Ecologistas en Acción, Anticapitalistas y el movimiento de vivienda reivindican la presión y la organización popular que han conseguido esta suspensión y advierten de que la amenaza de desahucio continúa. Las organizaciones exigen al Ayuntamiento de Madrid y a la EMVS la retirada definitiva del desahucio, la regularización de la situación de Paca y un alquiler social adecuado a sus ingresos.

La presión social y la organización colectiva han logrado una nueva suspensión del procedimiento de desahucio de Paca Blanco, histórica activista social, ecologista y feminista. Su abogada, Alejandra Jacinto, ha acudido hoy al juzgado, donde le han comunicado que el procedimiento queda suspendido durante 60 días. Paca se enfrentaba a un nuevo lanzamiento señalado para el 30 de noviembre.

Ecologistas en Acción, Anticapitalistas y el movimiento de vivienda, con organizaciones como el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reconocen esta suspensión como un logro de la movilización popular. Sin embargo, advierten de que no pone fin al conflicto ni garantiza el derecho de Paca a permanecer en su hogar. Una nueva prórroga mantiene la amenaza y prolonga la incertidumbre que lleva años soportando.

No basta con aplazar el desahucio. Las instituciones deben ofrecer una solución definitiva que permita a Paca vivir con tranquilidad y dignidad. Encadenar suspensiones mientras se mantiene la amenaza de expulsión supone un maltrato institucional y un desgaste especialmente grave para una persona mayor con un estado de salud delicado.

La muerte de Maricarmen, de 87 años, la semana pasada, hace aún más urgente esta exigencia. Su caso recuerda el sufrimiento de quienes viven pendientes de un desahucio y de aplazamientos que no resuelven su situación. No podemos aceptar que la respuesta institucional consista en prolongar esa angustia. Por Paca, por Maricarmen, por Mariano y por todas las personas desahuciadas o amenazadas de desahucio, exigimos soluciones estables que garanticen el derecho a la vivienda.

Una solución al alcance del Ayuntamiento de Madrid

Paca lleva más de diez años residiendo en una vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Se trasladó allí junto a su hijo, a quien se había adjudicado el piso. Cuando él se marchó, Paca comenzó a solicitar la subrogación del contrato para regularizar su situación. Durante años ha intentado que el Ayuntamiento de Madrid atienda esta petición, sin obtener una solución, pese a haber abonado el alquiler, tal como recogían las anteriores denuncias públicas del caso.

La solución está al alcance del Ayuntamiento y de la EMVS: retirar definitivamente el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación del contrato y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos. Una empresa pública de vivienda debe garantizar el acceso a un hogar y la estabilidad de quienes lo habitan.

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado –sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales– han respaldado el manifiesto de apoyo a Paca. Ese apoyo consiguió frenar un anterior intento de desahucio y vuelve a demostrar que la organización colectiva es imprescindible para defender el derecho a la vivienda. Las organizaciones seguirán movilizándose hasta que Paca tenga garantizada su permanencia en su hogar.

Una vida dedicada a defender lo que es de todas

Paca Blanco, militante histórica de Ecologistas en Acción y Anticapitalistas, es un referente de las luchas sociales, ecologistas, feministas, antinucleares y por el derecho a la vivienda. Durante décadas ha defendido el territorio, el medio ambiente y la dignidad de las personas.

Su trayectoria está atravesada también por la precariedad y la represión. De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer. Años después fue expulsada de su vivienda en la localidad extremeña de El Gordo cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y encabezaba la oposición al complejo de lujo Marina de Valdecañas.

Ahora vuelve a enfrentarse a la amenaza de perder su hogar. Expulsarla supondría poner en riesgo su salud, su autonomía y la posibilidad de seguir viviendo en su entorno. El intento de desahucio tiene una enorme gravedad social y simbólica: se amenaza con dejar sin casa a una mujer que ha dedicado su vida a defender el bien común.

El caso de Paca no es un hecho aislado. Forma parte de una dinámica estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios y subordina el derecho a la vivienda a los intereses inmobiliarios. La responsabilidad de las instituciones estatales, autonómicas y municipales es garantizar condiciones de vida dignas y evitar que las personas pierdan su hogar.

