Mercedes Revuelta vio un desahucio por la tele, cuando la efervescencia del 15M, y se inició en el activismo. Forma parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la Coordinadora de Vivienda de Madrid.
Entre tanto desahucio ha recibido algunos porrazos y pasado un par de noches en el calabozo. La cosa está peor que nunca, según cuenta, pero los pequeños logros cotidianos hacen que siga adelante. En su entorno familiar, por cierto, esto de la política se lo toman muy en serio. La hija de Revuelta es Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030, y su pareja el politólogo Jorge Verstrynge.

Pregunta. ¿Cómo se inició en el activismo?
Respuesta. Muy fácil: vi el 15M en la Puerta del Sol y me dije: “Ahí tengo que estar yo”. Hasta ese momento solo trabajaba, trabajaba, trabajaba. Familia y trabajo, solo eso. Así que me uní a una asamblea de vivienda, en el distrito de Usera, en Madrid, y comencé. Recuerda que eran unos años muy aburridos…

P. ¿Por qué?
R. Antes no se hablaba de nada. No se hablaba de política, no pasaba nada. Pero el 15M nos abrió los ojos. Al menos a mí. Entonces empieza a haber más debate, más información…

P. Antes del 15M hablar de política estaba mal visto, sonaba panfletario. Luego se ha convertido en el deporte nacional.
R. Es que estábamos con el bipartidismo, algo acomodados… De aquella yo vi un desahucio por la tele, que sucedía en un pueblo de Barcelona. Yo no sabía ni lo que era un desahucio. Vi a la Guardia Civil intentando llegar al portal y a los activistas poniendo su cuerpo para pararlos. Pensé: “Hostia, qué bestia”.

P. ¿Cómo es el día a día del activista?
R. Es olvidarte de todo lo demás y estar siempre pensando en vivienda, en desahucios, en derechos… Ir a juicios para aprender, hablar con secretarias judiciales, trabajadores sociales, abogados de oficio. Se aprende todo el rato. Antes no se hablaba de nada. No se hablaba de política, no pasaba nada. Pero el 15M nos abrió los ojos. Al menos a mí.

P. ¿Es rentable el esfuerzo? A veces percibo cierta frustración en el activismo.
R. Son esfuerzos muy grandes que no siempre se traducen en resultados igual de grandes. Pero hay algunos resultados que son muy impactantes: cuando se regulariza a una familia que está ocupando un piso vacío de un banco por
necesidad, o cuando otra familia consigue un contrato de alquiler, y ya tendrá tranquilidad, y no sufrirá por la vivienda. A veces conseguir un puñetero contrato cuesta cuatro años de trabajo, ¿cómo puede ser?

P. Mucho lío.
R. Fíjate, todavía estamos con casos de hipoteca de la crisis anterior, la de 2008. Todavía se está desahuciando a familias víctimas de aquello.

P. Los desahucios se pusieron entonces en primera plana, ahora parecen olvidados.
R. Nos lo decís los periodistas: cuando algo pasa todo el rato, deja de ser noticia. Cada día laborable suceden 166 desahucios en España. 40.000 desahucios al año. A pesar de la bestialidad que es, ya no es noticia. Pero el panorama está peor que nunca.

P. La liturgia de los desahucios, con la embestida de los antidisturbios y la resistencia de los activistas, ya está incrustada en el imaginario colectivo. ¿Se mete usted ahí?
R. Una vez que te metes, te metes. La violencia policial en los desahucios suele ser desproporcionada, no es necesaria, no se ve en otros países. Una brutalidad que no se entiende y que es made in Spain. Todas las recomendaciones
internacionales, incluidas las de Naciones Unidas, dicen que hay que llegar a cualquier acuerdo posible antes de usar esa fuerza. ¿Cómo va a ser necesario sacar así a unos niños de su casa, como tantas veces hemos visto en el último año?

P. ¿A usted le han dado?
R. Me han caído unos cuantos porrazos, y eso que ya tengo una edad y no me pongo en primera fila. Y me han caído unas cuantas multas. Y he pasado un par de noches en el calabozo.

P. Uy, ¿eso cómo es?
R. Pues tienes un montón de colchonetas horrorosas para tumbarte, aunque da un poco de cosa, a saber lo que habrá allí. Pero mejor que el suelo… Las celdas son compartidas, con otras mujeres. Cuando yo he estado, aquello parecía una asamblea del 15M. Los policías de comisaría tienen otra función que los antidisturbios del desahucio, quieren saber qué es lo que ha pasado, así que les sueltas toda la charla.

