan los contratos antes pueden subirse los precios) y con esto vamos al reverso necesario del derecho a la vivienda.

Y es que para que la vivienda sea un derecho tiene que dejar de ser un bien de mercado con el que especular.
Y para eso, los principales agentes especuladores (las SOCIMIS) tienen que comprender que aquí su actividad no es bienvenida.
¿Cómo?
Eliminando sus enormes beneficios fiscales, regulando los alquileres y sancionando la vivienda vacía.
¿Y cómo conseguir que no vuelvan más?
Asegurándonos que nunca más puedan convertir la vivienda en un negocio logrando un gran parque público, exclusivamente de alquiler, que sostenga los precios en una horquilla razonable y que haga la regulación innecesaria.
La vivienda tiene que empezar a ser un derecho de verdad y no un medio para que unos pocos sangren a la mayoría acorralándolos con la necesidad de un techo.

Y, ahora, todo depende del PSOE.

El millón largo de desahucios que llevamos desde 2008, los millones de vidas interrumpidas, la economía asfixiada, todo eso puede empezar a cambiar hoy mismo si el PSOE quiere.

#LeyDerechoVivienda
#PSOEtictac

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Desde la PAH consideramos que este anuncio es consecuencia directa de la campaña de presión que iniciamos el pasado 21 de febrero, por tanto una victoria nuestra y también de todos los colectivos que luchan por el garantizar el derecho a una vivienda en todo el Estado.

Sin duda nuestra campaña #ViviendaPorDerecho ha hecho mella y ha conseguido colocar en la agenda del Gobierno estas dos demandas urgentes , que, de no haberse hecho, hubiera supuesto un aumento de los desahucios que se producen a día de hoy en nuestro país.

Esta ampliación del acuerdo de Gobierno, servirá para frenar, al menos, una parte importante de la sangría de 198 desahucios diarios que se producen en todo el Estado. Sin duda, esta noticia supone un alivio para todas las personas hipotecadas que hasta la fecha no sabían si se prorrogaría la moratoria hipotecaria, pero también para miles de inquilinas que, por primera vez, no verán truncados sus proyectos de vida por culpa de la especulación, que nos ha llevado a precios inasumibles que acaban con las familias en la calle.

Sin embargo, la victoria no es total, siguen sin aprobarse medidas urgentes que acaben con los desahucios de personas que, en situación de vulnerabilidad, recuperan viviendas vacías de entidades financieras o fondos buitre y que suponen, al igual que el resto de desahucios, violaciones de Derechos Humanos tal y como ha dictaminado Naciones Unidas. Así como queda por ver los terminos de dicha moratoria ya que prorrogar la actual redactada por el PP, bien sabemos que deja fuera a muchas familias hipotecadas con grave situación de vulnerabilidad y deberían poder acojerse.

Seguiremos presionando hasta conseguir el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, dado que, el próximo 30 de abril, vence el plazo dado a España por el Comité DESC de NNUU, para el cumplimiento de las medidas propuestas en el último de los dictámenes condenatorios de nuestro país, y no se ha adoptado ninguna. Así como para la constitución de una «mesa de diálogo» interministerial por el Derecho a la Vivienda en la que trabajaremos, junto al resto de organizaciones sociales, hasta conseguir modificar elementos estructurales que a día de hoy impiden que el Derecho a la Vivienda sea una realidad en nuestro país.

En ese sentido, nuestra campaña #ViviendaPorDerecho continúa sobre los necesarios cambios estructurales que deberán producirse hasta consolidar el Derecho a la Vivienda en nuestro país.

En definitiva, medidas que consigan modificar cómo ha estado considerada la vivienda en nuestro país hasta ahora, para que deje de ser un mero activo financiero y pase a ser un Derecho Fundamental, tal y como reclamamos desde los colectivos que luchamos diariamente por el Derecho a la Vivienda.

¡Sí se puede y se debe conquistar #ViviendaPorDerecho!

La entrada lun 9 marzo 2020 <br> Seguimos demostrando que sí se puede <br> Moratoria para desahucios de alquiler, victoria para las familias hipotecadas y para miles de inquilinas. se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.