Defender a Paca es defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora. La suspensión de 60 días demuestra la fuerza de la movilización, pero nuestra exigencia sigue intacta: retirada definitiva del desahucio, regularización de su situación y alquiler social adecuado a sus ingresos.

Por Paca.
Por Maricarmen.
Por Mariano.
Por todas.

BASTA DE APLAZAMIENTOS QUE PROLONGAN EL SUFRIMIENTO.

EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

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Maricarmen fue desahuciada a sus 87 años de la casa donde había vivido los últimos 70 años e ingresada por la violencia extrema vivida. Tras dos semanas en el hospital, ayer nos dejó. Su lucha se ha convertido en símbolo y en el catalizador de las movilizaciones por todo el Estado que no cesan ni cesarán.

Ayer vimos con tristeza el final de la vida de Maricarmen. Murió asesinada por la avaricia rentista avalada por la complicidad política de la derecha y la extrema derecha española, en una señal de lo que nos espera si siguen avanzando. Hay que recordar que el tripartito del rentismo, PP, Vox y Junts, tumbó ya a principios de este año, y en dos ocasiones, el decreto antidesahucios, que hubiera impedido el salvaje desahucio de Maricarmen y otros miles más.

Pese a su impacto social, no ha sido Maricarmen la única ni la primera víctima de la especulación. En las últimas tres semanas también hemos sido testigos del asesinato de Olga y Javier, en Hospitalet de Llobregat, y, si miramos atrás, recordamos a la pareja de ancianos que apareció muerta en Mallorca con una nota de suicidio en la que aclaraban que lo hacían porque iban a ser desahuciados en 2013. Desde entonces han sido más de mil las muertes en nombre del poder económico del ladrillo.

Maricarmen, con su lucha y su enorme dignidad mantenidas hasta el final, ha desatado la rabia hasta ahora contenida de casi toda la sociedad con la excepción de los rentistas, buitres, banqueros, especuladores, PP, Vox y Junts.

¡Malditos sean todos ellos! Y malditos los que quieran seguir chupándonos la sangre y engordar económicamente, utilizando la vivienda para estrategias partidistas o para aumentar su poder a costa de nuestras vidas.

A la clase trabajadora jamás nos han otorgado un derecho que no hayamos conquistado a base de movilización y lucha. Ahora no es distinto y por eso el 11 de noviembre vamos todas a la huelga general por el derecho a la vivienda, dejando un mensaje claro: que los asesinos tienen rostro y nombre propio y que la memoria de Maricarmen, Olga, Javier y todas las demás nos acompaña y dará fuerzas en cada desahucio, en cada movilización y en cada acto por una condiciones de vida dignas.

Seguiremos luchando hasta que no haya más muertes producidas por un sistema de violencia institucional extrema que niega el derecho a la vivienda y lo subordina a la avaricia de bancos, fondos de inversión, rentistas y grandes tenedores.
Un sistema insaciable que va hasta el final arruinando la vida y la salud de personas y familias.
Una avaricia que sólo se puede ejercer avalada por la complicidad de la mayor parte de los aparatos del Estado.

Políticamente no se ha querido resolver el problema desde hace años (recuérdese que más de 100 organizaciones presentamos al P(so)E una propuesta de Ley: «Por una ley que garantice el derecho a la vivienda» que daba muchas respuestas a los más de un millón de desahucios, a la vergüenza del rescate no devuelto de la banca, a las viviendas vacías, a los precios impagables de alquileres, a la venta de nuestro parque residencial al capital financiarizado, etc… ).
En su lugar se aprobó una ley que no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales, y mucho menos el de la emergencia habitacional.

Pero la responsabilidad es del conjunto del estado.

El aparato jurídico de este país está viendo que la aplicación mecanicista de las leyes choca todos los días con la justicia, los derechos humanos y la Constitución y, sin piedad, día a día, sentencian y resuelven siempre a favor de los mismos.
Los medios de comunicación también están en manos de este capital y, sin escrúpulo alguno, han impuesto durante años el relato de la ocupación para tapar la brutal agresión de la banca española y de los fondos vampíricos.
Sin duda, el aparato represivo golpea sin compasión a quien se oponga «a las decisiones judiciales»,… y ahí estamos, años con la Ley mordaza que prometieron derogar.