P. Hace unos años el foco estaba puesto en la injusticia de los desahucios, en la especulación, en el problema de la vivienda. Ahora en el miedo irracional a los okupas. Se ha dado la vuelta a la tortilla.
R. El movimiento por la vivienda ha pasado de ser Ciudadano Europeo, como premió el Parlamento Europeo en 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a ser considerados delincuentes o “filoetarras”, como nos llamaba la que
fue presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Desde hace cinco años se criminaliza a las personas pobres, y a las no tan pobres, también de clase media, que se ven obligadas a meterse en un piso vacío.

P. ¿Qué ha pasado?
R. Es intencionado: los lobbies poderosos emprenden y pagan estas campañas. Desde hace cinco años se criminaliza a las personas pobres, y a las no tan pobres, también de clase media, que se ven obligadas a meterse en un piso vacío. En los programas amarillistas de la tele se habla de “okupas” sin distinguir si es un allanamiento de morada, o la ocupación de un piso vacío de un banco o un fondo de inversión.

P. La novedad es el “inquiokupa”.
R. Es el nivel de agresividad siguiente: son los inquilinos de toda la vida que se han empobrecido con las sucesivas crisis y los trabajos de mierda, y ya no pueden pagar. Se les criminaliza con ese nombre. Quieren enfrentar a los caseros con los inquilinos. Es vergonzoso.

P. ¿Cuál es la solución?
R. Hacer política de vivienda, que en este país nadie ha hecho en los últimos 50 años, exceptuando alguna autonomía y ciudad puntual donde sí se han hecho los deberes. El sector de la vivienda es el Salvaje Oeste en España. Casi no hay vivienda pública, es evidente al compararlo con los países del entorno.

P. Hace falta vivienda pública y…
R. Tres cosas esenciales: paralizar los desahucios de las familias sin alternativa habitacional, tener un parque de vivienda pública adecuado y controlar los precios del alquiler, cosa que funciona si se ponen en marcha el resto de medidas necesarias. Igual cuando haya un 15% de vivienda pública ya no hay que poner tope a los alquileres. Si hay colegios públicos y hospitales públicos, ¿por qué no hay vivienda pública?

P. ¿La Ley de Vivienda?
R. Está encallada porque el PSOE no tiene ningún interés en enfrentarse a los lobbies y sacarla adelante. Y quizás no veamos otra oportunidad como esta. Así que se está vendiendo la vivienda pública a los fondos de inversión, se está desahuciando… ¿Dónde va a ir la gente? Los gobernantes están para pensar en la ciudadanía, no en fondos como Cerberus o Blackstone.

P. ¿Por qué están los alquileres desorbitados?
R. No hay demasiada oferta de alquiler porque los fondos de inversión tienen una buena parte de sus pisos cerrados. En Madrid, hace lo mismo el IVIMA, de la Comunidad de Madrid, y, en menor medida, el Ayuntamiento. Hay escasez, y eso sube los precios. Los fondos buitres están vaciando las ciudades para especular con las viviendas vacías, vendiéndoselas unos a otros, y no hay donde vivir. ¿Queremos un país donde la gente esté sufriendo cada mes por pagar el alquiler o la hipoteca?

Sergio C. Fanjul (Oviedo, 1980)
Licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo.
Tiene varios libros publicados y premios como el Paco Rabal de Periodismo Cultural o el Pablo García Baena de Poesía.
Es profesor de escritura, guionista de TV, radiofonista en Poesía o Barbarie y performer poético.
Desde 2009 firma columnas y artículos en El País.

Fuente

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La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) posee en la ciudad de Madrid capital 8.600 inmuebles, casi 3.000 viviendas. En la Comunidad de Madrid, 21.000 pisos, y más de 23.500 personas en lista de espera.

El recién ungido-moderado-nueva gran esperanza Feijóo ha pedido, por ejemplo, que en Galiza cambie la gestión de la SAREB. En Madrid, Ayuso… no.

N A D I E quiere hablar de la SAREB. Ni ella, ni el FROB, ni los ministerios de Economía, Transporte, Derechos Sociales, Interior: Pasapalabra. Game over. Pasan de mí en canoa.