Tampoco se ha querido resolver que la ambición está acabando con el mismo sistema de convivencia democrático al continuar desahuciando a personas, imponeiendo unos precios a los alquileres que excluyen de un techo a amplias capas de la clase trabajadora y vendiendo nuestro parque residencial a fondos vampíricos en un bestial proceso de turistificación que expulsa vecinas y arruina la vida, el comercio, nuestra cultura y lengua en un nuevo proceso de colonización.

No descansaremos hasta que, más allá de avanzar a corto plazo con las medidas que se han propuesto, se genere una nueva corriente de lucha en la que se establezcan todas las garantías reales del derecho a la vivienda para todo el mundo.

Sabemos que un pueblo organizado mueve montañas.
Hagámoslo y que tantas muertes no sean en vano.

Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca

La entrada jue 8 octubre 2026 <br>La han matado en nombre de la especulación pero Maricarmen y su inspiración vive por siempre <br>#NiUnDesahucioMas se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Hoy el Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda. No lo ha hecho por convicción, lo ha hecho porque la calle le ha obligado con un ciclo de movilizaciones a raíz de los sucesos mediáticos de la semana pasada en torno a los desahucios.  Ha hecho falta que una mujer de 87 años, Maricarmen, fuera expulsada de su casa y terminara en un hospital. Ha hecho falta que Olga, en L’Hospitalet, se quitara la vida después de su desahucio. Ha hecho falta que miles de personas tomaran la Puerta del Sol, que otras bloquearan Barcelona  y que se llenaran las plazas de decenas de ciudades. Eso es lo primero que queremos decir: lo que hoy se ha aprobado, lo ha movido la gente organizada. Y lo que falta, también lo conseguiremos así.

Desde la PAH llevamos 17 años parando desahucios y sabemos que ampliar una suspensión de desahucios hasta una fecha concreta no resuelve nada: solo pone un reloj en marcha sobre la vida de miles de familias. Desde 2020 hemos visto encadenar prórroga tras prórroga, siempre temporales, siempre con letra pequeña, siempre excluyendo a algunas y  dejando a otras familias en la incertidumbre,  a no saber si el año que viene seguirán en su casa. Una fecha de caducidad no es protección y solo llega a una minoría un parche insustancial. Por eso queremos dejar claro que:

Queremos una moratoria estructural y suspensión hasta realojo garantizado

Exigimos una moratoria estructural, no temporal. Ningún desahucio de una familia vulnerable debe ejecutarse sin una alternativa habitacional digna y garantizada. No una derivación a servicios sociales, no una lista de espera, no meses de albergue: un realojo real en una vivienda digna. La suspensión debe mantenerse hasta que ese realojo exista. Si la Administración no tiene vivienda para ofrecer, la responsabilidad es suya, no de la familia desahuciada.

Ni un euro público para premiar la especulación

Rechazamos que el decreto incluya bonificaciones fiscales para propietarios. Llevamos años viendo cómo el dinero público sirve para garantizar rentabilidades privadas mientras la vivienda se vuelve inaccesible. No queremos favores fiscales a quien ha hecho de la vivienda un negocio. Cada euro que el Estado deja de ingresar por bonificar rentas es un euro que no va a vivienda pública.

Prohibir la compra a los fondos, para siempre

Paralizar la compra de viviendas por parte de fondos hasta 2028 reconoce algo que la PAH denuncia desde 2013: los fondos buitre son parte del problema. Pero si es un problema hoy, lo seguirá siendo en 2028. La prohibición no puede tener fecha de caducidad. Tiene que ser permanente.

Y tiene que ir más allá. No se trata solo de quién compra, sino de cuánto acumula. Nadie debería poder acaparar viviendas para hacer negocio con ellas. Proponemos un límite al número de viviendas que puede poseer una misma persona o entidad, para que la vivienda vuelva a ser lo que es: un lugar donde vivir, no un activo para lucrarse. Priorizar el derecho a habitar sobre el derecho a especular no es radical. Es lo que dice el artículo 47 de la Constitución.