Mientras, el banco malo posee 45.618 viviendas en España y sigue desangrándose: sus pérdidas aumentaron un 52% en 2021, cuando acabó el ejercicio con un saldo negativo de 1.626 millones de euros.

Pero volvamos a Madrí, que me despisto: si la región asumiera como parque público las viviendas de la SAREB en Madrid, aumentaría su bolsa un 14%. Pero es que no lo han pedido. Además de Galiza, lo han hecho Catalunya y València, que hoy mismo viene a Madrid a reclamarlo (lo suyo es un escándalo, casi 9.000 viviendas de la SAREB).

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Posteriormente, celebraremos una rueda de prensa junto a los leones en la que nos acompañarán los partidos que dieron apoyo a nuestra propuesta legislativa y explicaremos cómo participaremos de las negociaciones de la ley.

¿Dónde?
Frente al Congreso de los Diputados (junto a los leones)
<M> Sevilla y Sol
Cencanías Recoletos

¿Cuándo?
Jueves, 31 de Marzo a las 11:00 h.

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Intervendrán:

• Miembros de la Plataforma Cívica y su equipo legal.
• Portavoces de organizaciones vecinales de Cañada Real.
• Representantes de las 5 grandes organizaciones denunciantes:
  – Defence The Children International (DCI)
  – Comisiones Obreras (CC.OO.)
  – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)
  – Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA)
  – ATD Cuarto Mundo

Se entregará dossier de prensa con la documentación del caso.

¿Dónde?
Sede Comisiones Obreras
c/ Fernández de la Hoz, 12
<M> Alonso Martínez (L4, L5 y L10)

También puedes seguirlo en el canal de YOUTUBE de Comisiones Obreras.

¿Cuándo?
Jueves, 17 de Marzo a las 10:30 h.

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La entrada jue 17 marzo 2022 <br> Presentación y Rueda de Prensa <br> Demanda de Medidas Urgentes ante el Consejo Europeo por Vulneración de los Derechos Humanos se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Desde hace tiempo, en esta publicación hemos puesto el foco en los sindicatos de barrio, contando las reflexiones que nos llegaban desde algunas zonas de Catalunya y tratando de seguir las victorias del grupo de Autodefensa Laboral de Carabanchel (ADELA) y del Sindicato de Barrio de Hortaleza, anteriormente denominado Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras.

Este mes, desde Carabanchel nos llegan las noticias de cómo han enfrentado victoriosamente un conflicto laboral contra el restaurante Distrito798 que explotaba a cuatro trabajadores y que ha tenido que rendirse cuando éstos se organizaron con ADELA. También desde Hortaleza, veíamos cómo una manifestación de cientos de personas acompañaba a Raquel a enfrentarse a los representantes de un fondo de inversión que querían (infructuosamente) echarla de su casa tras cuarenta y seis años pagando el alquiler.

Siguiendo sus pasos, en estos días se ha presentado el Sindicato de Barrio de Moratalaz.

Durante la última década, las trabajadoras hemos sufrido los efectos de los bajos salarios, precios de vivienda abusivos, jornadas laborales sobreexplotadoras, decretos y leyes que han diezmado nuestros derechos y, durante el último año, el salario de los ERTE´s y el mundo de la insuficiencia, pobreza y desconcierto que le acompaña.

Por todo ello, se hace más que necesaria la creación de un espacio donde confluyamos vecinas y trabajadoras de Moratalaz. Un espacio donde mediante el apoyo mutuo, seamos capaces de organizarnos y hacer frente a los problemas que tengamos en los dos ámbitos presentes y necesarios en la actualidad para poder sacar adelante nuestras vidas: el trabajo y la vivienda.

Cuando leímos el comunicado del nacimiento del Sindicato de barrio de Moratalaz nos llevamos una tremenda alegría: sindicato, clase trabajadora, apoyo mutuo, solidaridad… ideas que vuelven a resonar con fuerza y tratan de ser llevadas a la práctica en cada vez más sitios.

Por eso, y a modo de presentación y de bienvenida, les hemos realizado esta entrevista

Imaginamos que un sindicato así no nace de la nada y que bebéis de las distintas luchas que ha afrontado el barrio de Moratalaz en los últimos tiempos. ¿Nos podéis contar de dónde provenís?