Ni una casa habitada en el mercado de los buitres

Cerrar la puerta de entrada a los fondos protege a quienes ya viven en sus casas. Miles de familias habitan hoy viviendas en manos de fondos buitre y grandes tenedores, que las compran, las revenden y las trocean como si fueran paquetes financieros. Cada venta de una vivienda habitada es una amenaza de desahucio: quien compra llega con el objetivo de vaciarla y volver a sacarle rentabilidad. Exigimos que se prohíba la venta de viviendas habitadas en manos de fondos buitre y grandes tenedores. Si quieren desprenderse de ellas, que sea a la Administración pública, a precio justo y con las familias dentro y protegidas, para que pasen a formar parte del parque público de alquiler social.

Alquilar no puede ser vivir de prestado

Más del 70% de los desahucios que se ejecutan hoy son de familias que viven de alquiler. Y en este decreto echamos en falta lo que de verdad cambiaría su vida. Una prórroga de dos años o una renovación que depende de una convalidación no dan estabilidad: queremos contratos indefinidos, como en buena parte de Europa, para que nadie tenga que hacer las maletas cada vez que vence un contrato. Queremos una regulación real del alquiler de habitaciones y de temporada, sin agujeros por los que se cuele el fraude, porque es ahí donde hoy se esconde la mayor explotación. Y queremos una bajada de precios, no una contención: los alquileres ya están en niveles imposibles, y congelar el abuso no es corregirlo.

Nuestras exigencias

1. Moratoria estructural de desahucios para personas y familias vulnerables, sin fecha de caducidad.
2. Ningún desahucio sin realojo digno y garantizado previamente.
3. Retirada de las bonificaciones fiscales a propietarios,  rentistas y SOCIMI.
4. Prohibición permanente de la compra de vivienda por parte de fondos de inversión.
5. Prohibición de la venta de viviendas habitadas en manos de fondos buitre y grandes tenedores, con derecho preferente de compra para la Administración y mantenimiento de las familias en su hogar.
6. Límite legal al número de viviendas en manos de una misma persona o entidad.
7. Contratos de alquiler indefinidos.
8. Regulación efectiva del alquiler de habitaciones y de temporada.
9. Bajada real de los precios del alquiler.

Seguimos en la calle como nos gusta, movilizadas,no como nos quieren, desahuciadas.

Un decreto no es una victoria mientras dependa de una fecha, de una convalidación o de la voluntad de quienes defienden a los grandes propietarios. Por eso hacemos un llamamiento a mantener la presión. A resistir en Sol. A sostener las acampadas y concentraciones en cada ciudad. A seguir parando desahucios en cada portal. A estar atentas a la convalidación en el Congreso y a exigir a cada grupo parlamentario que diga claramente de qué lado está.

Lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido juntas. Lo que falta, también. Por que queda mucho por recorrer y no podemos hablar de derecho a la vivienda garantizado hasta que logremos una legislación como la que la ciudadanía planteamos, redactamos y registramos en 2018 (Ley Vivienda PAH) y en 2021 (Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda). La propuesta existe, lo que falta es voluntad política.

Ni una Maricarmen más.
Ni una Olga más.

NI UN DESAHUCIO MÁS

Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca

La entrada Por un Decreto real ambicioso y valiente se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Tras el abandono deliberado por parte del gobierno del intento de mantener la ya de por sí insuficiente moratoria de desahucios, y la aprobación de un decreto de protección a inquilinas claramente limitado, una vez celebrada este fin de semana la XXXV Asamblea Estatal de la PAH, manifestamos:

La protección a las personas inquilinas no es una concesión, es una reivindicación arrancada en las calles durante años de lucha. Y hoy es más urgente que nunca: los precios del alquiler siguen desbocados, más de 600.000 contratos renovados en pandemia llegan a su fin, y grandes tenedores como Cerberus, Blackstone o CaixaBank ya preparan nuevas oleadas de ventas de vivienda.

Ante este escenario, el decreto aprobado no está a la altura. Aunque se presenta como avance, deja fuera a miles de familias con contratos vencidos en 2026 antes de su entrada en vigor, condenándolas a la desprotección. Limitar la prórroga a solo dos años no garantiza estabilidad: es una patada hacia adelante que aplaza el conflicto social mientras deja intactas las causas que lo provocan. No es una solución, es una tregua para el mercado.

Pero lo más grave es la renuncia consciente del Gobierno a recuperar la moratoria antidesahucios. Una herramienta que, aunque insuficiente, estaba protegiendo a más de 70.000 familias. Su abandono no es un error: es una decisión política que deja a miles de hogares a la intemperie. Una decisión que se suma al bloqueo reiterado de PP, Vox y Junts, que han votado en contra de proteger a las familias más vulnerables.

Desde la PAH lo decimos claro: no aceptar la paralización de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es incumplir los Derechos Humanos y vulnerar la propia Constitución. Es elegir proteger el negocio por encima de la vida.

Ante decretos de mínimos y derechos recortados, responderemos con movilizaciones de máximos. Llamamos a todos los movimientos sociales, organizaciones y a la ciudadanía a organizarse y salir a la calle para exigir lo que es de sentido común: que nadie sea expulsada de su casa sin alternativa, que la vivienda deje de ser un activo financiero y pase a ser, de una vez por todas, un derecho garantizado.

Porque si no lo hacen las instituciones, lo haremos nosotras.

La entrada dom 22 marzo 2026 <br>Ante decretos de mínimos, movilizaciones de máximos se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

A un mes de la finalización de la moratoria de desahucios, esta medida no se ha prorrogado ni ampliado, y advertimos que no existen planes de actuación urgente para evitar una previsible y nefasta ola de desahucios sin alternativas . 

Por todo ello interpelaremos a los diferentes grupos parlamentarios para conocer su postura sobre la prórroga y ampliación de la medida, a la vez que para exigirles que garanticen el derecho a la vivienda de las familias vulnerables.

Inicialmente, 26 organizaciones firmaron el manifiesto, pero sabemos que ¡podemos ser muchas más!

¡Porque somos miles quiénes no queremos ni un desahucio más, ni tampoco ninguna familia sin derecho a la vivienda!

Accede al MANIFIESTO COMPLETO en formato PDF.

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La entrada mié 3 diciembre 2025 <br> Manifiesto <br> Ni un desahucio más <br> Ni una familia sin derecho a la vivienda se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

De manera resumida, el decálogo de Ayuso consiste en más rebajas fiscales a la compra de vivienda, mayores avales para la solicitud de préstamos hipotecarios, desregular aún más la legislación del suelo, una subida importante del precio y las rentas de alquiler de las viviendas protegidas, la aprobación de un nuevo reglamento de vivienda protegida y la creación en Madrid “del mayor hub de industrialización de la vivienda de toda España”. Poco más contiene el plan.

¿Dónde están entonces esas “nuevas medidas para consolidar el liderazgo de la Comunidad de Madrid en la construcción de viviendas asequibles” que anunció el Gobierno regional? “No las vemos por ninguna parte”, se lamenta la Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid, un espacio formado por 16 grandes organizaciones sociales que se puso en marcha el pasado mes de octubre con el fin de impulsar soluciones a la emergencia habitacional que padece la región.

El nuevo plan del Ejecutivo autonómico nada dice de la necesidad de incrementar el raquítico parque público de viviendas sociales en alquiler, que apenas representa un 1% de las viviendas de la comunidad autónoma, cuando la media europea es del 9%. Y tampoco de obligar a los promotores a desarrollar los suelos calificados para construir viviendas protegidas, dos medidas que sí servirían para ampliar la oferta de viviendas asequibles. Donde sí se vuelve concreto el plan es en la actualización de los precios de los módulos de la vivienda protegida. ¿Era necesario realizar esta subida en estos momentos en los que el acceso a una vivienda digna está vetado para cada vez más familias y personas en la región?

Según datos de enero del portal Fotocasa, Madrid es la comunidad autónoma con el precio de la vivienda en alquiler más elevado de España (17,63 euros el metro cuadrado, 1.410 €/mes para un piso de 80 m²) . Respecto a la compraventa, el precio de la vivienda se ha incrementado un 12,8% y tras Baleares, con 3.852 euros el metro cuadrado, es hoy la comunidad autónoma más cara.