Los primeros militantes del Sindicato de Barrio de Moratalaz provenimos de Distrito 14, un colectivo juvenil de Moratalaz. Algunos seguimos militando ahí y otros no por incompatibilidad y por prioridad, en el sentido de que el sindicato se centra en llevar en un sentido más práctico y real la lucha en el ámbito de la vivienda y los conflictos laborales, con la idea de ir dejando atrás poco a poco el simbolismo y amplitud de los temas que trabajan los colectivos juveniles, que en muchos casos lleva a no profundizar en cómo llevar a cabo un cambio efectivo de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. A pesar de ello, no consideramos que en ningún caso sean dos militancias antagónicas; al contrario, se complementan. En definitiva, la idea del Sindicato de Barrio de Moratalaz consiste en otorgar una serie de herramientas al barrio que un colectivo juvenil como Distrito 14, por su propia naturaleza, no podía ofrecer.

Los primeros sindicatos de barrio de Madrid surgen poco después del 15M. ¿Qué os ha llevado a seguir estos pasos casi diez años después? ¿Estáis influenciados por colectivos como el Sindicato del Barrio de Hortaleza o sindicatos de barrio de algunas localidades de Catalunya?

Estos días hemos hecho hincapié en destacar que el camino que nosotros hemos iniciado ya ha sido trabajado y está siendo trabajado por otras asambleas de otros barrios y ciudades. De hecho, nos hubiese sido imposible dar los primeros pasos si no fuese por la colaboración de otros espacios y asambleas como PAH Vallekas, quien nos está brindando todo el conocimiento que pueden ofrecernos. Ocurre lo mismo con ADELA, grupo de autodefensa laboral en Carabanchel que también ha puesto todas sus herramientas en nuestras manos; o el Sindicato de Barrio de Hortaleza, en cuyo funcionamiento también nos hemos fijado durante estos meses. Sin duda, la influencia de los sindicatos de barrio y asambleas de vivienda ya existentes en Madrid ha sido inmensa. En relación a la primera cuestión, lo que nos ha llevado a seguir el camino de las asambleas de vivienda y los sindicatos de barrio ha sido nuestra participación en los Stop Desahucios convocados por ellas, así como otro tipo de acciones de las que también hemos formado parte. Ha sido y será siempre un orgullo poner nuestros cuerpos durante todos estos años en los portales de centenares de familias; sin embargo, Moratalaz no ofrecía ese apoyo (mutuo) que los barrios a los que acudíamos a parar desahucios sí que disponían. Era una contradicción política que a través de la creación del Sindicato de Barrio de Moratalaz vamos a intentar superar.

Habitualmente, las luchas en materia de vivienda y laboral se desarrollan en colectivos específicos centrados en uno de los dos ámbitos. ¿Qué os lleva a enfrentarlos desde una sola organización barrial?

En muchísimas ocasiones el paro, los bajos salarios y la sobre-explotación laboral es causa inmediata de los problemas de vivienda. Entendemos que una cuestión va estrechamente ligada a la otra en la mayoría de situaciones. Y, como la intención es sumar fuerzas para hacer frente de manera contundente a ambas problemáticas, ¿por qué no sumar todas las fuerzas posibles uniendo los dos ámbitos, el laboral y el de vivienda? Es irrelevante lo que perderíamos en el intento en comparación con la inmensidad que podemos ganar si conseguimos unir a afectados tanto en el ámbito de la vivienda como en el laboral. Lejos de ser incompatible, es una manera de organizar políticamente al mayor número de personas a través de dos tipos de problemáticas muy ligadas entre sí, en un barrio como es Moratalaz en el que posibles afectados están completamente desprotegidos al no disponer de una asamblea de vivienda o un sindicato de barrio al que poder acudir para enfrentarse a ello.

Hace ya años, desde ADELA de Carabanchel nos contaban que “No tenemos ninguna intención de sustituir a los sindicatos, a los que por otra parte consideramos organizaciones fundamentales y necesarias, sino llegar a donde entendemos que bien por falta de interés o de fuerzas no están pudiendo, y en el caso de los más combativos y de clase, facilitar que alguna vez puedan hacerlo”. ¿Cuál será vuestra relación con los sindicatos alternativos?