La plataforma destaca otras ausencias clamorosas en el plan de choque, como medidas para regular las viviendas turísticas con el fin de cercenar su efecto inflacionista sobre los alquileres o actuaciones para enmendar los pobres resultados del Plan Vive, a través del cual la Comunidad de Madrid cede suelo público a las empresas para que hagan negocio con las viviendas.

Además, subraya el hecho de que el Gobierno regional destina a políticas de vivienda apenas un 0.5% del PIB de la comunidad. El capítulo de vivienda de los presupuestos autonómicos de 2024 tan solo contempla 517 millones de euros sobre un total de 27.500 millones de euros, un ridículo 1.8%. ¿Cómo fomentar la vivienda asequible con un presupuesto tan escaso?

Pero además, aproximadamente el 65% de esos 517 millones procede de fondos europeos o de las arcas estatales. La Comunidad de Madrid no solo dedica poco dinero a la vivienda, sino que buena parte de este dinero procede de otras administraciones, de forma que su papel es el de mera intermediaria, un papel que a menudo ni siquiera hace bien, como ha sucedido con el enorme retraso en el pago del Bono Alquiler Joven a los y las solicitantes.

En su presentación del plan de vivienda autonómico, la presidenta reiteró la conocida posición insumisa de su Gobierno a aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada por el Parlamento español, en particular las disposiciones referidas a la declaración de zonas tensionadas a fin de establecer un límite máximo a las rentas de alquiler. Frente a esta postura, que la plataforma considera inaceptable, los ayuntamientos de cinco grandes ciudades de la región (Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Ciempozuelos) han solicitado al ejecutivo de Ayuso que las declara zonas de mercado residencial tensionado con el fin de poder controlar unos precios hoy disparados, que no hacen otra cosa que expulsar, a lugares cada vez más alejados, a la población residente.

La Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid está formada por Amnistía Internacional, ATTAC, CAES, CCOO, Consejo de la Juventud, CECU, Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda, Cuarto Mundo, Foro Ser Social, FRAVM, Fundación San Martín de Porres, Plataforma Luz y UGT.

Estas son las 7 demandas básicas que sirvieron para ponerla en marcha:

1. La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas.

2. La aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en toda su amplitud y con especial atención y urgencia en puntos como la declaración de zonas de mercado tensionado y desarrollo de convenios de aplicación de programas del Plan Estatal de Vivienda con gestión transparente y aplicación eficiente, garantizando que se utilizan la totalidad de fondos estatales disponibles para la Comunidad de Madrid.

3. El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de vivienda social. Reclamamos que desde las competencias autonómicas se adopten las medidas necesarias para incorporar al parque público madrileño las viviendas de titularidad Sareb.

4. Las administraciones públicas deben prevenir y garantizar que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento.

5. La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda.

6. La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones.

7. El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, y facilitando la suscripción de contratos de energía.

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La entrada mar 27 febrero 2024 – ¿Dónde están las viviendas asequibles del plan de choque de la Comunidad de Madrid? se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Varias vecinas de la Cañada Real Galiana que, al igual que una parte importante de su barrio, llevan ya tres años sin suministro eléctrico, han sido las encargadas de leer el manifiesto que ha servido de base para la puesta en marcha de la nueva plataforma. Detrás de este espacio unitario se encuentran, de momento, las siguientes entidades: Amnistía Internacional, CAES, CCOO, Consejo de la Juventud, Coordinadora de Vivienda, Cuarto Mundo, Foro Ser Social, FRAVM, Fundación Realidades, Fundación San Martín de Porres, Sindicato de Inquilinas de Madrid, Plataforma Luz, Provivienda y UGT.

En su manifiesto, estas organizaciones recuerdan que el derecho a la vivienda es un principio fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución Española. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, que hoy vive una auténtica emergencia habitacional, este derecho se ve sistemáticamente vulnerado.

El documento enfatiza que la vivienda no es un bien de mercado, sino un elemento crucial para garantizar una vida digna. Sin embargo, en la actualidad, la adquisición de un inmueble se ha convertido en un objeto de especulación inmobiliaria, lo que se traduce en alquileres inaccesibles y precios de compra prohibitivos, especialmente para aquellos colectivos que están en situación de vulnerabilidad.

A una más que escasa oferta de vivienda pública, se le suma el aumento desproporcionado de los precios de compra y alquiler y el auge de los pisos turísticos, que están provocando terribles consecuencias para las familias, incluyendo un aumento en los desahucios, el hacinamiento, el sinhogarismo y la marginalidad. Estos precios, dificultan la emancipación de las personas jóvenes y crean condiciones precarias para las familias monomarentales y las personas con discapacidad.

Ante esta situación, del todo insostenible, la nueva plataforma exige en su manifiesto fundacional a las autoridades de la Comunidad de Madrid las siguientes demandas:

1. La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas.

2. La aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en toda su amplitud y con especial atención y urgencia en puntos como la declaración de zonas de mercado tensionado y desarrollo de convenios de aplicación de programas del Plan Estatal de Vivienda con gestión transparente y aplicación eficiente, garantizando que se utilizan la totalidad de fondos estatales disponibles para la Comunidad de Madrid.

3. El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de vivienda social. Reclamamos que desde las competencias autonómicas se adopten las medidas necesarias para incorporar al parque público madrileño las viviendas de titularidad Sareb.

4. Las administraciones públicas deben prevenir y garantizar que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento.

5. La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda.

6. La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones.

7. El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, y facilitando la suscripción de contratos de energía.

Descarga AQUÍ el manifiesto en formato PDF.

La entrada lun 2 octubre 2023 <br>Juntas por el Derecho a la Vivienda se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

• Maira y Fátima. Vallecas.
  Son auxiliar administrativa en un laboratorio farmacéutico y técnico de ayuda a domicilio
  Tienen fecha de desahucio para el día 27 de abril.
  Desahucia BBVA.

• Elena. Vallecas.
  Traductora, guía turística, profesora de inglés
  Tiene fecha de desahucio para el día 27 de abril.
  Desahucia Promociones Jarque.

• Joaquin. Vicálvaro.
  Albañil y pocero (en la actualidad con cáncer terminal).
  Tiene fecha de desahucio para el día 29 de abril.
  Desahucia Global Saúco.

• Raquel. Vallecas.
  En búsqueda activa de trabajo.
  Tiene fecha de desahucio para el día 29 de abril.
  Desahucia Blackstone (suspendido temporalmente)

• Fatima y Moha. El Álamo.
  Ahora trabaja en casa y estudia; siempre trabajó en ayuda a domicilio, almacenes de fruta, imprenta…
  Su marido, hace sondeos terrestres de la construcción.
  Tiene fecha de desahucio para el día 29 de abril.
  Desahucia Caixabank, a pesar de que tienen una resolución de la ONU diciéndole al estado español que tienen que parar este desahucio hasta que tengan una alternativa de vivienda pública, a lo que Caixabank ha contestado que ellos no son ninguna ONG …

¿Dónde?
Pza Mayor
<M> Sol (L1, L2 y L3), Ópera (L2, L5, R), Latina (L5)
Cercanías Sol

¿Cuándo?
Domingo, 1 de Mayo a las 11:30 h.

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La entrada dom 1 mayo 2022 <br> 1º de Mayo <br> ¡Vamos todas! se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

La FOESSA constata que la exclusión aumentó en la Comunidad de Madrid tras la pandemia y afecta ya a millón y medio de personas. Hay más de 300.000 familias que carecen de ingresos pero el Ingreso Mínimo Vital sólo llega a un 20% de la pobreza severa.
Pero no, Enrique Ossorio no las ve. Si esto fuera poco, encima tenemos que soportar sus burlas e ironías, las de millonarios en nuestras instituciones.

La Comunidad de Madrid, siguiendo sus obligaciones competenciales, debería intervenir y revertir estos datos. No olvidemos que el Partido Popular lleva 25 años gobernando la región. Pero en Servicios Sociales remolonean y las familias vulnerables pasan los meses sin ingresos.

Verguenza infinita es lo que dais.
Ossorio y Ayuso, Ayuso y Ossorio.