¡Firmamos encantados cada palabra dicha por ADELA en esa frase! No solo es nuestra intención compartir metas y objetivos con los sindicatos alternativos y combativos, sino que entendemos que no obstaculizamos el trabajo de ellos por ofrecer más herramientas a los trabajadores para organizarnos. En muchas ocasiones, como dicen los compañeros de ADELA, los sindicatos alternativos no tienen fuerzas suficientes para llegar a los rincones de nuestros barrios, algo que nosotros sí que podemos hacer. ¿Por qué no ayudarnos mutuamente? A todo ello añadimos el conocimiento que nos brindan este tipo de sindicatos, como todo el que por ejemplo adquirimos junto a la CNT-AIT durante la serie de acciones y protestas que llevamos a cabo en Moratalaz a raíz del accidente laboral mortal de Marijose, conserje del IES Felipe II, como consecuencia de la negligencia de una Dirección cuanto menos incompetente. Nunca olvidaremos esas semanas ni los aprendizajes que de todo ello sacamos.

Nos alegra que en vuestro comunicado hagáis mención de los “pequeños propietarios” y “pequeñas empresas” como unos de los causantes de la especulación y la explotación laboral no apuntando solamente a multinacionales y fondos buitres. ¿Creéis que a veces se olvida el papel de los comercios de barrio en los abusos laborales en algunas campañas de los movimientos sociales que buscan potenciar el “comercio local”?

¡Por supuesto! Ya no solo se olvida que la lógica de las relaciones laborales en los pequeños comercios sea la misma que en la de los medianos y grandes establecimientos, sino que en este tipo de campañas, consciente o inconscientemente, se está blanqueando tanto a posibles explotadores como una cultura e ideas acerca del trabajo que están muy lejos de nosotros, políticamente hablando. Este último es el caso de los negocios unipersonales, cuyos dueños y únicos trabajadores hacen hincapié en el trabajo como modelo de vida, algo que rechazamos enérgicamente. Los salarios y las condiciones laborales del pequeño comercio siguen el patrón marcado por los Convenios sectoriales de la Comunidad Autónoma en cuestión o/y el Estatuto de los Trabajadores, un patrón que en cuerpo y esencia es el mismo que el de las grandes empresas, cuyos Convenios laborales no son muy lejanos en cuanto a contenido en comparación a los autonómicos. Y ello sin tener en cuenta cómo ni tan siquiera se cumplen las condiciones laborales establecidas en dichos convenios. Los pequeños comercios no “hacen barrio” ni “dan vida al barrio”. Especulan con bienes de primera necesidad, con nuestros salarios y con nuestras condiciones laborales, al igual que las grandes marcas. Blanquearles a través de campañas que buscan potenciar “el comercio local” tiene como consecuencia la desprotección total de sus trabajadores, al poner el foco de posible sobre-explotación laboral únicamente en las grandes empresas en lugar de en cualquier empresa, sea ésta del tamaño que sea, donde haya trabajadores. Y aquí es donde entramos nosotros.

Vemos que os reunís en el CPK La Bankarrota, ¿nos podéis contar la trayectoria y situación legal actual del local?

El espacio de reunión es CPK Bankarrota, un antigua sucursal de Caja Madrid okupada desde febrero de 2015 en Moratalaz, y que a día de hoy se encuentra en manos del fondo buitre Arguijo, que tantos desahucios de familias ha protagonizado. Los que formamos parte del Sindicato de Barrio de Moratalaz, y los que formamos o hemos formado parte de Distrito 14, sabemos perfectamente que no hubiésemos llegado hasta aquí si no hubiese sido posible la existencia de CPK Bankarrota. Tener un espacio seguro donde poder realizar asambleas, tomar decisiones, preparar y llevar a cabo acciones, organizar cafetas, dotar de espacios de reunión a coordinadoras, etc., tiene una importancia enorme políticamente hablando. No nos imaginamos todos estos años de militancia sin este espacio. La situación legal de CPK Bankarrota es complicada. No nos quedan muchos meses hasta el desalojo; el juicio tuvo lugar hace aproximadamente medio año y, como es lógico en la lógica del Estado capitalista (valga la redundancia), lo perdimos. A día de hoy se encuentra interpuesto un recurso, el último antes de la sentencia definitiva que, tal y como esperamos, señalará hora y lugar para el desalojo del espacio. A pesar de ello, la sentencia no impide que puedan aparecer otros espacios como éste en Moratalaz en un futuro.