Vergüenza infinita.

En Infolibre también se han hecho eco de semejante bochorno.

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La entrada La desvergüenza, el clasismo y la incompetencia de Enrique Ossorio, portavoz del gobierno regional, que no ve la pobreza existente en Madrid se publicó primero en Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Una de las herramientas que más están empleando actualmente para intentar limitar y controlar a la sociedad civil son los SLAPPs o demandas estratégicas contra la participación pública. Es decir, los grupos de poder promueven procesos judiciales con el único objetivo de atacar a determinadas entidades que denuncian sus prácticas o interfieren en sus intereses económicos, en favor de los derechos de toda la ciudadanía. Estas corporaciones invierten gran cantidad de recursos en la interposición de querellas, demandas, u otras acciones judiciales sin fundamento para desprestigiar a las entidades o movimientos sociales que les incomodan. Saben que la mayor parte de este tipo de acciones judiciales ni siquiera llega a juicio, pero no les preocupa porque la intención última es otra: no se inician para ganar en los tribunales, sino para obligar a personas y entidades con menos poder a dedicar gran parte de su tiempo y recursos a defenderse, tanto judicial como públicamente.  Por otro lado, y tal y como denuncian las organizaciones y sindicatos de periodistas, las SLAPPs también se utilizan contra el periodismo crítico con el objetivo de evitar informaciones sobre abusos y prácticas criminales.

Recientemente, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que, como ha quedado acreditado, tiene muy poco de transparente, ha interpuesto una querella por un supuesto trato de favor del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona hacia algunas entidades de defensa de derechos humanos de Catalunya, como son el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, ​​o la Alianza contra la Pobreza Energética. No es la primera vez que lo intentan. Recientemente, la fiscalía ha archivado una demanda idéntica. Ahora, la querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona. Estamos convencidas de que la querella se archivará en cuanto el juzgado compruebe que la literatura que plantea no se corresponde con la realidad, pero, mientras tanto, se quiere hacer creer a la ciudadanía que organizaciones con una larga trayectoria que, con mucho esfuerzo, luchan por el derecho a la vivienda o al agua, son en realidad «chiringuitos» que se financian por «amiguismos», un discurso que lamentablemente hay sectores políticos y mediáticos que alimentan.

Se trata de un intento -orquestado- de amenazar los mecanismos de financiación pública de las organizaciones que defienden los derechos sociales básicos frente a su mercantilización. Hoy están atacando a estas entidades y plataformas, pero mañana puede ser cualquier otra organización que afecte a sus intereses.

La preocupación por el daño social que están generando este tipo de demandas abusivas ha llevado a la Comisión Europea a actuar frente a los SLAPPs o litigios abusivos contra periodistas y defensores de los derechos humanos. De hecho, ya se han iniciado los trámites para aprobar una directiva que haga frente a esta estrategia que amenaza a la participación pública y supone un claro ataque contra la democracia.

Las políticas públicas de defensa de los derechos humanos están en peligro. Las entidades pedimos a las y los representantes de las diferentes fuerzas políticas que apoyen a todas las organizaciones de defensa de derechos humanos y de justicia global y que no utilicen estas estrategias de los grupos de poder como un arma arrojadiza.

También pedimos un pronunciamiento del conjunto de los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona en defensa de las organizaciones que trabajan para hacer efectivos los derechos colectivos y que están siendo atacadas por esta demanda abusiva, interpuesta por una entidad opaca y aparentemente ligada a grupos corporativos internacionales.

Invitamos también a la ciudadanía a conocer directamente nuestras entidades y el trabajo que hacemos, así como, en general, el mundo asociativo. En Catalunya, el tejido asociativo es muy fuerte y estamos seguras de que seguirá siéndolo, a pesar de los ataques en contra, y gobierne quien gobierne. Queremos recordar a toda la ciudadanía que los grupos de poder controlan también muchos medios de comunicación y, por eso, siempre es necesario informarse de forma crítica. Al mismo tiempo, aprovechamos para hacer un llamamiento a la ciudadanía para implicarse más aún en las luchas y las iniciativas sociales y solidarias.

Fuente: PAH Barcelona

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