Dado que os juntáis en un espacio okupado, nos imaginamos la respuesta, pero ¿qué importancia le dais a la defensa de la okupación dentro de la lucha por la vivienda?

Defendemos de manera rotunda y sin matices la okupación como método para poder acceder a una vivienda digna y hacer así realidad este derecho. No nos importa que el propietario sea un banco, un fondo, una empresa o un particular; todos los propietarios de varias viviendas especulan con ellas de una u otra manera en beneficio de ellos y en perjuicio de los trabajadores que las habitan y que las pagan con mucho sudor y trabajo. Nuestro lema es claro: “tenemos derecho a una vivienda digna: o nos la dan, o la cogemos”.

Puedes contactar con el Sindicato en sindicatobarriomoratalaz@gmail.com

Fuente

La entrada Sindicato de Barrio de Moratalaz: «Los problemas en el trabajo anteceden a los de la vivienda. ¿Por qué no unir fuerzas para hacer frente a ambas problemáticas?» se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Se ha convocado una rueda de prensa informando sobre la manifestación del 2 de Octubre.

¡¡Los servicios públicos no se venden!!
¡¡SE DEFIENDEN!!

¿Dónde?
Congreso de los Diputados
Carrera de San Jerónimo s/n
<M> Sevilla

¿Cuándo?
Miércoles, 15 de Septiembre a las 11:30 h.

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La entrada mié 15 septiembre 2021 <br> CONCENTRACIÓN <br> Defendamos los servicios públicos se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

La Asamblea de Vivienda del barrio de Usera de Madrid acoge numerosos casos de madres con hijos a cargo (familias monomarentales) que ocupan viviendas vacías propiedad de entidades bancarias o fondos de inversión. Todas ellas ocupan por necesidad al carecer de medios para el acceso a una vivienda a través del mercado y en ausencia de posibilidad real de acceder a vivienda pública. Muchas llevan años buscando una solución tras perder su casa por ejecución hipotecaria o como consecuencia de una separación. 

Frecuentemente, estas mujeres cuentan con ingresos derivados de subsidios o contratos eventuales. La crianza en solitario de sus hijas/os dificulta el acceso a empleos a tiempo completo. Si lo consiguen, los salarios mileuristas no son suficientes para acceder al mercado del alquiler. Por otra parte, el número de empleos en tareas de cuidados o limpieza (sectores abrumadoramente feminizados) se ha reducido desde marzo de 2020 como consecuencia del Covid-19. El aumento de llamadas a Servicios Sociales durante el Estado de Alarma, tramitándose tres veces más ayudas que en 2019, ha puesto sobre aviso de la realidad de muchas mujeres como nuevo perfil que solicita auxilio social.

Cuando una familia llega al límite de sus posibilidades y no puede satisfacer las exigencias del mercado (nominas, avales, dinero efectivo para adelantar mensualidades como señal) entra en un mercado alternativo de la vivienda (alquiler de una habitación, contratos verbales, pagos en mano, o compraventa de llaves de pisos ocupados). Llegados a este punto, una red de servicios sociales saturada e impotente se interpone entre la necesidad imperiosa de recibir ayudas y la llegada de las mismas para quienes llevan años solicitando un alquiler social a las distintas administraciones. Las entidades financieras y fondos han acumulado decenas de miles de viviendas durante la última década fruto de desahucios de familias afectadas por la crisis económica derivada del estallido de la burbuja producida por la especulación inmobiliaria.

Negación institucional

La Comunidad de Madrid rechaza cualquier solicitud de personas que no dispongan de “título legal suficiente” del inmueble que ocupan, en aplicación del Decreto 52/2016 sobre “requisitos para solicitud de vivienda por especial necesidad”. Esta norma ha sido señalada como “profundamente injusta” por el Defensor del Pueblo, quien ha solicitado en varias ocasiones a la Comunidad de Madrid que la derogue. Incluso el Comité DESC de Naciones Unidas, en el caso Viviana López contra España, ha dictaminado expresamente que España debe eliminar ese tipo de normas. Hasta ahora la Comunidad viene rechazando todas las peticiones de las instituciones de Derechos Humanos.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda Social (EMVS), no rechaza directamente las solicitudes de vivienda pública y permite a las solicitantes inscribirse en su registro permanente. Sin embargo, penaliza toda ocupación al excluirlas de la categoría “personas en vulnerabilidad residencial” (Reglamento de adjudicación de viviendas gestionadas por la EMVS S.A.), convirtiendo en irreal la posibilidad de ser adjudicataria.

Ante las sucesivas inadmisiones de solicitudes de vivienda por la Comunidad de Madrid, desde la Asamblea de vivienda de Usera en colaboración con el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, hemos recurrido ante los tribunales uno de los casos más sangrantes, con un procedimiento “piloto” que esperamos que abra vía para derogar el reglamento que impide concurrir en igualdad de condiciones a viviendas públicas para personas vulnerables. 

Ocupación de vivienda vacía protagonizada por mujeres

El único delito del Código Penal que registra mayores condenas en mujeres que en hombres es la usurpación. La falta de datos y la estigmatización mediática ocultan una grave discriminación de género en unidades familiares especialmente vulnerables.

En la estadística penal de nuestro país, las condenas a hombres por todo tipo de delitos triplican o cuadruplican a las de las mujeres. En el año 2020, el número total de condenas por delitos en toda España fue de 412.571 según datos del Consejo General del Poder Judicial. De ellas, 332.029 (80%) corresponden a hombres y 80.532 (20 %) a mujeres. Pero no siempre ha sido así.

En todos los delitos la pauta distintiva por género se repite en mayor o menor proporción, salvo en uno, la usurpación de vivienda vacía. En 2020 el número total de condenas por usurpación fue de 4.687, correspondiendo a hombres 2.291 y a mujeres 2.396. Es decir, las mujeres cometen este delito en tasas ligeramente superior a los hombres (51% frente a 49%). En 2019 la distancia es superior (sobre 6.087 condenas por usurpación, el 52% correspondieron a mujeres y el 48% a hombres). En el año 2007 se produjeron 420 condenas por usurpación. 274 correspondían a hombres (65%) y 146 a mujeres (35 %). Con la crisis económica, las cifras se fueron igualando poco a poco a partir de 2008, a medida que aumentaba la cifra total de condenas por usurpación, para igualarse en 2016. Desde 2017 las mujeres superan la cifra de hombres en condenas por usurpación.

¿Por qué ocupan más mujeres que hombres? La falta de estudios sobre el fenómeno de la ocupación impide formular respuestas concluyentes. En materia de vivienda, las administraciones apenas dedican esfuerzos a recabar datos empíricos (y menos aún desagregados por genero) para proponer políticas públicas igualitarias. Por eso, la imagen que trasmiten los medios, atizados por intereses amarillistas, tienen poco que ver con la realidad.

Vivienda, mujer y Derechos Humanos

Leilani Farha (exRelatora Especial de Vivienda de la ONU), en su informe de 2015, afirma que en materia de vivienda la crisis económica tuvo un gran impacto en la falta de hogar de las mujeres en España. Según el informe “En muchos casos, las antiguas parejas o maridos que compartían las hipotecas se negaron a negociar con los bancos la reestructuración, el alivio o la cancelación de la deuda. Cuando se ejecutaron sus viviendas, se quedaron con una deuda importante, a menudo en viviendas inseguras, con un alto riesgo de falta de hogar.”

En las conclusiones y recomendaciones de los informes de los relatores especiales de la ONU sobre violencia contra la mujer emitidos entre 2003 y 2019, se ha manifestado de manera reiterada: 

a) la necesidad de igualdad de derechos de las mujeres y, en particular, el derecho a la propiedad, a una vivienda adecuada y al acceso y control de la tierra; 

b) que la discriminación contra la mujer en la ley constituye una violación de derechos humanos; 

c) que las mujeres y las niñas sufren discriminación múltiple en todas las esferas relacionadas con el acceso y disfrute a una vivienda adecuada a causa de diversos factores interrelacionados; 

d) Que la política de vivienda está directamente relacionada con la cuestión de la violencia contra la mujer.

Consecuencias

La falta de seguridad de la tenencia –en el derecho y en la práctica– hace muy difícil la protección de estas mujeres (con sus hijas/os), favoreciendo una serie encadenada de violaciones de Derechos Humanos.

Desde el punto de vista legal, la falta de acciones positivas para eliminar o reducir las desigualdades de género en materia de vivienda vulneran del principio de igualdad y de tutela contra la discriminación amparado en el artículo 14 de la CE y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Las mujeres, como último remedio, ocupan para no verse en la calle con sus familias y no cuentan con apoyos institucionales. En un entorno de creciente criminalización de la ocupación, las mujeres ocupan en silencio y ocultan su realidad mediante una autocensura que las sitúa en una especie de clandestinidad civil, lo que las aísla aún más.

La Asamblea de vivienda de Usera denuncia que desde la declaración del estado de alarma (marzo de 2020), miles de familias se encuentran sin posibilidad de pagar su alquiler enfrentándose a situaciones de incomprensión, miedo al desalojo y amenazas por parte de su arrendador. La casuística es amplísima: con la llegada de la crisis económica derivada del Covid 19 han aumentado los desalojos “invisibles”, que se producen por debajo del radar judicial y estadístico. “Una madre oculta a su bebé bajo su abrigo para alquilar una habitación”. “Otra se encontró a su casera dentro de su vivienda, que la desalojó por estar embarazada”. “Nos llegan casos de familias con cuatro niños en pisos de 40m2”.

La especulación rampante en grandes ciudades de nuestro país y la ola de criminalización de la ocupación, sin distinguir entre las diferentes circunstancias que la producen, coloca en situación en alto riesgo a muchas mujeres. Madres a la cabeza de unidades familiares precarias viven atrapadas en una espiral de discriminación, estigmatización y negación de auxilio por parte de las administraciones.

Feminismo y Derecho a la Vivienda

La agenda feminista debe incluir la lucha frente a la especulación, los desahucios y los cortes arbitrarios de suministros básicos porque la vivienda es condición necesaria para el ejercicio de muchos otros derechos fundamentales.

Hacen falta estudios rigurosos sobre los datos encontrados en los delitos de usurpación, que apuntan a una discriminación creciente en los márgenes del mercado inmobiliario. Son urgentes las medidas desde las instituciones públicas de defensa de la mujer y de las personas más vulnerables. Entre ellas, eliminar el estigma sobre la ocupación y la discriminación de género para las mujeres que luchan por garantizar morada a sus hijos/ as menores de edad en medio de burbujas especulativas inmobiliarias cada vez más agresivas. Para la Asamblea de Vivienda de Usera no habrá igualdad mientras no se garantice un vivienda digna y segura para todas.

Asamblea de Vivienda de Usera, Laura Barrio (Investigadora y activista por el Derecho a la Vivienda), María José Sobrino y Javier Rubio (Abogados del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

Madrid, 28 de julio de 2021.

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La entrada mié 28 julio 2021 <br> Mujeres y ocupación de viviendas vacías se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

El Gobierno está preparando la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda. Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio.

La crisis habitacional es innegable: Más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo, 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, 1 millón de desahucios entre 2008 y el 3er trimestre del 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos sin importar que hubiera menores o ancianos dependientes. Por eso, no estamos dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta Ley. Contra las presiones de los especuladores, llamamos a la gente de a pie a sumarse a la movilización necesaria para asegurar la protección de este Derecho humano en nuestro país.

En España, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos, y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden formarse, de hecho únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable. Mientras, según el INE (2011), hay 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores, el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa. Después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos garantizando una vivienda para quien lo necesite mediante un presupuesto suficiente en políticas de vivienda pública y estableciendo mecanismos legales que obliguen a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas.

Llevamos demasiados años sufriendo a quien pone sus beneficios privados por encima de la vida y salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todos nos merecemos.

Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectados y sociedad civil, blinde las legislaciones autonómicas más progresistas y dé cumplimiento de una vez a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores. Por imperativo constitucional y estatutario corresponde a las Comunidades Autónomas definir y desarrollar las políticas de vivienda, pero el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda es competencia irrenunciable del Estado, debiendo ser comunes las bases de este derecho esencial, conforme a lo dispuesto en el articulo 149.1.1.a de la Constitución.

Existe una mayoría social y también parlamentaria que apoya estas medidas, pero tenemos claro que sólo con la movilización de toda la población conseguiremos que esta Ley sea la garantía del Derecho a la Vivienda.

Descarga AQUÍ el manifiesto completo en formato PDF.

Puedes ver la rueda de prensa en directo AQUÍ …

… y AQUÍ un resumen de la misma.

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Congreso de los Diputados
Carrera de San Jerónimo, s/n

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Jueves, 17 de Diciembre a las 12:30

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